Considerados como la ayuda económica que presta el sector público con la finalidad de satisfacer determinadas necesidades, individuales o colectivas, de carácter social o económico, los subsidios son una práctica que ha estado presente en la historia moderna de todos los países incluyendo el nuestro.

En México, los subsidios en salud, educación, alimentos, vestido y otros rubros de carácter social, fueron ampliamente difundidos, pero no sucedió de la misma manera con los que se otorgaban a empresas o individuos cercanos al poder, que se benefician de diversas maneras de los recursos públicos.

Posteriormente, los cambios ocasionados por la implantación del neoliberalismo en la economía nacional y, en general, por lo ocurrido en las últimas dos décadas en el país, modificaron sustancialmente el monto de los subsidios destinados a cada uno de esos grupos de la población, mientras los de carácter popular, los de contenido social, han disminuido en forma permanente, los otros, los destinados a aquéllos que cuentan con inmensos recursos económicos, se han incrementado, a veces en forma escandalosa.

Como muchos otros aspectos relacionados con la intervención del Estado mexicano en la vida económica del país, los subsidios no fueron concebidos teóricamente, desde el punto de vista de la economía política, para luego convertirse en elementos integrantes de la política económica; por el contrario, fueron los requerimientos de las diversas etapas del desarrollo nacional los que los hicieron necesarios y posteriormente, desde el poder público, se realizaron las argumentaciones que les daban justificación económica o social.

Así sucedió con la participación directa del Estado mexicano como productor directo de bienes y servicios. Primero se nacionalizaron las empresas encargadas de explotar los recursos naturales estratégicos, después se constituyeron las empresas estatales correspondientes y a lo largo de esos procesos se formularon las tesis que daban justificación a esas medidas económicas. Unas veces en nombre de la soberanía nacional, otras para impulsar el desarrollo económico del país y, otras más, para proporcionar los bienes y servicios necesarios para incrementar el bienestar de la población. Entre otras cosas se estableció que las empresas estatales no tenían como objetivo el lucro, sino la consecución de objetivos nacionales y populares que contribuyeran a nuestro desarrollo y a la elevación del nivel de vida del pueblo.

De esa manera el Estado mexicano intervino primero en la agricultura, después en la industria, posteriormente en los transportes y comunicaciones y, finalmente, en las operaciones mercantiles.

Este último aspecto, es el que está relacionado con los subsidios de carácter popular y tiene modalidades muy importantes que es necesario resaltar para valorar adecuadamente los cambios operados en la materia, a lo largo de los tres últimos gobiernos, todos ellos de corte neoliberal.

El origen de los subsidios al consumo de las clases y sectores populares se remonta a la época de la Segunda Guerra Mundial. Durante aquellos años, el gobierno dictó medidas de emergencia para aliviar la situación de grandes sectores del pueblo que habían visto disminuir drásticamente la capacidad adquisitiva de los salarios, a consecuencia de la reorientación de las actividades económicas que habían sido puestas al servicio del compromiso que México había adquirido al sumarse a la lucha contra el nazismo.

Al concluir la guerra, los empresarios mexicanos y en general la llamada iniciativa privada, clamaban porque desaparecieran esos subsidios, pero el gobierno apoyado en los buenos resultados obtenidos mediante la puesta en práctica de esas medidas, mantuvo su intervención en el mercado interno para impedir la especulación con los artículos de consumo necesario.

Desde entonces, los grandes comerciantes que controlaban esos artículos argumentaron que otorgar subsidios a los consumidores, fijando precios a los comestibles y a sus materias primas, interfería indebida e ilegalmente en la actividad comercial, la cual aseguraban debía estar regida siempre por la ley económica de la oferta y la demanda y no por decisiones de carácter político.

La respuesta del gobierno fue categórica, no solamente no cedió ante las presiones de la burguesía comercial sino que avanzó en la constitución de un organismo encargado de esa responsabilidad, así se llegó a la creación de la sociedad anónima denominada Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo).

Sin embargo, tal empresa carecía de apoyo legal para justificar su existencia como organismo creado y dirigido por el poder público, por lo que posteriormente, el 23 de marzo de 1965, el presidente Gustavo Díaz Ordaz, tomó las medidas necesarias para regularizar jurídicamente el papel de la Conasupo: declaró disuelta la sociedad comercial para reemplazarla por el organismo público descentralizado que, con el mismo nombre, quedó integrado al sistema de las instituciones económicas del Estado.

Al principio orientó su acción al sector rural, donde también jugó otro papel importante al proteger los ingresos de los campesinos a través del establecimiento de los precios de garantía, posteriormente amplió su campo de acción a las zonas urbanas donde crecieron el número de pequeñas tiendas de barrio e inclusive fueron creados grandes centros comerciales, los Conasuper, similares a los supermercados de capital privado nacional asociado con inversionistas extranjeros, que hoy proliferan por el país.

Además desarrolló filiales destinadas al almacenamiento de los granos que adquiría de los campesinos y las relativas a la producción e industrialización de productos de primera necesidad, como la relacionada a la producción y comercialización de harina para elaborar tortillas, y Liconsa, empresa encargada de procesar y comercializar leche a bajo costo para las familias de bajos ingresos.

El arribo de los neoliberales al gobierno federal propició que las tesis empresariales, opuestas a los subsidios al consumo, fueran adoptadas oficialmente. Primero se realizó un análisis crítico de la Conasupo y sus filiales, para dar paso al proceso que los neoliberales denominaron eufemísticamente de desincorporación de empresas públicas, proceso que consistió en la liquidación o venta de dichas empresas, o en el mejor de los casos, manteniéndolas en poder del gobierno federal, pero minimizando ostensiblemente sus alcances.

Durante el gobierno de Miguel de la Madrid, al amparo de la tesis de que el Estado mexicano estaba obeso y que por ello no podía cumplir adecuadamente con sus responsabilidades, se inició el proceso de venta de empresas públicas, en aquella etapa el esfuerzo se orientó hacia las que, según el análisis gubernamental, eran ineficientes o que operaban con números rojos.

A finales de ese gobierno, la crítica contra la Conasupo se orientó hacia la denuncia de sus debilidades: se señaló que registraba exceso de costos y gastos con relación a los ingresos; que a pesar de las transferencias gubernamentales para mejorar dichos resultados, los recursos no habían sido suficientes para absorber sus propias pérdidas y mucho menos las obtenidas por sus filiales; que para cubrir el diferencial entre los precios de compra y venta, había sido necesario que el organismo recurriera sistemáticamente a la contratación de créditos internos y externos y que esto último había incrementado aun más sus costos por la excesiva carga financiera.

Las medidas iniciales respecto de Conasupo y sus filiales consistieron en la celebración del "Convenio para el Cambio Estructural, el Reordenamiento Integral y la Rehabilitación Financiera de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares", mediante el cual el gobierno absorbió 62 por ciento de la deuda de la Conasupo y ésta se comprometió a orientar su participación a la regulación indirecta de productos básicos, iniciar la racionalización de los subsidios a la leche, a la tortilla y al pan blanco, eliminar el subsidio a la harina de trigo y cuidar que sus precios de venta incluyeran los costos. Dichos compromisos operativos, administrativos y financieros también fueron extensivos para todas sus filiales.

Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari la crítica se hizo más dura y en diversos documentos se estableció que los subsidios alimentarios no habían cumplido eficientemente su función de fortalecer el poder adquisitivo de la población de menores ingresos, entre otras causas, por la falta de selectividad al otorgarlos, por lo que había que reorientarlos para que su asignación fuera transparente, selectiva, racional y temporal y que ello se tradujera en una mejoría del poder adquisitivo de los que menos tienen.

Además se señaló que esas políticas generaban irregularidades en el abasto de productos básicos y se insistió en que representaban una onerosa carga para el gobierno federal. Que había que reforzar la participación de los particulares en el abasto, para propiciar la estabilidad de precios, sin necesidad de reglamentaciones específicas.

Se reiteró el planteamiento que señalaba la pesada carga que Conasupo y sus filiales representaban para el gobierno, que los subsidios generalizados no siempre beneficiaban a las clases más necesitadas, sino a veces grupos privilegiados, que los desequilibrios financieros no podían solventarse en forma permanente, que las tiendas rurales no eran de calidad ni tenían abasto suficiente por la falta de capitalización, que las urbanas eran insuficientes, mientras que otras se habían establecido en zonas donde habita gente con mayores ingresos.

De todo ello, los tecnócratas sacaron la "brillante" conclusión que consistió en afirmar que cuando los subsidios son generalizados, se desperdician los recursos y a partir de ese momento se inició la venta de empresas filiales de la Conasupo. Se vendieron, en 1991, 3 empresas de Liconsa, la Planta Pasteurizadora Morelos y la Planta de Alimentos Balanceados Morelos, ambas en Coahuila, la Unidad Aguascalientes y sus 3 centros de acopio, los Almacenes Nacionales de Depósito, e Industrias Conasupo.

Mientras se recortaba el monto presupuestal destinado a satisfacer las necesidades del pueblo, se mantenían, por las más diversas vías, exenciones de impuestos, tarifas preferenciales, créditos y apoyos financieros, es decir, los subsidios a los sectores económicamente poderosos.

Durante este gobierno, esa situación se ha profundizado y se ha hecho más evidente, en todos los renglones, esa doble política: criticar y reducir los subsidios al consumo de los sectores populares y, a la vez, incrementar escandalosamente los subsidios a los grandes capitalistas, nacionales y extranjeros.

En la actualidad las tiendas Conasupo son casi inexistentes, no queda ninguna tienda Conasuper y a pesar de que la miseria crece y el número de pobres se acrecienta, los subsidios al consumo y a las demás actividades económicas de los sectores populares son cada vez menores. Por ejemplo, el Fidelist, programa de la Secretaría de Desarrollo Social que tiene como antecedente el tortibono o tortivale del Programa Maíz-Tortilla que Conasupo puso en marcha en abril de 1986, en 1999 sólo benefició a 1´181,503 familias del subsidio a la tortilla. Además, mientras a través de Procampo los campesinos pobres que cuentan con 3 ó 4 hectáreas, se enfrentan a diversas trabas burocráticas que muchas veces les impiden recibir los subsidios que se anuncian profusamente por la televisión, es frecuente encontrar a empleados de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR), preocupados por entregarles a los capitalistas agrarios, a través del programa de fertirrigación de Alianza para el Campo, cuantiosos subsidios que representan hasta 45 por ciento de las inversiones que ya han realizado en infraestructura para el riego de sus grandes extensiones de tierra.

Lo mismo sucede en cuanto al programa de equipamiento rural, también de Alianza para el Campo, sobre todo por lo que se refiere a la compra de tractores, ya que los precios de éstos son inaccesibles para ejidatarios, comuneros y auténticos pequeños propietarios y en la práctica sólo sirve para subsidiar a los campesinos ricos, que se benefician con los descuentos a los precios de los tractores conseguidos a través de este programa y de los subsidios que otorga el gobierno. De esa manera, adquieren varios tractores, lo que los beneficia enormemente y convierten los subsidios al campo, de programa de asistencia social a los grupos más desprotegidos, en mecanismo de transferencia de recursos públicos a quienes no los necesitan.

Pero si quisiéramos poner un ejemplo más contundente que evidencia el apoyo desmedido del gobierno a los sectores económicamente poderosos, lo mejor es referirnos al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), posteriormente transformado en Instituto Para el Apoyo Bancario (Ipab).

Desde que se inició el proceso de privatización bancaria se iniciaron las irregularidades en el manejo de los recursos destinados a la compra de las instituciones de crédito y al financiamiento de proyectos carentes de sustento, que sirvieron solamente para justificar la canalización de recursos públicos a empresarios que coludidos con el poder público se vieron favorecidos con el proceso de desmantelamiento del sector estatal de la economía.

El Fobaproa se originó desde la misma privatización de la banca, ya que el gobierno salinista le prestó dinero de los propios bancos y de Nacional Financiera a ciertos empresarios, llamados ahora neobanqueros, para que éstos pudieran comprarla.

Los neobanqueros, o no conocían el negocio o de plano sólo estaban interesados en los bancos porque querían utilizar los mecanismos financieros que les permitieran incrementar ilícitamente sus fortunas.

A todo lo anterior se sumó la crisis de diciembre de 1994 y sus bruscas secuelas: la enorme devaluación de la moneda y la recesión económica.

Por ello el Fobaproa no sólo es un problema de enormes dimensiones por el monto de recursos que se le han asignado, sino también por las implicaciones políticas que encierra.

El Fobaproa no son sólo los más de 63 mil millones de dólares, o lo que es lo mismo, los más de 550 mil millones de pesos originales, que se incrementaron en el lapso en que esta institución se transformó en el Ipab, que el gobierno neoliberal, con la complicidad del partido de la derecha tradicional, el PAN, convirtió en deuda pública, es decir, deuda que ahora recae sobre todos los mexicanos, cuya inmensa mayoría nada tienen de responsabilidad en torno a tal cuestión.

El Fobaproa, como se dijo antes, no es sólo eso. La situación real es que el gobierno vendió los bancos en aproximadamente 12 mil millones de dólares y después convirtió en deuda pública la suma de 82 mil millones de dólares (que es el costo final del Fobaproa-Ipab), cantidad que invirtió para "salvar" a los banqueros y cuya parte fundamental éstos se embolsaron mediante préstamos personales y familiares, y de otros mecanismos igual de corruptos.

Lo anterior representa que, a precios actuales, durante los próximos 40 años, habremos de pagar los mexicanos, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, la monstruosa cantidad de 25 mil millones de dólares anuales, cifra equiparable a la destinada a la educación nacional y que, desde luego, repercutirá en todos los programas sociales, reduciéndolos; es decir, disminuyendo todavía más el subsidio a la población que menores recursos tiene.

Fobaproa-Ipab, vistas las cosas con claridad, sirve para desenmascarar los falsos argumentos gubernamentales que, aduciendo la falta de recursos económicos, tratan de justificar su política de privatizaciones. En efecto, con los recursos que se le han destinado al Fobaproa-Ipab hubiera sido posible modernizar la industria petroquímica y no se estarían intentando vender sus plantas; con esos recursos hubiera alcanzado para atender las necesidades de ampliación y mantenimiento de la industria eléctrica y no estaría el secretario del ramo aduciendo carencias para esta importante área de la economía. Los recursos destinados a ese fondo servirían para incrementar el presupuesto de áreas vinculadas al bienestar de la población, como son salud, vivienda y educación, y no hubiera sido necesario que las autoridades de la UNAM, por falta de presupuesto suficiente, aprobaran un incremento de cuotas que provocó un conflicto que ya dura más de un año y aún no concluye.

Si lo vemos desde otra perspectiva, el monto del Fobaproa es tan grande que incrementará en más de 200 por ciento la deuda interna bruta del gobierno. Y representa más de un tercio de toda la deuda externa del país.

Hasta ahora, todas las posiciones políticas en torno a este tema -de los partidos que cuentan con representación en el Poder Legislativo-, eluden el problema principal y centran su atención en los aspectos secundarios; de esa manera tratan de que la opinión pública sólo se interese por elementos que, siendo parte del problema, son menores, como la lista de los beneficiarios del Fondo o la realización de auditorías para encontrar los casos de corrupción.

El problema central del Fobaproa-Ipab no hay que buscarlo en sus efectos sino en sus causas, y la principal es la aplicación de un proyecto que está diseñado para favorecer los intereses de la minoría y del capital financiero internacional.

El problema es que la política de subsidios ha dado un giro de 180 grados, ya que mientras se endeuda por cerca de medio siglo a todos los mexicanos con recursos de una gran magnitud, por cantidades mucho menores se toman decisiones que recortan el presupuesto y con ello reducen las inversiones en sectores clave de la economía y dejan de atender las necesidades sociales del pueblo trabajador, que es el que, como siempre, está resintiendo los efectos de una política antinacional y antipopular.

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