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Texto
íntegro de la conferencia dictada por Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
en el Seminario Internacional La transición política en América
Latina. Universidad Autónoma de Zacatecas, Zac. Agosto 23-25 de
2000.
Comentario
inicial:
¿qué sentido tiene hablar de "transición política"
en América Latina y Caribeña?
Primero
pongámonos de acuerdo, ¿de qué hablamos en concreto, cuando nos
referimos a la transición política, según el título de este seminario,
aquélla por la que han luchado y luchan nuestros pueblos, latinoamericanos
y caribeños?
Hablamos
de un transitar, ir de un lado a otro, desde luego, en el ámbito
de lo político, es decir, de lo vinculado con la vida pública a
diferencia con lo que es propio del ámbito de la vida privada de
los individuos. Ir ¿hacia dónde?, hay que aclararlo.
¿Acaso
hacia la democracia procedimental, según lo proponen los politólogos
de la línea neoliberal? Yo no puedo estar de acuerdo. Es una versión
engañosa generada por intereses poderosos, cuya finalidad es distraer
nuestra atención del problema en su conjunto y, sobre todo, del
núcleo del mismo. Actúan a semejanza de lo que hacen los merolicos
en los mercados, cómplices de quienes roban las carteras a los curiosos.
Nada
se resuelve con transitar hacia una democracia como las que se vienen
imponiendo en México, en Brasil, en los países del Cono Sur, en
Centroamérica y muchos del Caribe; se generan ilusiones en ciertos
sectores, es cierto; pero en cuanto al fondo de los problemas, lejos
de promover avances, produce retrocesos. Porque el problema es otro.
En
el núcleo de las grandes carencias de libertad, democracia, justicia
y bienestar que aquejan a los pueblos latinoamericanos y caribeños
desde siglos atrás, se encuentra un problema fundamental, hasta
ahora nunca resuelto: el problema de la dependencia. Primero, la
dependencia colonial a la que sujetaron a nuestros pueblos las potencia
europeas, España, Portugal, Francia, Inglaterra, Holanda, que les
impedía el derecho a la autodeterminación, es decir a diseñar y
construir su destino con independencia y soberanía, y que, además,
les impuso también una política de saqueo sistemático de las riquezas
naturales de sus territorios y del fruto del trabajo de sus habitantes.
No
bien iban saliendo de aquella dependencia luego de heroicas luchas,
caían de inmediato en otra que hasta nuestros días se mantiene sin
solución, la de tipo neocolonial que nos impuso Estados Unidos a
toda la región, y que ha generado de nueva cuenta el saqueo de nuestra
riqueza y recursos naturales, la falta de desarrollo de nuestras
fuerzas productivas, la injusta distribución del producto social
y la insuficiencia democrática. Contra Estados Unidos, sus fuerzas
dominantes, que desde luego no su pueblo, nos advirtieron con todo
el peso de su autoridad lo mismo Simón Bolívar que Benito Juárez
y José Martí, por citar sólo a tres de nuestros próceres comunes
de la Patria Grande latinoamericana y caribeña.
Ese
problema, el de nuestra dependencia neocolonial, se ha agravado
en las dos últimas décadas, las de la implantación de las políticas
neoliberales, llevándonos a retrocesos brutales, luego de que algunos
de nuestros países habían dado pasos hacia su liberación y el progreso
de sus pueblos, como México, en concreto, gracias a su Revolución
de 1910 y a su etapa constructiva, a la obra de gobiernos como el
de Cárdenas, el de López Mateos y el de Echeverría. Hoy, en cambio,
México y la mayoría de nuestros países son más dependientes que
hace veinticinco años, nuestras economías más enajenadas, nuestras
deudas más grandes, nuestras sociedades más injustas, nuestros pueblos
más pobres y nuestro porvenir más incierto.
Por
eso es que, pongámonos de acuerdo, la transición política a la que
aspiran nuestros pueblos no puede reducirse a una democracia de
fachada, o más bien de caricatura, como nuestras flamantes democracias
procedimentales, porque el problema es otro, más amplio y complejo,
y su premisa sigue siendo hoy la misma que alentó la lucha de nuestros
mayores a lo largo de muchas generaciones: romper con la dependencia
del exterior, lo que implica conquistar el derecho a la soberanía
y la autodeterminación; evitar el saqueo de nuestros recursos y
de la riqueza que generamos con nuestro trabajo y crear las condiciones
para poder construir una vida justa y digna. Porque sin romper la
dependencia y conquistar el derecho a la autodeterminación será
imposible escoger con libertad nuestros proyectos de Nación, nuestras
opciones de democracia y construir el porvenir que nuestros pueblos
decidan sin que nos impongan visión alguna desde fuera.
¿Con
respecto de quién tenemos que romper la dependencia hoy? Con respecto
de Estados Unidos como Estado, y con respecto de otro tipo de entes
tanto o más poderosos hoy en día que muchos Estados nacionales,
algunos con rostro relativamente fácil de ubicar, como el Fondo
Monetario Internacional y el Banco Mundial; como también las grandes
corporaciones transnacionales petroleras, alimentarias y de otras
ramas, inclusive las refresqueras, algunas de las cuales son más
poderosas que muchos países juntos. Y otros entes que, si bien su
rostro es más difícil de fijar; sus efectos son igualmente esclavizantes
y saqueadores, como es el caso del capital financiero internacional.
La
transición política de la que yo voy a hablar, aquélla por la que
históricamente han luchado y luchan hoy los pueblos de América Latina
y Caribeña, es la que conduce a su independencia, su libertad, soberanía,
democracia, justicia y bienestar.
Una
vez establecida esta referencia conceptual, hablaré en un primer
apartado del caso de México hoy, de la situación de nuestro país
luego de las elecciones del 2 de julio y sus resultados, que han
tenido gran resonancia; diré cual es mi evaluación de las perspectivas
que plantean. Asimismo hablaré de los cambios, a mi juicio profundos
y a la vez contraproducentes que se han dado durante casi veinte
años de aplicación de las políticas neoliberales, me ocuparé de
la esencia de dichos cambios y de cómo conectan con lo sucedido
el 2 de julio y con el futuro inmediato. Cerraré mis referencias
a México, haciendo algunas reflexiones sobre los asuntos de la clase
social dominante en lo político y en lo económico, antes y después
de las recientes elecciones, todo ello con el fin de valorar cómo
va nuestra transición política nacional a la luz de todo esto.
Más
adelante, en un segundo apartado me referiré a la situación general
de la transición política latinoamericana y caribeña, abordando
el asunto, en primer término, desde el punto de vista del programa
para tal transición, y luego, de la correlación de fuerzas necesaria
para llevarla adelante, de cómo edificarla y de las vías por las
que se pueda acceder a la satisfacción de los anhelos seculares
de nuestros pueblos.
1.
México y su transición política.
a)
Luego del 2 de julio, ¿acaso
tenemos un país más democrático?
Como
sabemos, resultado del proceso que culminó con la jornada electoral
del domingo 2 de julio, el candidato Vicente Fox, registrado por
una coalición formada por los partidos (de) Acción Nacional y Verde
Ecologista de México, obtuvo el primer lugar en la votación presidencial
y ambos partidos incrementaron notablemente su presencia en las
Cámaras de Diputados y de Senadores. El candidato registrado por
el PRI, Francisco Labastida, comprometido con el grupo tecnocrático
neoliberal que tantos daños ha causado al país y públicamente apoyado
por el presidente saliente, Ernesto Zedillo, fue derrotado, y el
PRI por primera vez fue desplazado del Poder Ejecutivo formalmente,
subrayo esta palabra.
La
derrota del PRI sorprendió en diversos ámbitos de la vida nacional
e internacional por razones diversas, entre otras su larga permanencia
en el poder formal que había generado una especie de leyenda sobre
su supuesta calidad de "invencible" y sobre sus capacidades para
alterar la voluntad popular. Sin embargo, para un observador atento
e informado ese resultado era uno de los más probables, puesto que
a lo largo del tiempo, en un proceso acumulativo, se habían generado
las condiciones para que eso ocurriera.
Al
evaluar tal resultado electoral, hay diversas versiones. La oficial,
tanto de las autoridades electorales como de Ernesto Zedillo, presidente
saliente, habla en tono triunfalista de que México por fin entró
en la normalidad democrática. Ese mismo criterio, sin discrepancias,
sustentan todos los demás personeros del grupo tecnocrático neoliberal.
Algunos amplían y adornan la manera de expresarlo. Se trata, dicen,
de un "triunfo de la democracia; del desplazamiento de un viejo
régimen autoritario y su sustitución por uno democrático". Y atribuyen
lo ocurrido "a la voluntad popular". Es la misma tesis que sostiene
Vicente Fox y dos corrientes reales que sustentaron su candidatura
al interior del país, el Partido (de) Acción Nacional y un grupo
sin estructura pero con presencia económica y política, de claro
corte gerencial-empresarial que rodea de modo muy cercano al presidente
electo y que asumió el nombre de "Amigos de Fox".
Paradójicamente
esta versión dominante de un supuesto avance democrático no sólo
es oficial; también la sustentan otros sectores, que con un criterio
coherente se podría suponer que tuvieran juicios distintos. Es el
caso del Partido de la Revolución Democrática, PRD, y de diversos
grupos e individualidades que se asumen como de izquierda, con matices
que van desde posiciones socialdemócratas defensoras del "libre
mercado" hasta otras supuestamente socialistas.
Un
denominador común que tienen los que evalúan de ese modo la elección,
sin embargo, más allá del lugar que ocupen en el espectro ideológico
y político, consiste en que todos comparten la concepción formal
de democracia y no la clasista. Por tanto, elevan a la calidad de
"principios" de la democracia, la no existencia de un partido único
o dominante, sino dos o tres partidos entre los que debe darse una
competitividad cerrada, es decir no debe existir gran distancia
entre la fuerza electoral de uno y otro, y la alternancia, es decir
la rotatividad entre tales partidos para ir ocupando por turnos
las posiciones de gobierno.
No
importa que tales rasgos cobijen gobiernos de una clase social explotadora
ni que sus políticas de manera sistemática conduzcan a la pérdida
de soberanía y la neocolonización de nuestros países y generen la
creciente concentración de la riqueza en manos de unos pocos y,
por contrapartida, pobreza creciente, desempleo y desesperanza para
la mayoría de la población, pues consideran que será el propio ejercicio
"democrático" del voto popular el que algún día vendrá a remediar
las cosas.
De
esa manera retoman como válida la tesis que el pensamiento liberal
había levantado siglos atrás; no parece importarles que la experiencia
histórica demuestre que tal cosa nunca llegó a funcionar así en
lugar alguno de la Tierra; que el planteamiento mismo es ilusorio;
que donde quiera que se instalan semejantes "democracias" puramente
formales, una clase dominante -interna o externa- procura tomar
de inmediato el control de los llamados sistemas electorales y de
partidos para proteger sus intereses hegemónicos contra cualquier
sorpresa.
Este
es el tipo de "democracia" que se ha instalado en México como resultado
de las reformas llevadas adelante en las dos últimas décadas, una
"democracia neoliberal" cuyos mecanismos, a semejanza de los que
imperan en un casino, garantizan que los dueños del negocio nunca
pierdan, al tiempo que mantienen la ilusión para que haya apostadores
que sigan incrementando las ganancias de dichos tahúres.
Se
trata de un sistema que fue diseñado para garantizar la continuidad
del proyecto neoliberal, asegurar que no lo perderían y menos todavía
por la vía electoral. "Hoy los votantes pudieron optar con mayor
transparencia que nunca", pregona la propaganda oficial; y es cierto,
pero sólo entre proyectos semejantes, que no ofrecieron ni ofrecen
alternativa ni salida real, porque quienes tomaron el control de
ambos sistemas, el electoral y el de partidos, se aseguraron todas
las medidas necesarias para impedir la "competitividad" y hasta
el acceso a la arena a proyectos que fueran social y políticamente
distintos.
Esas
medidas incluyen numerosos filtros y obstáculos para evitar que
participen en los procesos electorales las organizaciones políticas
que signifiquen una amenaza a sus intereses hegemónicos, y mecanismos
para que, si alguna llegara, a pesar de todo, a participar, aislarla,
minimizarla y cerrarle el paso a cualquier posibilidad de victoria
electoral. Al mismo tiempo y con el fin de garantizar su predominio,
crearon los mecanismos de rotación que les son convenientes para
sustituir a sus personeros periódicamente, creando la ilusión de
que se trata de gobernantes de un país independiente y soberano
electos por nuestros connacionales democráticamente.
Así
fue que por primera vez en medio siglo, el proceso electoral que
culminó el 2 de julio careció de perspectivas para los mexicanos
patriotas, preocupados por el porvenir de la Nación y del pueblo.
Por primera vez en medio siglo de historia, el Partido Popular Socialista
no pudo participar por la falta de registro, ni hubo alguno otro
que se asumiera públicamente como partidario del socialismo ni como
defensor de los intereses de la clase trabajadora.
Este
hecho es grave, porque más allá de las consideraciones que pudieran
estar inspiradas en la defensa de legítimos derechos partidarios,
en un sentido más amplio significa que se canceló el aspecto esencial
de la lucha electoral en un país como el nuestro, que era precisamente
el de confrontar las ideologías, tesis y programas de dos clases
sociales distintas, la clase trabajadora y la burguesía; junto con
ello se canceló la posibilidad de que las campañas electorales pudieran
cumplir con el carácter de escuelas de masas, de arenas para la
elevación de la conciencia y la organización de la clase trabajadora.
Además,
hay que señalar que de los once partidos que participaron -siete
de ellos agrupados en dos coaliciones-, y que con diferencias de
matiz defienden los intereses de la clase propietaria, ninguno de
los candidatos presidenciales que postularon sustentó un programa
nacionalista, democrático y popular, que fuera coherente con su
propia conducta política y con sus compromisos públicos y que incluyera
cuestiones como la lucha contra el hegemonismo del capital financiero
internacional y su carácter neocolonizador ni la defensa de la independencia
y soberanía de México; el combate al neoliberalismo; la defensa
de los intereses de la clase trabajadora; el compromiso de retomar
el camino surgido de nuestro proceso histórico y las luchas seculares
de nuestro pueblo; la condena al proceso privatizador de la economía
y al brutal empobrecimiento al que se ha sometido al pueblo, ni
la decisión de actuar contra la soberbia del clero político mexicano
y sus retadoras acciones en contra de nuestra Revolución.
En
esas condiciones, la confrontación de ideas, el debate entre grandes
proyectos de Nación que debe caracterizar una contienda electoral
útil para promover el voto informado, consciente y razonado, por
parte de los ciudadanos, fue sustituida por los vicios de las falsas
democracias capitalistas: mercadotecnia y comercialización de la
imagen de los candidatos a costos millonarios; proliferación de
encuestas convertidas en mecanismos de manipulación; abundancia
de insultos y descalificaciones entre los contendientes, en fin,
todo lo que degrada y deforma la vida cívica y contribuye a despojar
a los ciudadanos del poder de decisión sobre el futuro de la Nación,
y a convertirlos en entes pasivos en medio de una vida pública que
deja de serlo y se privatiza, es decir, se convierte a la vez en
fuente de lucro y de poder político concentrado en las manos de
unos cuantos.
Esos
mecanismos falsamente democráticos, nada respetables son los que
permitieron que Vicente Fox accediera a la presidencia de la República
con el beneplácito, por cierto, de los supuestos derrotados, los
integrantes del grupo neoliberal gobernante, sin cuya obra profundamente
destructiva estos resultados no hubieran ocurrido.
b.)
La esencia de los cambios,
luego de veinte años de
neoliberalismo en México
Las
transformaciones de carácter regresivo en los órdenes económico,
político y social en lo interno, y en sus relaciones con el exterior
que ha sufrido México en las dos décadas recientes, han afectado
la calidad del Estado nacional y la composición de la clase dominante.
Veamos los antecedentes:
Como
resultado de las circunstancias de carácter interno y externo en
que se dio la Revolución Mexicana en su etapa de lucha armada, y
como resultado también de la posterior obra transformadora de dicha
Revolución, dos segmentos de la burguesía con contradicciones entre
ellos, habían compartido la calidad de fuerzas dominantes del aparato
del Estado durante más de medio siglo, una burguesía nacionalista,
partidaria de una vía propia, nacional revolucionaria de desarrollo,
susceptible de formar alianzas así fueran circunstanciales con la
clase obrera y otros sectores populares, y otra proimperialista,
vinculada a la oligarquía criolla y subordinada al capital financiero
internacional, a las corporaciones transnacionales y sumisa frente
a la política estadounidense.
La
esencia contradictoria de los intereses de esos dos sectores de
la burguesía determinó que existiera una permanente pugna entre
ambos, lucha que registró numerosos altibajos y se reflejó en el
carácter zigzagueante de las políticas públicas. Puede decirse,
sin embargo, que salvo el período de Miguel Alemán (1946-1952) -de
franco retroceso-, y el de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) -de
transición hacia la salida del alemanismo-, la tendencia general
durante el siglo, hasta 1982, fue hacia el predominio del nacionalismo
revolucionario.
Es
decir, se venía fortaleciendo el sector nacionalista de la burguesía
que tenía contradicciones objetivas con el imperialismo a causa
de sus intereses propios, razón por la cual con frecuencia asumía
posiciones de carácter patriótico y progresista. Este sector de
la burguesía tenía como base económica de su poder el sector estatal
de la economía, que llegó a tener un peso muy significativo, sobre
todo hacia mediados de la década de los sesenta, momento en el que
se alcanzó a registrar un estado de equilibrio entre el sector público
y el privado de la economía, equilibrio que por su carácter precario,
como es natural, no podría prolongarse por mucho tiempo sino que
tendría que romperse a favor de uno u otro bando en una lucha que
se volvió, por lo mismo, más enconada.
La
década de los setenta, en medio de conflictos crecientes, sin embargo,
en términos generales registró nuevos avances para la corriente
nacional revolucionaria, sobre todo durante el gobierno de Luis
Echeverría (1970-1976), sin duda patriótico y progresista, y todavía,
aunque en menor medida, en el de José López Portillo (1976-1982),
al que salva de manera particular su decisión, en las postrimerías
de su mandato, de estatizar la banca con todo el conjunto de empresas
y bienes diversos que controlaba.
Luego
de 1982 un grupo de tecnócratas con mentalidad desnacionalizada,
formalmente emergida del mismo PRI, tomó en sus manos el Ejecutivo
y desplazó de Palacio Nacional y Los Pinos al sector nacionalista
de la burguesía, pero no solamente eso, sino que impuso un viraje
radical con respecto del camino hasta entonces seguido, el del nacionalismo
revolucionario.
Ese
segmento tecnocrático de la burguesía proimperialista cumplió así
con la misión de facilitar desde dentro la imposición en nuestro
país de las políticas del neoliberalismo, tal y como las diseñaron
y exigieron aparatos al servicio del capital financiero internacional
y de las corporaciones transnacionales, como el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial. El grupo tecnocrático neoliberal
mantuvo entre sus elementos la titularidad del poder Ejecutivo durante
tres sexenios, los de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari
y Ernesto Zedillo. Los cambios impuestos durante estos dieciocho
años han sido dramáticos y profundamente regresivos y han transformado
al país, en esencia, en estos aspectos:
a)
De
independiente y soberano, en lucha por reafirmarse como tal, que
fue México, lo han ido convirtiendo en una neocolonia, tanto en
lo económico como en lo político. En efecto, con las privatizaciones,
los tecnócratas fueron enajenando los bienes que constituían el
patrimonio nacional de los mexicanos, entregándolo a capitales extranjeros,
con lo que perdimos soberanía económica; y por medio de la suscripción
de compromisos inadmisibles, desde el punto de vista de la soberanía
nacional, entre otros las llamadas "cartas de intención", fueron
transfiriendo a instancias del exterior decisiones vitales para
el rumbo del país, que quedaron ya sólo hipotéticamente en el ámbito
de los poderes nacionales, como el Congreso de la Unión.
b)
Al mismo tiempo, han ido desmontando el Estado nacional surgido
de la Revolución Mexicana y no para sustituirlo por un Estado nacional
cualitativamente distinto, sino por un seudoestado mínimo, un mero
aparato que va dejando de tener los atributos propios de un Estado
nacional, para adquirir funciones puramente administradoras y de
vigilancia y represión social, carente de soberanía, un instrumento
al servicio de los nuevos amos, que están en el exterior. Con esto
no sólo han hecho que se pierdan grandes conquistas de la Revolución
de 1910, sino que van revirtiendo logros históricos que datan desde
las luchas que encabezaron Hidalgo y Morelos, para liberarnos, y
Benito Juárez, para consolidarnos independientes y soberanos.
c)
Al pueblo lo han ido marginando en esas mismas áreas, la económica
y la política, a pesar de que ha batallado secularmente por su autodeterminación
y libertad. En efecto, al pueblo, entendido como la gran mayoría
de los mexicanos -sin las franjas parasitarias y explotadoras de
la población-, se nos ha marginado cada vez más en ambos aspectos:
en el de la participación en la economía, en cuanto al reparto de
la riqueza social que se concentra en un pequeño grupito, de vivales,
y en la participación política, en cuanto a las decisiones de fondo,
las que tienen que ver, no con los individuos ni las siglas, sino
con el rumbo y el porvenir de la Nación, y
d)
Han establecido un sistema electoral y de partidos del que mucho
presumen, aunado a una falsa conciencia social, todo ello barnizado
de democracia, pero que si se examina con cuidado, este sistema
es más excluyente y autoritario que nunca. Veamos ahora, desde los
puntos de vista de la clase social dominante y de las relaciones
del Estado mexicano con el exterior, qué tipo de cambio es el que
se produce en México luego de la elección del 2 de julio y sus resultados.
c)
Clase social y Poder público,
luego del 2 de julio.
Como
ya vimos, los tecnócratas neoliberales concretaron medidas de índole
diversa, transformadoras de nuestra realidad, diseñadas por los
centros del poder hegemónico del capital financiero internacional
que tuvieron como resultado el de ir trasladando el centro del poder
económico y político del ámbito nacional al externo, es decir, fueron
neocolonizando al país, como resultado de lo cual el sector nacionalista
de la burguesía fue desplazado del centro del poder económico y
político.
Aunque
ese sector no ha desaparecido de la vida pública nacional, pasó
a un segundo plano, tendencia declinante que ha ido acentuándose
durante las dos últimas décadas. A la disminución de su base económica
y la mengua de su poder político, se añade el desprestigio al que
la han sometido -además de las mismas conductas inadecuadas y hasta
deshonestas de numerosos de sus integrantes-, una larga, intensa
y desmesurada campaña publicitaria que asemeja a los integrantes
de esa burguesía nacional declinante con los dinosaurios en proceso
de extinción, al tiempo que exalta y exagera sus vicios, y la culpa
de todos los males del país, a la vez que soslaya los vicios y culpas
reales de los tecnócratas y demás especímenes de la derecha proimperialista,
que ni con mucho son menores.
Con
la complicidad de ese segmento tecnocrático de la burguesía proimperialista,
los capitales extranjeros que dominan los mercados mundiales se
convirtieron ya en el nuevo sector económicamente dominante al interior
de nuestro país, con lo que quedó destruida nuestra soberanía económica.
Y junto con el poder económico se han ido convirtiendo también,
cada vez más, en la fuerza que va ejerciendo el poder político real
en México.
Es
útil señalar que entre el sector tecnocrático y proimperialista
de la burguesía y el sector gerencial-empresarial, al que pertenecen
Fox y su grupo político, o el de la vieja burguesía reaccionaria
del panismo tradicional, no existen diferencias significativas.
Por eso fue que el presidente Zedillo festejó el triunfo de Fox
con tanto o mayor agrado del que podía haber mostrado si el victorioso
hubiera sido Labastida, el candidato al que públicamente apoyó en
el seno del PRI. La ideología y los intereses de uno y otro candidato,
Fox y Labastida, fueron y siguen siendo semejantes, como lo son
los de los diversos segmentos de la derecha; pero la mayor similitud
radica en que unos y otros, todos, las nuevas derechas, la neoliberal
y la foxista, y la panista tradicional, sirven al mismo amo, el
imperialismo.
Por
esa razón es que carecen en absoluto de importancia y seriedad las
disquisiciones a las que se han entregado algunos observadores de
la vida nacional, tanto las que se refieren a un supuesto avance
o tránsito hacia la democracia, que ya tocamos, como las que especulan
sobre si hubo ahora, luego de la jornada electoral, un cambio de
clase social en el poder o no lo hubo.
El
cambio importante, de fondo, ya se había dado antes, y no fue sólo
un cambio de un segmento nacionalista por otro tecnocrático y proimperialista
de la burguesía, dentro del ámbito nacional. Cuando las políticas
impuestas por los tecnócratas neoliberales consiguieron desplazar
a la burguesía partidaria de la vía nacional revolucionaria de desarrollo,
al mismo tiempo pusieron en marcha todo un cúmulo de mecanismos
que han acabado trasladando el centro del Poder económico al exterior
y mucho han caminado en su propósito de transferir también el Poder
político y, con ello, todo el Poder real y consumar la conversión
de México en una neocolonia.
Hoy,
en esta coyuntura concreta, la del 2 de julio, el cambio es menor:
implica que será un segmento distinto de la misma burguesía proimperialista
el que despachará en Los Pinos: sale el grupo tecnocrático burgués
implantador del neoliberalismo en México, luego de que tres de sus
exponentes ocuparon la presidencia: Miguel de la Madrid, Carlos
Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Con Vicente Fox entra como
relevo el segmento de los empresarios y gerentes de corporaciones
transnacionales. Fox será el cuarto presidente del neoliberalismo;
su tarea, no puede abrigarse duda al respecto, consiste en continuar
y profundizar lo hecho por sus antecesores.
Como
se ve, se trata de dos segmentos de la misma burguesía proimperialista,
de una mera rotación del personal de servicio no sólo útil, sino
necesaria para los amos, a causa del desprestigio en el que ya habían
caído los de la camada anterior. Que éste es un segmento más reaccionario
de la burguesía en todos los órdenes, es cierto; pero el Poder real
no estuvo en disputa en las pasadas elecciones, sino sólo la gerencia,
el equipo de los administradores a su servicio. El Poder real hace
tiempo que empezó a salir del ámbito nacional para afincarse allende
nuestras fronteras. Hoy se ha dado un paso más en ese mismo sentido.
La
misión principal de Fox es la de consumar ese proceso, despojarnos
del todo de nuestra independencia y soberanía, destruir al Estado
nacional mexicano y reemplazarlo por un aparato administrativo de
tipo neocolonial que esté al servicio de intereses extranjeros,
los del capital financiero internacional y las corporaciones transnacionales;
acabar de destruir nuestra economía nacional y sustituirla por una
integrada en calidad de subordinación a la de Estados Unidos, y
despojar a nuestro pueblo de la calidad de constructor de su propio
destino. Para eso lo hicieron candidato, lo apoyaron y financiaron
con recursos abundantes.
Resumiendo,
en el caso de México, la transición política a la que aspira nuestro
pueblo y por la que ha luchado secularmente, no solamente no registra
avance alguno en las últimas décadas, sino, por el contrario, retrocesos
graves. Por tanto, quienes sustentamos la convicción de que la transición
es justa, deseable y necesaria, tenemos que redoblar nuestros esfuerzos,
mucho más que en otras épocas.
Los
temas que abordaré en el siguiente apartado, relativos al programa,
la correlación de fuerzas y las vías para la transición política
de toda Nuestra América, como bien la llamó Martí, son válidos también
para México.
2) La transición política
Latinoamericana y Caribeña.
a) ¿Cuál programa?
La transición política por la que luchan los pueblos de América
Latina y Caribeña es la que debe conducirlos a emanciparse del imperialismo
y las fuerzas oligárquicas locales, de otro modo no tendría sentido.
El asunto se complica en el mundo de hoy, unipolar, porque ya no
existe la correlación de fuerzas que durante décadas propició la
ruptura de numerosos países, hasta de continentes enteros con las
cadenas del colonialismo y el neocolonialismo, que ese fue uno de
los enormes e indiscutibles méritos del bloque que encabezó la Unión
Soviética. Hoy, sin que esté la presencia de una fuerza equilibradora,
Estados Unidos blande el garrote del bloqueo económico y la agresión
militar con armas sofisticadas y ultramodernas, mayor descaro y
capacidad destructiva que nunca.
Y
se complica también por otras dos causas: los cambios que se han
dado en el ámbito de la economía en las décadas recientes, que implican
producción masiva altamente tecnificada que exige de muy elevados
montos de inversión, y que opera con una división internacional
del trabajo más extendida que nunca; y la capacidad de distracción
y desorientación mucho mayor de la que hoy disponen los imperialistas
para tratar de neutralizar la lucha de las ideas.
Frente
a estos problemas, los pueblos latinoamericanos y caribeños, que
tenemos hondas raíces semejantes de orden histórico y cultural y
que enfrentamos los mismos grandes problemas, tenemos la necesidad
de construir una alternativa común, un programa común de soluciones
colectivamente discutido, para así redondear la base que permita
un trabajo unitario y fructífero. Por lo tanto resulta una tarea
inmediata y urgente: la de construir los espacios para la elaboración
y discusión colectiva de ese programa común para toda la región,
que se proponga el logro de la plena independencia y soberanía de
nuestros pueblos y la reversión, por tanto, del proceso de supeditación
creciente al que los regímenes neoliberales han sometido a nuestros
países.
Nuestra
alternativa latinoamericanista y caribeña debe partir de nuestra
realidad actual, de países dependientes, excesivamente endeudados,
cotidianamente saqueados, con escaso desarrollo de nuestras fuerzas
productivas, enormes carencias y rezagos acumulados, insuficiencia
de capitales productivos propios, concentración desmedida de la
riqueza y pueblos depauperados, fenómenos que tenemos que contrarrestar
y revertir. Debe proponerse detener el saqueo de nuestros recursos;
acabar con la situación absurda en que hemos estado inmersos, según
la cual nuestras economías incipientes subsidian las de países poderosos,
sobre todo la de Estados Unidos. Debe proponerse desarrollar nuestras
fuerzas productivas con el mayor dinamismo posible y, de manera
muy importante, distribuir el producto social con equidad, para
abatir los enormes rezagos, las inhumanas carencias a que están
sujetos la gran mayoría de los habitantes de nuestra región.
Por
tanto, tiene que proponer un proyecto de economía planificada mixta,
en primer término, entendiendo que el Estado debe cumplir un papel
no sólo rector y normativo sino de agente económico activo, productor
y distribuidor directo, generador de satisfactores y estimulador
y garante de formas sociales y cooperativas de producción; pero
también debe aceptar la inversión privada, incluso extranjera, pero
sujetas ambas al interés de la sociedad y, sobre todo ésta última,
de manera estricta a los intereses de la Nación. Nuestro programa
debe rechazar el camino de las privatizaciones y revertirlo. Poner
en manos del Estado las ramas de la economía que resultan estratégicas
y prioritarias, en función de nuestro proyecto histórico y de los
intereses de los pueblos de la región latinoamericana y caribeña.
Un
régimen de economía mixta de mutuo interés, para el inversionista
privado -sea nacional o extranjero- pero también para la Nación
receptora y para su pueblo: esa es en este momento la única propuesta
viable opuesta al neoliberalismo y su "libre mercado", así llamado
de manera tan indebida como dolosa, que conduce hacia una creciente
dependencia y subordinación y, a la vez, hacia sociedades cada vez
más injustas en lo interno.
Nuestro
programa común debe proponerse dar un manejo distinto al enorme
problema de la deuda externa, que se ha convertido en uno de los
mecanismos de descapitalización de nuestros países, según el cual
de manera constante erogamos cuantiosos recursos para su servicio
y no sólo no la saldamos, sino que su monto crece día con día. Un
manejo distinto que exige la integración de un frente común multinacional,
porque uno solo de nuestros países difícilmente puede enfrentar
con éxito al enorme poderío de los acreedores, que emplean este
asunto de la deuda de manera deliberada como mecanismo estratégico
para el saqueo y la neocolonización creciente.
Debe
proponerse la construcción de un sistema democrático distinto, diferente
del que se ha venido implantando durante las dos últimas décadas,
en reemplazo de las dictaduras militares que proliferaban en nuestra
región latinoamericana y caribeña, al grado de haberse convertido
en la regla general: pero que también se han implantado en otros
países, como México, que no tenían dictaduras militares y que avanzaban
hacia la construcción de proyectos democráticos propios, superiores
al que se ha impuesto, que bien podría denominarse democracia representativa
neoliberal. Se trata de una falsa democracia en la que los procesos
electorales se mercantilizan cada día más, al mismo tiempo que se
despolitizan. Se trata de una perversión del sistema democrático
con la que se pretende convertir al poder público de cada uno de
nuestros países en una mera mercancía, muy costosa por cierto. Se
trata, en esta democracia representativa neoliberal, de usurpar
la soberanía del pueblo, de arrebatarle el derecho de mandato. Se
trata, en suma, de una democracia ficticia, puramente cosmética.
Nuestro
programa alternativo latinoamericanista y caribeño debe proponerse
la construcción de una democracia distinta, que obedezca al principio
de que quien manda es el pueblo y, por tanto, los gobernantes deben
actuar al servicio de los intereses del propio pueblo, por lo que
su gestión debe reflejarse en una creciente equidad, en beneficios
sobre todo para los sectores mayoritarios de la población, lo que
implica detener y revertir el proceso de empobrecimiento brutal
al que estas capas mayoritarias han venido siendo sometidas por
la economía neoliberal.
Además
de todo lo anterior, debe proponerse sentar las bases para ulteriores
transformaciones en la organización de la sociedad, hacia estadíos
más avanzados, hacia la edificación de sociedades socialistas.
Nuestro
programa alternativo debe tener una concepción clara con respecto
del papel que corresponde al Estado en países como los nuestros.
Una concepción distinta, opuesta a la que ha venido imponiendo el
neoliberalismo. Este ha venido promoviendo reformas del Estado,
con el pretexto de volverlo menos obeso, más ágil y eficiente. Su
propósito real es distinto. Lo que quiere es debilitarlo, evitar
que el Estado, en países como los nuestros, pueda jugar un papel
significativo en la lucha por nuestra soberanía e independencia
frente al hegemonismo de la potencia del norte y a la ambición de
los capitales extranjeros de apoderarse de todas nuestras riquezas,
sin límite alguno. A la tesis neoliberal del Estado mínimo debemos
enfrentar el hecho de que sólo un Estado política y económicamente
fuerte resulta capaz de enfrentar con posibilidades de éxito las
enormes presiones que realizan el capital financiero internacional
y las corporaciones transnacionales hoy en día. Sólo un Estado política
y económicamente fuerte puede garantizar, por tanto, la viabilidad
de un proyecto con las características que hemos venido enunciando.
Nuestra
alternativa debe otorgar un espacio significativo al tema de la
educación, a partir de la definición del tipo de hombre y mujer
que requerimos formar: imbuido de un pensamiento firmemente juarista,
bolivariano y martiano; dispuesto a la lucha por la soberanía, la
equidad y la democracia; nacionalista, pero a la vez regionalista
y solidario. Nuestra alternativa debe oponerse y rechazar con energía
el proceso perverso que el neoliberalismo ha impuesto a nuestras
universidades e instituciones de educación superior, con el propósito
de supeditarlas a su proyecto neocolonizador.
Nuestro
proyecto debe ser realista, serio, bien sustentado. Debe rechazar
la noción de "tercera vía", tal y como la teoriza Anthony Giddens
y la impulsan Clinton y Major, porque no es una vía distinta al
neoliberalismo neocolonialista y depredador, sino el mismo producto,
si acaso en versión aligerada, como para que sus efectos lleguen
un poco amortiguados a la población y ésta no se alerte ni se organice
para rechazarlo.
Una
alternativa común, un programa común de soluciones bien sustentado
y colectivamente discutido nos permitirá redondear la base sobre
la cual podamos construir un trabajo unitario fructífero retomando
el anhelo bolivariano de la construcción de la Patria Grande que,
no cabe la menor duda, tiene hoy mayor vigencia que nunca.
Por
último tocaré el tema del perfil de la fuerza política capaz de
llevar adelante la transición política en América Latina y Caribeña
y de la forma de construir esa fuerza.
b) La correlación de fuerzas
necesaria para llevar adelante
la transición política que anhelan
los pueblos latinoamericanos
y caribeños.
Al
respecto, vale la pena preguntarnos: ¿por qué razones no se ha avanzado
con solidez hacia la integración económica latinoamericana y caribeña,
a pesar de que se han diseñado tantos mecanismos con ese fin, se
han formulado pronunciamientos numerosos y suscrito muchos acuerdos?
¿Por qué razones no existe la perspectiva de que tal integración
pueda darse en el futuro, en los términos perentorios que exigiría
la necesidad de contrarrestar las ambiciones y las prisas con las
que caminan los bloques imperialistas -Estados Unidos y Europa-
para asegurar su hegemonía sobre la región?
La
respuesta es sencilla: porque la correlación de fuerzas no es favorable
para tales propósitos. Hace falta construirla.
Porque
quienes ocupan el poder político en nuestros países, salvo la honrosa
excepción de Cuba, país libre, independiente y soberano, a plenitud,
y la República Bolivariana de Venezuela, que hace año y medio inició
ya y va desarrollando una revolución pacífica inspirada en los ideales
bolivarianos y que aspira a desembocar por su propia vía en los
mismos grandes objetivos, en los demás casos, los compromisos de
los gobernantes no están con los pueblos, sino con Estados Unidos
como Estado, con las corporaciones transnacionales y el capital
financiero internacional y los aparatos que le sirven; y también
con las oligarquías.
Porque
deben su acceso a las posiciones de gobierno mucho más a ese conjunto
de fuerzas imperialistas y conservadoras que a los pueblos, aunque
hayan accedido a tales posiciones por la vía de las democracias
de fachada que se han venido implantando, y les deben también su
permanencia. Y esta dependencia no de los pueblos, sino de fuerzas
imperialistas del exterior, es válido en términos muy semejantes
para quienes provienen de derechas más o menos francas, de "centros"
-suponiendo sin conceder que tal categoría política pudiera existir-,
o de izquierdas light o centroizquierdas, aunque algunas tomen tan
indebida como injustificadamente el prestigioso nombre de "socialistas"
sin que les quede, como el presidente de Chile, Ricardo Lagos.
La
transición política que anhelan nuestros pueblos, por la que han
luchado generaciones de latinoamericanos y caribeños y que una y
otra vez se ha escapado de sus manos, no puede darse desde la esfera
de los gobiernos de la región, en tanto estén en esos gobiernos
individuos como los que han gobernado y gobiernan hoy. La correlación
de fuerzas es desfavorable para los anhelos de los pueblos. Para
cambiarla se requiere de manera indispensable de grandes alianzas
al interior de nuestros países y de grandes alianzas más allá de
nuestras fronteras.
Alianzas
en las que participen grandes partidos políticos que se definan
de manera clara en contra del neoliberalismo, y si no los hay, como
en el caso de México, habrá que construirlos. Alianzas en las que
necesariamente participe la izquierda socialista, y también organizaciones
sociales y no gubernamentales de tipo diverso, y ciudadanos no organizados
ni agrupados.
Alianzas
pluriclasistas: obreros industriales; trabajadores asalariados de
todas las ramas de la producción y los servicios, de la ciudad y
del campo; académicos, intelectuales, artistas; maestros de escuela
de todos los niveles; estudiantes y otros sectores de la juventud;
mujeres de distintas capas sociales y actividades diversas; activistas
defensores del patrimonio nacional contra las privatizaciones, de
la escuela y la universidad pública, del entorno natural y el patrimonio
ecológico; de los derechos humanos, laborales y sociales de nuestros
connacionales que son constantemente víctimas de toda clase de atropellos
en Estados Unidos; defensores de los derechos y el progreso de los
pueblos indígenas; defensores de nuestra soberanía, cultura e identidad
nacional, latinoamericanista y caribeña y por la unidad de toda
la región.
Alianzas
que deben resolver el problema de la unidad más allá de la diversidad
de los participantes, porque sin tal unidad no puede darse una correlación
de fuerzas favorable. Y que puedan resolver el problema de instaurar
un Poder público que deje de estar al servicio de la oligarquía
y, sobre todo del imperialismo, y pase a estar del lado de los pueblos.
De otra manera, la satisfacción de los anhelos seculares de nuestros
pueblos, resultaría inalcanzable.
La
cuestión de las vías para instaurar un Poder público que esté del
lado de los pueblos, a su servicio, hay que decirlo, admite la más
amplia pluralidad. No hay recetas escritas que sean válidas para
todos nuestros países. En cada lugar deben examinarse las condiciones
concretas y decidir en consecuencia.
En
algunas partes se podrá llegar por medio de subsecuentes procesos
electorales, como en la República Bolivariana de Venezuela, si se
dan las condiciones favorables. La vía armada, concretamente la
guerrillera, que en términos generales ya no es aplicable en la
región, no cabe duda que es plenamente válida, sin embargo, en las
condiciones de Colombia. La movilización masiva del pueblo se ha
dado de manera alentadora en Ecuador, habiendo conseguido derrocar
a dos gobernantes indeseables en el pasado inmediato, también es
válida, si bien hasta hoy no ha podido sustituir a los defenestrados
por alguno que sea patriota y no neoliberal. En fin...
En
el caso de México, por hoy la vía sigue siendo pacífica, aunque
no está definido si podrá ser electoral, dados los graves retrocesos
que en ese ámbito se han dado y que se disfrazan de ilusorios "avances".
Finalmente,
diré unas palabras nada más sobre el asunto de cómo construir esas
indispensables alianzas amplias. Se trata de una cuestión de conciencia
social. Para desarrollarla, una tarea esencial es la batalla de
las ideas, según gustaba denominar con acierto Vicente Lombardo
Toledano a la elaboración teórica, al análisis riguroso, a la confrontación
de las tesis propias con las ajenas, desde luego con las que enarbolan
los adversarios. Otra, es llevar las convicciones propias a otras
organizaciones, a otros elementos de la sociedad, organizados o
no, de todos los que son susceptibles de participar en una alianza
de la amplitud de la señalada, por todas las vías, sobre todo las
que impliquen la acción y el involucramiento cada vez de nuevos
actores, en número creciente.
Además
de conciencia social, también es una cuestión de organización. Por
ello es necesario contribuir a que se dé, de manera cada vez mejor
estructurada, en el seno de todo ese conjunto de fuerzas llamadas
a actuar conjunta y unitariamente.
Termino
diciendo que de todo ello por fortuna hay lecciones, experiencias
valiosas, vivas, surgidas de la realidad, de las luchas de nuestros
próceres y, sobre todo de los pueblos latinoamericanos y caribeños,
que son los actores fundamentales de toda batalla transformadora
de la realidad con un sentido progresivo.
Muchas gracias.
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