El primero de marzo de 1991, Jaime Serra Puche, en su calidad de secretario de Comercio y Fomento Industrial, pronunció un discurso en la inauguración del Foro Permanente de Información, Opinión y Diálogo, sobre las negociaciones del Tratado Trilateral de Libre Comercio entre México, Canadá y los Estados Unidos de América; en dicha intervención expuso los juicios gubernamentales de lo que serían para nuestro país los beneficios esperados(2) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), del que recientemente se conmemoró el décimo aniversario de su suscripción.

Estos fueron, a juicio del gobierno salinista, los supuestos beneficios que podríamos esperar del TLCAN:

• Aumento general de la competitividad.
• Estímulo de las inversiones, particularmente de las de largo plazo.
• Creación de empleos estables, más productivos y, sobre todo, mejor remunerados.
• Aumento de los ingresos reales de los trabajadores de manera sostenida y generalizada, especialmente en los de menor desarrollo.
• Que México no será proveedor de mano de obra barata.
• Que no permitiremos el establecimiento de industrias o actividades contaminantes.
• Crecimiento sostenido y equilibrado de la economía nacional.
• Que los consumidores tendrán acceso a un mayor número y variedad de productos que competirán en precio y calidad.
• Que los fabricantes podrán aprovechar las ventajas comparativas y tendrán múltiples oportunidades para elevar su eficiencia y productividad.
• Que nuestros países tendrán una base sólida para la competencia global.
• Que nuestras sociedades incrementarán sus niveles de bienestar.

De este conjunto de promesas, nos interesa destacar aquellas que tienen una vinculación directa con los aspectos fundamentales del desarrollo económico independiente, entendiendo éste no sólo como el crecimiento de la economía, como el aumento de la riqueza o la elevación del Producto Interno Bruto (PIB) sino, fundamentalmente, como señala Vicente Lombardo Toledano, como la política que tiene por objeto "aumentar las fuerzas productivas del país, utilizando los recursos naturales y humanos de que dispone, para elevar de una manera sistemática el nivel de vida del pueblo, incrementar el capital nacional, garantizar la independencia económica de la Nación y distribuir de manera equitativa la riqueza pública"(3).

De manera particular queremos hacer énfasis en los siguientes temas: inversión extranjera, exportaciones, crecimiento económico, empleo y salarios. Y aunque no fue motivo de propuesta alguna por parte de Serra Puche, sí existió, para el campo mexicano, una política de comercio exterior vinculada al TLCAN basada en el criterio de que "Existen muchas áreas en donde hay claras ventajas comparativas"(4), por ello, no podría omitirse una opinión relativa al tema y también porque el campo mexicano es el que ha sufrido, quizá como ningún otro sector, los efectos devastadores de la política de apertura comercial.

Inversión extranjera. Uno de los objetivos del TLCAN fue, desde la óptica gubernamental, obtener montos crecientes de inversión extranjera los que -según afirmaban- harían crecer nuestra economía.

A partir de la suscripción del Tratado, la importación de capitales se convirtió en uno de los supuestos motores del crecimiento económico nacional, pero la realidad es que la inversión extranjera jamás ha llegado a los países con la intención de ayudarlos para que se desarrollen; por el contrario, su finalidad que es la de obtener el mayor lucro posible, la lleva a realizar todas aquellas acciones que permitan a los inversionistas acrecentar sus ganancias para repatriarlas a sus lugares de origen. De esa manera las inversiones extranjeras se convierten, a mediano plazo, en exportadoras de capital y con ello no solamente descapitalizan a las naciones en las que se efectúan dichas inversiones, sino que impiden y deforman su desarrollo al adquirir empresas establecidas o al aprovechar las materias primas y la mano de obra barata para su beneficio y para el de las naciones de las cuales son originarias.

Según datos del Banco de México, en el caso de la inversión extranjera que entró al país durante estos nueve años de TLCAN, las cosas no fueron diferentes. Para empezar, poco más del 20 por ciento de esa inversión extranjera -aproximadamente 141 mil millones de dólares- es de carácter especulativo y cerca del 80 por ciento es directa. Esta inversión directa, de la cual más del 65 por ciento proviene de Estados Unidos, se concentra en el sector manufacturero, donde se ubica un poco más del 50 por ciento; en servicios financieros está invertida cerca del 25 por ciento y en el comercio se encuentra un poco más del 10 por ciento.

Lo anterior no ha significado beneficios para el país ni para los trabajadores, debido a que parte importante de esta inversión no se ha destinado a la creación de nuevas empresas, sino a la compra de empresas nacionales ya establecidas. Con esos recursos se han adquirido un buen número de industrias altamente exportadoras, se ha obtenido la propiedad o el control de la inmensa mayoría de los bancos y se han absorbido las principales cadenas comerciales nacionales.

Exportaciones. Las exportaciones mexicanas(5) se empezaron a incrementar a partir de fines de la década de los 80, pero solamente se convirtieron en el componente más dinámico del PIB a mediados de la década de los 90, debido a la caída del PIB y la devaluación de 1995 y a sus secuelas.

El TLCAN también ha sido fundamental para la nueva dinámica exportadora de México, ya que las exportaciones mexicanas pasaron de 51 mil 886 millones de dólares en 1993, año anterior a la entrada en vigor del tratado, a 110 mil 431 en 1997 -más del doble en apenas cuatro años- hasta llegar a 166 mil 464 millones de dólares en 2000. De la cifra anterior, el máximo histórico, descendieron en 2001 a 158 mil 442 millones, cantidad similar a la esperada en 2002.

En este aspecto las manufacturas se han convertido en el rubro más dinámico de las exportaciones ya que han aumentado su participación en forma significativa. Sin embargo, es necesario destacar que si bien su crecimiento ha sido importante, es la actividad de un pequeño número de filiales de las grandes compañías transnacionales, particularmente de la industria automotriz, electrónica y de confecciones, quienes acaparan la mayor parte de las exportaciones mexicanas.

Otra desventaja para nuestro país es la enorme dependencia de las importaciones que ha caracterizado al sector exportador, las que se han incrementado a partir de la entrada en vigor del TLCAN, ya que las importaciones mexicanas pasaron de 65 mil 366 millones de dólares en 1993, a 109 mil 807 en 1997, hasta llegar a 174 mil 457 millones de dólares en 2000, es decir, que tuvieron un comportamiento similar a las exportaciones. De la misma manera, el año 2000 constituye su máximo histórico, ya que en 2001 descendieron a 168 mil 396 millones, cantidad similar a la esperada en 2002.

Lo anterior significa que la mayoría de los insumos incorporados en lo que exportamos, se importan previamente. Prueba de todo ello es que la industria manufacturera no maquiladora, que a principios de la década de los 80 tenía un contenido nacional mayor al 90 por ciento, para la segunda mitad de la década de los 90 sólo utilizaba un poco más del 35 por ciento. Pero el caso extremo es la industria maquiladora que, en promedio, utiliza menos del 3 por ciento de componentes y envases nacionales.

Crecimiento económico. A partir del esperado ingreso de montos crecientes de inversión extranjera y del incremento del comercio trilateral propiciados por el TLCAN, se prometió el crecimiento sostenido de la economía nacional. Sin embargo, los datos oficiales de estos nueve años de Tratado nos permiten afirmar que no se logró ese propósito a pesar de que creció tanto la inversión extranjera como el comercio entre las tres naciones.

En primer lugar el PIB por habitante de México, sobre todo a partir de 1994, ha tenido fuertes oscilaciones, tanto por causa de la crisis de 1994-1995, producto del llamado error de diciembre, que devaluó considerablemente nuestra moneda al hacer pasar el tipo de cambio de 3.05 pesos por dólar a 5.60, como de la recesión moderada de 2001-2002, producto de los problemas por los que atravesó la economía de los Estados Unidos, así como por sus respectivas recuperaciones en el comercio exterior de esa nación.

El hecho es que la economía mexicana no ha podido superar, en términos del PIB por habitante, los niveles de inicios de la década de los ochenta y mucho menos la dinámica de fines de la década de los setenta. En estos nueve años de vigencia del TLCAN, el país solamente ha logrado un incremento marginal en este rubro, ya que la tasa media de crecimiento anual del PIB por habitante, es menor al uno por ciento.

Empleo. Aunque la tasa de desempleo abierto en las zonas urbanas ha disminuido en los años del TLCAN, ya que en 1993 era de 3.4 por ciento y en 2001 de 2.4, uno de los problemas más sensibles para la sociedad mexicana es el relativo al empleo, porque cada año se incorpora más de un millón de personas a la población económicamente activa (PEA), porque en los últimos años la creación de plazas de trabajo ha sido notoriamente insuficiente, y porque ha crecido el subempleo de manera considerable -aproximadamente el 20 por ciento de la PEA es subempleada- y los salarios no han logrado recuperar el poder adquisitivo perdido.

Salarios. Para analizar el problema de los salarios debemos verlos a través de una doble óptica: la relación entre los salarios de Estados Unidos y México, y la evolución que éstos han tenido en el país.

El salario medio en México, en la industria manufacturera no maquiladora, representaba en 1993 aproximadamente el 18 por ciento del salario medio en ese mismo ramo de Estados Unidos y actualmente sólo representa el 16 por ciento. Ello se debe a que mientras en México, en 1993, el salario medio era de 2.1 dólares la hora y en EEUU de 11.7, en 2002, fue de 2.5 y 15.2 dólares la hora, respectivamente. Esta enorme diferencia salarial, reporta enormes beneficios a las grandes empresas transnacionales que operan en nuestro país, ya que cuentan con mano de obra calificada, capaz de operar la maquinaria de alta tecnología de los países desarrollados, pagándola a un precio mucho menor que en sus países de origen.
Si analizáramos la situación de los salarios en la industria maquiladora encontraríamos una mayor diferencia ya que en ésta los salarios medios son mucho más bajos que en la industria manufacturera no maquiladora, por lo que los beneficios son aún mayores.

Por lo que respecta a la evolución de los salarios durante los nueve años del TLCAN, aunque éste ha logrado en los últimos años ligeros repuntes, sigue estando muy por debajo del poder adquisitivo de 1993. Además, si en 1993, el 85 por ciento de los trabajadores percibía hasta cinco salarios mínimos, ese porcentaje apenas se ha reducido al 81 por ciento en la actualidad, lo que demuestra que sigue siendo extremadamente injusta la distribución del ingreso en México, sobre todo si consideramos que el poder adquisitivo de cinco salarios mínimos de la actualidad, es menor al de un salario mínimo de 1976.

Campo. Pero si algún sector de la economía mexicana ha resentido los efectos negativos del TLCAN, éste ha sido sin duda el campo mexicano que hoy se debate en una de sus peores crisis.

La baja inversión y la baja productividad, son problemas permanentes del agro mexicano a los que se ha sumado la competencia desleal de los otros integrantes del TLCAN que invierten enormes sumas en subsidios a la agricultura de sus respectivos países.

En los últimos años, sobre todo a partir de 1992, nuestro país ha importado anualmente cantidades crecientes de productos agrícolas, particularmente maíz, trigo, arroz, soya y sorgo. Por lo que respecta al maíz, lo pactado en el TLCAN consistía en dejar entrar sin arancel cerca de cuatro mil toneladas de este grano para 2007, pero tan sólo a dos años de la entrada en vigor del Tratado, se importaron libremente más de cinco mil toneladas.

Producto de estos problemas y la falta de apoyo gubernamental que ha caracterizado la política nacional a partir del gobierno de Carlos Salinas, continuada por Ernesto Zedillo y ahora por Vicente Fox, el campo mexicano ha visto reducir sensiblemente su participación en la economía mexicana, al pasar en los últimos nueve años de 6.8 por ciento del PIB a poco más del 3 por ciento.

Por esta situación, en 2001 se registró el déficit agroalimentario más alto en la historia de México. El monto de dicho déficit fue cercano a los tres mil millones de dólares, casi el doble del registrado en 2000 y con la tendencia a incrementarse.

Si hacemos un pequeño resumen de los aspectos comentados, veremos que los enormes flujos de inversión extranjera no han contribuido a desarrollar las fuerzas productivas de nuestro país y, además, constituyen un mecanismo de descapitalización, al convertir a México en pocos años en exportador de capitales; que la política de libre comercio con el exterior, impulsada a partir de la segunda mitad de la década de los 80 e intensificada a partir de la entrada en vigor del TLCAN, si bien ha convertido a nuestro país en una importante plataforma de exportación, esto beneficia casi exclusivamente al capital extranjero, y dentro de éste, a un pequeño número de filiales de las grandes corporaciones transnacionales.

Nos dijeron que la economía crecería en forma sostenida, y el crecimiento económico ha sido casi nulo durante estos años.

Nos dijeron que era la oportunidad para industrializar al país y lo único que ha crecido es la maquila que paga salarios muy por debajo de lo que se pagaría a un obrero estadounidense.
Nos dijeron que nuestra industria debía mirar al exterior, y son unos cientos de filiales de los grandes monopolios extranjeros y las industrias maquiladoras quienes exportan, mientras la micro, pequeña, mediana e inclusive, sectores de nuestra gran industria nacional han quebrado o han sido absorbidas por los consorcios internacionales.

Nos dijeron que crecería el empleo y que sería mejor retribuido, y no sólo no se han logrado crear los empleos necesarios, sino que este problema se agrava año con año y, por si esto fuera poco, persiste la injusta distribución del ingreso en México, lo que imposibilita la recuperación del poder adquisitivo de los salarios.

Nos dijeron que había que aprovechar las oportunidades que nos brindaría el TLCAN y, por lo pronto, nuestro transporte de carga se ha visto limitado para participar de los supuestos beneficios y se ha evidenciado que nuestra agricultura carece de las condiciones necesarias para competir con la del imperio.

Todo lo anterior podemos concentrarlo en dos aspectos medulares para nuestra Nación, dos temas que han estado siempre presentes entre los principales objetivos que se ha propuesto el pueblo de México a lo largo de su historia: la independencia económica y el bienestar popular, y podremos constatar que los resultados obtenidos a lo largo de la vigencia del TLCAN, son los contrarios a las aspiraciones del pueblo mexicano.

Los negativos resultados del Tratado para nuestro país son: por un lado, una cada vez mayor dependencia de la economía de México respecto de la de los países industrializados, particularmente del imperialismo norteamericano y, por el otro, el acrecentamiento de la pobreza y de la miseria, así como la falta de oportunidades para un cada vez mayor número de mexicanos que, ante la difícil situación económica, han optado por emigrar hacia los Estados Unidos. En este último aspecto se estima que la migración hacia el país vecino, es de 270 mil mexicanos al año.

En resumidas cuentas, el TLCAN, en lugar de propiciar el logro de los objetivos que prometió el gobierno durante la etapa de su negociación, solamente ha servido para acrecentar nuestra dependencia económica respecto del imperialismo norteamericano y también para incrementar nuestros problemas sociales: pobreza, insalubridad, analfabetismo, desempleo, marginación y explotación desmedida.

Por eso ahora que se realizan las negociaciones previas para la suscripción del acuerdo para constituir el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), es decir, la unificación de las economías del continente americano, con excepción de Cuba, en un solo acuerdo de libre comercio, se hace necesario reflexionar sobre los resultados que el TLCAN ha traído para nuestro país, para determinar el camino que conviene seguir a nuestros pueblos.

Lo primero que no debemos ignorar es que, en su esencia, el ALCA no es más que el TLCAN hecho extensivo al resto de América Latina y el Caribe. En efecto, este proyecto unificador de todas las economías de América -que se inició con la realización de la Primera Cumbre de las Américas, llevada a cabo en diciembre de 1994 en la ciudad de Miami, con la participación de los mandatarios de las 34 naciones de la región, y que piensan concluir antes de 2005- contiene temas iguales o similares a los incluidos en el TLCAN: reglas de origen, acceso a mercados, inversiones, servicios, compras del sector público, solución de controversias, agricultura, propiedad intelectual, subsidios, antidumping y derechos compensatorios y política de competencia.

Frente a tal disyuntiva, los pueblos de América Latina y el Caribe tienen, como ha sucedido históricamente, dos alternativas: la de aceptar sumisamente la imposición del ALCA por parte del gobierno de los Estados Unidos o la de rechazar tal imposición y optar por un camino soberano.

La primera alternativa es la que beneficiará única y exclusivamente al capital financiero internacional y a las grandes corporaciones transnacionales, a costa de la explotación desmedida de los recursos naturales, particularmente el petróleo, el agua, los bosques, las selvas y la mano de obra barata de las naciones latinoamericanas y caribeñas.

El ALCA reforzará el dominio de Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Por esa senda, nuestro subcontinente, que según datos de la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL), tenía 135 millones de pobres en 1980, 200 millones en 1990, y 204 en 1997, a pesar del crecimiento económico experimentado en ese período, incrementará sin duda esas cifras y los cerca de 90 de indigentes que pululan por nuestras naciones, también aumentarán considerablemente.

El ALCA transformará en Latinoamérica y el Caribe -como ya lo está haciendo en nuestro país- la dependencia económica, en dependencia política y cultural.

La segunda alternativa constituye la única posibilidad que puede permitir el desarrollo económico con independencia para todas y cada una de nuestras naciones y también, la oportunidad de proporcionar a los pueblos de América Latina y el Caribe: empleo, salarios dignos, educación, salud, cultura y otros satisfactores no menos importantes.

Los meses por venir serán determinantes y nuestra mayor responsabilidad, si queremos mantener abierta la posibilidad de desarrollarnos con independencia, es la de rechazar el ALCA, convencidos de que frente a la política de globalización neoliberal que ha predominado en las últimas décadas del siglo pasado y en los primeros años del tercer milenio: otro tipo de integración, justa y solidaria, es posible.

Notas:

(1) Segundo Secretario del Partido Popular Socialista de México.
(2) Sobre este aspecto véase Jaime Serra Puche. El Tratado de Libre Comercio: México, Canadá, Estados Unidos. México, Secofi, 1991, pp. 15-16
(3) Vicente Lombardo Toledano. "Proyecto para un nuevo capítulo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", en la antología de ese autor denominada Escritos acerca de las constituciones de México. México, Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales "Vicente Lombardo Toledano", 1992, Tomo II, p. 217.
(4) Luis Téllez Kuenzler. La modernización del sector agropecuario y forestal. México, Fondo de Cultura Económica, 1994, p. 14.
(5) Sobre el tema véase Juan Campos Vega. "El mercado externo. Parte medular de la estrategia de integración subordinada de la economía mexicana al imperialismo", en Teoría y Práctica, año I, núm. 3, septiembre de 2000, p. 5. México, Ediciones del Comité Central del Partido Popular Socialista.