La democracia burguesa

La revolución francesa y la americana, en respuesta al absolutismo, iniciaron en el siglo XVIII formas democráticas de gobierno, que con el desarrollo del capitalismo, iban a convertirse en la llamada democracia occidental, formal, representativa, liberal o burguesa.

Este tipo de democracia establecería las normas de participación popular en la elección de sus propios gobernantes, pero siempre dentro del marco de la protección del sistema capitalista o lo que es lo mismo, salvaguardando la propiedad privada de los medios e instrumentos de la producción. Al respecto, cabe señalar que los países que iniciaron el establecimiento del régimen capitalista en occidente, han sido quienes han teorizado de forma más sistemática acerca de las formas de elección de los gobernantes.

Si bien en los inicios del régimen capitalista, la burguesía respetó formalmente las libertades individuales que le habían servido para atraer el apoyo de las masas populares en su lucha contra la nobleza feudal, cuando fue necesario, pasó de la defensa de esos derechos a su negación total o parcial.
Además, en la medida en que la riqueza fue concentrándose en unas cuantas manos en las naciones más desarrolladas y éstas iniciaron el proceso de colonización de países de África, Asia, América Latina y el Caribe, el capitalismo negó, en la práctica, esas libertades individuales a gran parte de la población de las metrópolis y a la inmensa mayoría de la de los países que sucumbieron bajo su dominio, porque la igualdad jurídica de los ciudadanos establecida en las leyes no puede funcionar entre desiguales, y lo característico del capitalismo es que mientras más se desarrolla, más acrecienta la disparidad de recursos, cultura y condiciones de existencia.

Todo lo anterior generó la intensificación de la lucha de clases, evidenció la política antidemocrática de la burguesía basada en una supuesta igualdad de los ciudadanos y propició la organización revolucionaria de los proletarios. Así se establece en el documento redactado por la Conferencia de Londres, de la Asociación Internacional de Trabajadores, reunidos en septiembre de 1871, cuando señala:
"Teniendo en cuenta que la Internacional se halla frente a una reacción desenfrenada que aplasta cínicamente todo esfuerzo emancipador de los trabajadores y pretende mantener, por medio de la fuerza bruta, la división en clases y el dominio político de las clases poseedoras; que en contra del poder colectivo de las clases poseedoras el proletariado puede actuar, como clase, solamente constituyéndose en partido político distinto, opuesto a todos los viejos partidos creados por las clases dominantes.

"Que esta constitución del proletariado en un partido político es indispensable para asegurar la victoria de la revolución social y de su objetivo final, la supresión de clases.
"Que la unificación de las fuerzas obreras, ya alcanzada por las luchas económicas, debe servir también como palanca de su lucha contra el poder político de los explotadores: la Conferencia recuerda a todos los miembros de la Internacional, que en la clase obrera militante el movimiento económico y la actividad política están ligados entre sí de manera indisoluble"

Es en esta etapa cuando se organizan los partidos políticos como instrumentos de difusión ideológica y de defensa de los intereses de las diversas clases de la sociedad. La lucha no ocurre ya únicamente por mejores condiciones económicas de existencia para quienes sólo cuentan con el salario que reciben, sino que se proyecta al campo de la lucha por el gobierno y el poder. En otros términos, la lucha de clases llega al terreno político y también al electoral y, en consecuencia, al seno de los parlamentos, como prolongación del combate de afuera.

Al principio el concepto democracia representativa no podía existir, porque el sistema estaba diseñado sólo para justificar jurídicamente los intereses de la clase que detentaba el poder. Pasado un tiempo, cuando los teóricos liberales -al principio unos cuantos y después la mayoría-, encontraron motivos para creer que la norma de "un hombre, un voto" no sería peligrosa para la propiedad, ni para el mantenimiento de las sociedades divididas en clases, dieron ese otro paso que también les servía para justificar y convalidar su poder.

Cómo es posible que las dos clases sociales fundamentales del sistema capitalista: la burguesa, propietaria de los medios e instrumentos de producción y cambio, y la proletaria, que sólo cuenta con su fuerza de trabajo para subsistir, que persiguen fines diversos, antagónicos, y viven en perpetua lucha puedan gobernar juntas -se constituyen los partidos políticos, que son representantes de un sector de la sociedad, de una clase social o de una parte de ella-, para mantener o conquistar el gobierno y el poder.

Desde el punto de vista práctico es imposible que ambas clases pueden gobernar juntas para un propósito común, porque sus intereses esenciales son opuestos. Ni siquiera desde el punto de vista teórico puede ser concebido un gobierno plural, integrado y dirigido por clases antagónicas, sino a condición de que sólo una de ellas sea la que establezca las políticas fundamentales que habrán de ser aplicadas.

Así, desde un principio, al establecerse el sufragio universal -pues antes sólo tenían derecho a él, los propietarios varones-, la organización política en la sociedad moderna va adquiriendo un carácter clasista. En la medida que los intereses opuestos de las clases sociales se van diferenciando entre sí, los partidos políticos surgen como los instrumentos para defender los intereses de una u otra clase, ya no sólo desde el punto de vista económico y político, sino también, en el terreno ideológico.

La burguesía -cuyos intereses de clase son los mismos-, está constituida por diversos sectores (comercial, industrial, agraria, de servicios, etc.) o por corrientes con intereses concretos opuestos (nacionalista, proimperialista, etc.) que no siempre coinciden totalmente y por ello, cada sector o corriente es susceptible de integrar su propia organización política.

Lo mismo sucede entre las clases trabajadoras, en donde a pesar de coincidir en aspiraciones, la falta de una ideología común, de una misma concepción del mundo, de la vida y de la sociedad, e incluso, la existencia de otros factores de carácter menor, provocan la creación de diferentes partidos.

Debido a lo anterior, puede, en consecuencia, haber varios partidos que representen a una sola clase social. Así, los partidos políticos se convierten en órganos de expresión teórica y de acción práctica de las clases sociales o de sectores de ellas,

Al igual que en el caso de los gobiernos, no hay ni puede haber partidos que verdaderamente representen a todas las clases y a todos los ciudadanos. Se pueden disfrazar de mil modos, adoptar nombres revolucionarios, democráticos, proletarios ecológicos, sociales o populares, pero su apariencia no cambia su contenido, porque lo que sustancialmente define a un partido no es la denominación que adopta, ni siquiera la ubicación social de sus integrantes, sino la ideología que sustenta y, en consecuencia, los intereses de clase a los que sirve.

La democracia en México

La larga dictadura porfiriana que aplastó sangrientamente las diversas manifestaciones de impulso democrático de nuestro pueblo, tenía que provocar que la Revolución Mexicana produjera como respuesta inaplazable, la demanda de que la voluntad popular fuera respetada y los gobernantes surgieran de elecciones limpias e indubitables. Nuestro movimiento social se inició precisamente con la divisa prioritaria de que las trampas e imposiciones de la tiranía fueran enterradas para siempre por montañas de voluntades ciudadanas exentas de presiones y de engaños.

Así, fruto de su experiencia histórica, el pueblo mexicano fue elaborando su propia concepción de democracia, parecida, pero no necesariamente idéntica a la que emergió en otras latitudes. Esta concepción avanzada se plasma en la Constitución vigente que al haber incorporado los derechos sociales y la defensa de las capas mayoritarias de la población, dejó atrás la vieja concepción liberal individualista.

Al examinar las normas constitucionales vigentes en materia de régimen político democrático, es pertinente destacar en primer término el artículo 39, que recogiendo las mejores tradiciones de nuestro pasado revolucionario, se establece que: "La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno."

También es necesario resaltar lo establecido en el artículo 40, que respecto de la forma de gobierno señala que: "Es voluntad del pueblo mexicano constituirse es una República representativa, democrática, federal...". En este mandato además de los rasgos característicos del régimen de gobierno republicano y federal, se establece el de constituir una democracia representativa, concepto consecuente con el de soberanía popular establecido en el artículo 39 constitucional.
Ahora bien, el aspecto novedoso y avanzado en nuestra legislación constitucional respecto de la democracia, está contenido en el artículo 3°, que aun cuando se ocupa del tema de la educación, un aspecto distinto al de la organización política del país, incluye en el inciso a) de la fracción II, una definición de democracia que la considera: "... no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo".

A diferencia de los artículos 39 y 40 constitucionales, cuyos antecedentes se remontan a las primeras décadas del siglo pasado, poco después de la conquista de la independencia política de México respecto de España, en el caso del artículo 3º, respecto de la definición de democracia que contiene, lo que se destaca es su carácter relativamente reciente. En efecto, ese texto le fue incorporado apenas en 1946.
Se trata además, de una concepción que retoma y desarrolla la definición originaria: un régimen político en que el titular del poder soberano es el pueblo y el beneficiario, el propio pueblo. Aquí, se pone especial énfasis en la parte final de la definición señalada, es decir, si el beneficiario de este régimen político ha de ser el pueblo, ese hecho necesariamente habrá de traducirse en el mejoramiento constante de su nivel de vida, tanto material, como por el acceso real a los derechos sociales consagrados en la propia Constitución.

Los sistemas electorales burgueses

Los partidos políticos, por tanto, no nacieron por decreto, sino que surgieron como una necesidad de las diferentes clases para defender sus intereses e imponerlos al resto de la sociedad. Sin embargo, en oposición a esta concepción que establece la relación directa entre las clases sociales y los partidos políticos, surgió otra, en apariencia desideologizada, que la burguesía se ha encargado de imponer, que dirige su atención únicamente a los sistemas electorales y que define a los partidos políticos como instrumentos para facilitar o impedir el acceso de los ciudadanos a la representación parlamentaria o al Poder Ejecutivo.

Correspondió a la burguesía iniciar la creación y posterior perfeccionamiento de una estructura democrática, en relación con el absolutismo -de esto hace ya más de dos siglos-, con las normas adecuadas para una sociedad dividida en clases. Así, se comienza a reglamentar la existencia y formas de participación de los partidos políticos, dirigiendo su atención principalmente a impedir que los que representaban los intereses del proletariado, pudieran triunfar.

Establecieron normas para obligarlos a participar bajo sus reglas en la lucha electoral, para que ello no pusiera en riesgo el mantenimiento del régimen de la propiedad privada, porque a mediados del siglo XIX, la clase trabajadora comenzaba a armarse de la filosofía del marxismo y empezaba a resultar demasiado amenazadora para el régimen sustentado en la propiedad capitalista.

Reforzando lo anterior conviene citar a S. Lipset y S. Rokkan (Cleavage, Structure, party System and Voter Alignments): "Los conflictos en el mercado de trabajo fueron los más lacerantes en todas partes. Los partidos de la clase obrera surgieron en todos los países europeos, en la estela de las primeras oleadas de la industrialización. Las crecientes masas de asalariados en los cultivos de gran escala, en las obras de deforestación o en la industria, sufrían las consecuencias de las condiciones de trabajo y de la inestabilidad de los contratos y muchos de ellos terminaron por sentirse cada vez más alienados social y culturalmente respecto a los propietarios y empleadores. El resultado fue la formación de diversos tipos de sindicatos y el desarrollo de los partidos socialistas nacionales"

Por tanto, la burguesía tenía que hacer algo para impedir que el sector más numeroso de la sociedad, los trabajadores, pudieran gobernar, legislar y dirigir el rumbo de la administración pública, conforme a sus intereses exclusivos de clase. En estas circunstancias ¿qué pasaría si todo el mundo tuviera el derecho de voto? La salida a este problema, consistió inicialmente en recomendar un sistema de votación plural, es decir, en donde el valor del voto se determinara sobre la base de la propiedad de cada individuo varón, de modo que la clase mayoritaria desposeída, no superase a la minoría opulenta.

Sin embargo, el temor de la burguesía de que hubiera un gobierno de la clase obrera si existía el sufragio universal igual para todos, había resultado infundado. El sufragio universal para los varones que se empezó a introducir en Inglaterra en 1884, no trajo consigo el gobierno de la clase trabajadora y con esto, la burguesía pudo abandonar, tranquilamente, las disposiciones no igualitarias.

¿A qué se debió que la clase trabajadora, a pesar de que era la mayoritaria no impusiera un gobierno propio? ¿Cuál fue la razón por la que el sufragio universal de los varones no dio lugar al gobierno de la clase obrera, que tanto habían temido los pensadores burgueses? El motivo, fue el extraordinario éxito con que el sistema de partidos logró domesticar el sufragio de los trabajadores.

¿Cómo logró el sistema de partidos impedir la dominación de la clase obrera y, al mismo tiempo, mantener la imagen de que se vivía en una auténtica democracia después de la introducción del sufragio universal? ¿Cómo pudo algo tan mecánico y aparentemente neutral, como un sistema de partidos en competencia, impedir la toma del poder por las clases dominadas y explotadas, pero más numerosas? ¿Acaso no produciría un sistema de partidos, en la medida en que cada uno de ellos representase, efectivamente, el peso numérico de su clase, esa toma del poder, en lugar de impedirla?

La ausencia de lucha ideológica

La respuesta más adecuada a estas interrogantes, se encuentra en el hecho de que la principal función del sistema de partidos es producir un equilibrio político estable, mediante un largo proceso que tiene como finalidad evitar por todos los medios la lucha ideológica, en algunos casos, en forma casi absoluta.
A través de esos mecanismos, la burguesía se ha encargado de suavizar las aristas de los conflictos de clase o, si se prefiere, ha podido moderar y contener esos conflictos, con el objeto de proteger las instituciones, la propiedad privada y el sistema de mercado, contra todo ataque eficaz.

El éxito del sistema de partidos en la domesticación del voto y la consiguiente marginación o eliminación de escenario electoral de los partidos de la clase trabajadora, se basa fundamentalmente en encubrir con falsas contradicciones la competencia electoral, como por ejemplo: si los partidos tienen vida democrática o no, si las propuestas de tales o cuales candidatos son viables, y cosas por el estilo, es decir, en lograr apartar de la vista de los electores las contradicciones de clase.

La burguesía centra su interés en tratar de desvincular a los partidos de la lucha de clases, sobre todo, en el aspecto ideológico. Esta desideologización de los procesos electorales ha contribuido, en gran medida, a desplazar la concepción sociológica acerca de los partidos políticos como representantes de una u otra clase social y a desviar la atención en los sistemas electorales basados, cada vez más, en el perfeccionamiento de los mecanismos para decidir el derecho a participar en los procesos, las condiciones de esa participación y, sobre todo, la posibilidad de estar representados en el parlamento y demás órganos de elección popular, con el fin de que la lucha de clases no rebase el estrecho marco del pensamiento burgués y de la política burguesa.

Cabe apreciar entonces, que la función de difuminar las fronteras de clase y mediatizar los conflictos entre la burguesía y el proletariado, y entre los intereses nacionales y los del imperialismo, la han desempeñado igual de bien las distintas variantes del sistema de partidos. Sin embargo, también es necesario precisar que a esa labor inicial se agregan nuevas formas cada vez más sofisticadas y un sinnúmero de reglamentos -lo que se conoce como la ingeniería electoral-, a la que deben sujetarse los partidos políticos que participan en los comicios.

La cruzada de la burguesía para apartar el especto ideológico de la lucha entre partidos, impedir la movilización permanente de éstos, y circunscribir su actividad a los periodos electorales con la única finalidad de legitimar al gobierno de la mayoría, fue lo que la llevó a buscar los mecanismos para reglamentar los sistemas electorales de mayoría absoluta, de mayoría relativa, de representación proporcional o mixtos; establecer porcentajes mínimos para obtener representación en el parlamento o para conservar el registro; definir el origen de las fuentes de financiamiento y el destino de esos recursos; la composición y control de los órganos electorales, y el manejo de los medios de comunicación masiva. En otras palabras, a establecer en la legalidad burguesa los elementos que le permitan seleccionar, a priori, el tipo y número de partidos que conformarán su sistema, el papel asignado a cada uno de ellos y, al mismo tiempo, aparentar que todo ello es totalmente democrático.

Pero la realidad es que los modelos aplicados, son aquellos sistemas electorales que mayor estabilidad le han dado al sistema capitalista y que no tienen nada de moderno ni de democrático. Estos sistemas se basan en elementos técnicas y fórmulas matemáticas, aparentemente desvinculadas de los aspectos políticos. Pretenden que, a simple vista, aparenten no tener nada que ver con la política económica y social, para difundir la falsa idea de que los procesos electorales se ubican en un terreno neutral, al margen de los intereses del gran capital.

Todo esto ha permitido a la burguesía, la creación de diferentes sistemas de partidos, diferentes en cuanto a su número y fuerzas predominantes. Hay sistemas de partido único, bi o tripartidistas, e inclusive multipartidistas, pero siempre de acuerdo con las necesidades e intereses particulares de la burguesía de cada país, de tal forma que le permita mantenerse en el poder, dentro de un marco de supuesta libertad y democracia.

Por eso han creado los mecanismos para poder maniobrar conel sufragio. Cuando les conviene utilizan los sistemas basados en la mayoría absoluta o en la relativa, y para mayor provecho, diseñan los distritos electorales u otro tipo de ámbito geográfico de tal manera que les sea favorable. Cuando así conviene a sus intereses, cambian a la representación proporcional o a sistemas mixtos, en los que según sean las condiciones, son equilibrados o predomina más una u otra forma, en algunos la mayoría relativa y en otros la representación proporcional. Además, a estas formas mixtas, adicionan supuestos principios de gobernabilidad, es decir, mecanismos que les permitan contar con la mayoría absoluta de los legisladores, aunque solamente hayan obtenido la mayoría relativa de la votación, para mantener el control de ese cuerpo colegiado de representación popular.

Si consideramos que el mejor sistema para los partidos de la clase trabajadora, que no cuenta con los recursos materiales de la burguesía, es el de representación proporcional, entenderemos porque hay una ofensiva contra ese mecanismo, que es, sin lugar a duda, el más democrático, porque permite que cada fuerza, por mínima que sea, esté representada en los diversos niveles de gobierno.

Ello les permite a los partidos de la clase trabajadora, que no tienen acceso real a los medios de comunicación masiva, enfrentar con relativo éxito, una competencia electoral donde las ideas no cuentan, donde lo que predomina es el uso de la mercadotecnia política.

Cuando los partidos de la gran burguesía, no logran evitar la representación proporcional, establecen fórmulas y requisitos que tienen como finalidad asegurarse el control del parlamento. Es decir, en lugar de la representación proporcional simple o pura, legislan para establecer una que incluya fórmulas matemáticas complicadas, de tal manera que les garantice sus intereses minoritarios, véase el ejemplo de la legislación electoral española:

"a) Se obtiene una cuota de reparto resultante de dividir por doscientos cuarenta y ocho la cifra total de la población de derecho de las provincias peninsulares e insulares.

"b) Se adjudican a cada provincia tantos diputados como resulten, en números enteros, de dividir la población de derecho provincial por la cuota de reparto.

"c) Los diputados restantes se distribuyen asignando uno a cada una de las provincias cuyo cociente, obtenido conforme al apartado anterior, tenía una fracción decimal mayor."
Aplicado esto a la realidad, en las elecciones parlamentarias de 1993 se dieron las siguientes incongruencias que, casualmente, afectan a las fuerzas de izquierda. Izquierda Unida (IU) obtuvo 2 millones 246 mil, 107 votos, correspondiéndole 18 escaños; mientras que Convergencia i Unió (CiU) con 1 un millón 162 mil, 534 votos obtuvo 17 escaños; y los socialdemócratas, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con 9 millones 076 mil 218 votos, obtuvieron 159 escaños.

Lo primero que vale la pena resaltar es que a IU le costó cada diputado 280 mil 763 votos, a CiU 68 mil 384 y al PSOE, solamente 57 mil 83, es decir, que el PSOE con una cantidad de votos cuatro veces mayor que IU, obtuvo casi nueve veces más de representantes en el parlamento español.

Ejemplos similares en los que se afecta a los partidos comunistas y de izquierda socialista, se pueden encontrar de México, Chile, Uruguay, Alemania y Rusia, por citar sólo algunos. Con toda razón afirmaba Lenin en su obra El Estado y la revolución que: "la democracia burguesa, incluso en condiciones más favorables se halla siempre comprimida dentro del marco de la explotación capitalista, y es por tanto una democracia para la minoría, sólo para las clases poseedoras, sólo para los ricos."

Como se ve, la creación de un sistema de partidos adecuado a las condiciones de cada país y formalmente democrático, le ha permitido a los poseedores del gran capital, encubrir una auténtica dictadura o una refinada represión.

En la desideologización y el uso de estos mecanismos de reparto radica, fundamentalmente, el éxito de los sistemas electorales burgueses, en la mayoría de los países capitalistas desarrollados y comienza a fructificar en los subdesarrollados, al eliminar del escenario electoral o ubicar en una posición marginal, desde el punto de vista de su presencia electoral, a los partidos enemigos del sistema de la propiedad privada.
Adicionalmente, en aquellos países donde la democracia burguesa ha tenido un gran desarrollo, por ejemplo Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, se busca consolidar el equilibrio de su sistema político. Su objetivo no sólo es mantener el sistema capitalista, sino fortalecerlo y expandirlo por todo el orbe, ahora en su modalidad neoliberal.

En cuanto a la estabilidad y equilibrio del sistema político burgués, tenemos el mejor ejemplo en nuestros vecinos del norte, como señala Pedro Aguirre en su libro Sistemas políticos, partidos y elecciones. (Estudios comparados): "El sistema político norteamericano ha exhibido una estabilidad casi absoluta durante los más de doscientos años de su historia, como lo prueba el hecho de que desde 1788 (año en que George Washington fue electo presidente y en el que la Primera Legislatura entró en funciones) se han celebrado cada cuatro años elecciones y cada dos años los comicios para renovar al Congreso sin una sola interrupción, ni siquiera en periodos críticos como los que experimentó la Unión Americana durante la Guerra Civil y las dos Guerras Mundiales".

Los mismos problemas que se han presentado en las elecciones del 7 de noviembre del 2000 en las que después de 20 días aun no se sabe quien ganó la presidencia de los Estados Unidos, si Al Gore o George W. Bush, revelan la estabilidad del sistema político norteamericano que pese a que es un proceso electoral basado en sistemas atrasados y rudimentarios, que lo hacen lento e ineficaz, incluso inconfiable no ha ocasionado vacio de poder. Quizá si el nombramiento del Jefe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos fuera el que estuviera en juego, a estas alturas ya hubiera causado una debacle en el sistema financiero. Pero como el Partido Republicano y el Partido Demócrata en esencia representan los mismos intereses, la oligarquía y los monopolios se mantienen tranquilos, pues con quien resulte ganador saben que sus intereses están a salvo.

Pero además, Noam Chomsky sostiene en una entrevista realizada por David Barsain y publicada en el libro Pocos prósperos, muchos descontentos que: "En Estados Unidos está prohibido hablar de diferencias de clase; de hecho sólo dos grupos pueden permitirse el lujo de tener conciencia de clase: la comunidad empresarial -furibundamente consciente de ello-, y los sectores gubernamentales encargados de la planificación.

"La literatura escrita por empresarios menciona continuamente el peligro que representan las masas y su creciente poder, y la necesidad de derrotarlas; es una especie de marxismo vulgar, pero a la inversa. Por su parte, los planificadores se expresan en los mismos términos, les preocupa que el hombre común y corriente tenga cada vez mayores aspiraciones, y que las masas depauperadas busquen elevar su nivel de vida y dañen el clima empresarial.

"Estos dos grupos sí pueden tener conciencia de clase pues deben desempeñar un trabajo esencial. Claro que también es de suma importancia convencer al resto de la población de que en este país no existen las clases sociales: todos somos iguales, todos somos estadounidenses, vivimos en perfecta armonía, todos trabajamos por un propósito común y todo es estupendo"

A la pregunta comentario de su entrevistador, Chomsky abunda al respecto: "A la sombra de las democracias liberales -en donde se encuentra esta pirámide de control y dominación, y radican las tendencias de clase, raza y género-, hallamos la coerción, la fuerza.

"Esto se deriva de la concentración del poder objetivo, que radica en diversos factores, como el patriarcado, la raza y, de manera central, la propiedad.

"En términos generales, la sociedad funciona tal como lo aconsejaron los fundadores de este país. Ya lo decía John Jay: el país debe estar gobernado por los propietarios, y casualmente estos propietarios intentan seguir la máxima vil de Adam Smith (Todo para nosotros y nada para nadie más). Ese es el meollo de la situación, y puede seguir igual aunque otras cosas cambien."

Por su parte, Wright C. Mills, en La élite del poder, examina la etapa moderna de la democracia representativa en su país, los Estados Unidos y la somete a una severa crítica, al expresar que se trata de meras imágenes que se hace el público de la democracia clásica y que se utilizan todavía como justificaciones del poder en la sociedad norteamericana. Sin embargo, agrega Mills, se trata de un simple cuento de hadas; ni siquiera sirven como modelo aproximado del funcionamiento del sistema del poder.

Por su parte, Aguirre sostiene: "pese al grado casi absoluto de desideologización que prevalece en la política norteamericana, existen ciertas líneas generales que permiten caracterizar a las dos formaciones políticas. Los demócratas cuya fuerza reside en buena parte en el apoyo que le brinden los sindicatos, las minorías, los habitantes de las grandes ciudades, las clases medias bajas, etc. Por su parte los republicanos dependientes del apoyo de clases medias altas, sectores de iglesias protestantes, grandes agricultores, etc."
Esa es la democracia sin confrontación ideológica, que los grandes centros de poder económico pretenden imponer al mundo, a semejanza de lo que ocurre entre demócratas y republicanos en los Estados Unidos, laboristas
y conservadores en la Gran Bretaña, socialdemócratas y socialcristianos en Alemania, como si en aquellos países no existieran otras opciones que por cierto la democracia imperante no permite, o limita su participación en los procesos electorales.

Además, es necesario advertir que cuando todas sus prevenciones fallan y las fuerzas progresistas o de izquierda, logran superar todos los obstáculos y emergen victoriosos de los procesos electorales, no dudan en hacer a un lado su discurso democrático y emplear la fuerza bruta, a través de golpes de Estado o intervenciones armadas, para resguardar los sagrados privilegios del gran capital transnacional.
La participación del Estado en la economía
La Revolución de Octubre en Rusia, en 1917, al poner el poder en manos de la clase obrera y cambiar los mecanismos de participación y representatividad electoral, rompió los esquemas burgueses, que hasta entonces habían circunscrito su atención a los aspectos formales y no a la esencia de la democracia.

Después de la Segunda Guerra Mundial, ese nuevo sistema de la vida social, representado por la Unión Soviética no sólo emergió victorioso sino que, además, se extendió por Europa Central y del Este, Asia y América, y a su amparo emergieron victoriosas las revoluciones por la independencia nacional en Asia, Africa y América Latina. Decenas de países fueron reconocidos como naciones políticamente independientes y soberanas.

Para estos pueblos que acababan de lograr su independencia política y para los que se encontraban ya en desarrollo, como los de América Latina y algunos de Asia y África, existía un hecho muy importante que debían tomar en cuenta: el camino que siguió la burguesía en su etapa de ascenso para instaurar el régimen capitalista clásico, les estaba vedado. El imperialismo había desnaturalizado la evolución normal de los países atrasados, obstaculizando su industrialización y la formación del capital nacional. La única salida que tenían estos países, para independizarse en el terreno económico y social, era el nacionalismo revolucionario, que si bien era diferente al del capitalismo clásico no era todavía el del socialismo, pero que, en última instancia, a él conducía.

Al respecto, el Secretario General del Partido Popular Socialista (PPS), Cuauhtémoc Amezcua, en su libro Transición a la democracia (Mitos y falacias), sostiene: "El nacionalismo revolucionario constituye una vía capitalista, pero no idéntica al capitalismo clásico. Se trata de una vía de desarrollo que rompe con lo esencial del liberalismo económico, sin llegar, está claro, a formular propuestas de carácter socialista. Para el capitalismo clásico el principio medular es la propiedad privada de los medios de la producción y cambio, sin condiciones, misma que considera como un derecho natural, inherente a la persona humana. El nacionalismo revolucionario, a su vez, se basa en la propiedad privada, pero no absoluta, sino condicionada, dado que le antepone los intereses de la comunidad y de la nación."

¿Quién podría liquidar el latifundismo y entregar la tierra a los campesinos; nacionalizar los recursos naturales; crear empresas en las ramas de la industria básica y los servicios públicos más importantes; impulsar y proteger las industrias propiedad de los nacionales; diversificar la producción y pasar de la exportación de materias primas a la de manufacturas; canalizar el crédito hacia la agricultura y la industria; organizar el control de cambios; establecer condiciones para las inversiones extranjeras directas; entre otras medidas urgentes? Sólo el Estado.

Pero la participación del Estado en la economía como productor directo de bienes y servicios, o sea, el capitalismo de Estado, desató la furia de la burguesía más reaccionaria y del capital transnacional quienes vieron un grave atentado no sólo a la libertad de empresa y al libre mercado, sino contra la propiedad privada. Esto dividió a las burguesías nacionales, una parte de carácter patriótico y progresista, vacilante en muchos casos, pero resuelta en otros, coincidente con este camino y la otra parte aliada al capital extranjero, opuesta a todas las medidas de carácter nacionalista y progresista

Por esta situación, la lucha de clases desempeñaba un papel preponderante en todos los sistemas de partidos, aun con enormes variaciones en cuanto a formas de manifestarse.
Inicialmente, los partidos se dividían en partidos de la clase trabajadora y partidos de la burguesía. En base a esto, es posible comprender porqué el espacio político de la lucha electoral se configuró durante largo tiempo como un espacio conocido derecha-izquierda. Este espacio se configuraba especialmente en Europa, en torno a problemas socioeconómicos ligados a la lucha de clases.

Sin embargo, tanto en Europa como en los países subdesarrollados, donde se habían mantenido estables los sistemas de partidos, al término de la Segunda Guerra Mundial, la división política cambia, ahora el elemento clave es la participación del Estado en la economía, como dice Angelo Panebianco en Modelos de partido (organización y poder en los partidos políticos): "la división política tenía que ver con el "quantum" de intervención estatal en la economía: más intervención significaba política en favor del "trabajo"; menos intervención significaba política en favor del "capital".

Este nuevo elemento, al igual que la lucha de clases en la sociedad, comenzó a revelarse como una lucha entre los países subdesarrollados por su independencia económica y la oposición del imperialismo por impedirla por todos los medios, convirtiendo a los sectores gobernantes de la burguesía nacionalista, en enemigos a vencer y sumando a su causa como aliados, a los sectores de la burguesía ubicados tradicionalmente en la derecha.

Así, el sistema de partidos en los países dependientes, adoptó nuevas modalidades, por un lado la burguesía nacionalista debía asegurar el poder ante las clases mayoritarias, hasta donde esto era posible, obligada a veces a llevar a cabo tibias aperturas democráticas, que le permitían mantener una amplia base social, y por otro lado, hacer frente a la burguesía más reaccionaria, Caballo de Troya del imperialismo, el cuál se encargaría, por todos los medios, de calificar a los gobiernos nacionalistas como antidemocráticos y autoritarios.

Se instaura en México el sistema de partidos

La vida política contemporánea de México debe contarse desde 1917 hasta hoy. Dentro del nuevo régimen constitucional las luchas políticas se realizan con métodos diferentes a los de la lucha armada: ya no son los jefes militares los que nombran a las autoridades en los estados, es necesario respetar las instituciones recién nacidas y convocar al pueblo para que elija a sus representantes. Pero la lucha cívica gira aún alrededor de los hombres representativos del ejército popular. Y como estos no pueden por sí mismos llamar a los ciudadanos crean los primeros partidos políticos. Son éstos, partidos para servir a un hombre. Ninguno tiene programa permanente, ninguno trata de alcanzar el poder por causas impersonales.

Durante este periodo que inicia en 1917, con el gobierno de Venustiano Carranza, y que concluye en 1934, con el del general Abelardo Rodríguez, lo que se mide en las luchas electorales es la fuerza de cada uno de los caudillos.

Es la época en la que el gobierno se auto designa representativo de la Revolución y aspira a ser el mandatario del pueblo. Por eso, el poder público es el que hace las elecciones y la disputa por la sucesión presidencial y por la sucesión de los gobernadores de los estados, no son disputas de la calle, sino controversias privadas entre los hombres que mayor influencia tienen dentro de la corriente revolucionaria del país.

El primer presidente de la República que rompe la tradición de hacer elecciones sistemáticamente en Palacio Nacional, es el General Lázaro Cárdenas. De jefe del ejército se convierte en partidario de la incorporación efectiva de los civiles a las luchas políticas. Después del Presidente Avila Camacho, su sucesor, inicia el proceso de reformas a la legislación electoral, para lo cual envía un proyecto de ley al Congreso para que la designación de mandatarios del pueblo se haga, fundamentalmente, por partidos políticos.

Este proceso de la vida cívica de México, apuntado en sus aspectos más generales, ocurre porque con la reforma agraria, la protección a la clase trabajadora y la creación de las primeras instituciones dirigidas a organizar la economía nacional, México entra en una etapa nueva y empieza a cambiar su estructura. De país industrial agrario y minero empieza a ser país industrial, y este cambio tiene repercusiones muy importantes en los otros aspectos de la vida del pueblo y la Nación.

La diferencia de la burguesía mexicana con sus homólogas de otros países, radica en que ésta obtuvo el poder respaldada por un movimiento con aspiraciones democráticas, populares y antiimperialista. Sin embargo, como sucedió en otras esferas de la vida social, el sistema electoral fue adecuándose, en la medida en que las distintas clases se diferenciaban entre sí, debido al acelerado desarrollo de las fuerzas productivas, alcanzado gracias a la cada vez mayor intervención del Estado en la economía y a la política de nacionalizaciones y por tanto al crecimiento cuantitativo y cualitativo de la clase obrera, respondiendo al mismo tiempo a los intereses del sector de la burguesía que en cada etapa detentaba el poder, ya que la heterogeneidad del grupo gobernante, ha sido una característica peculiar del desarrollo de nuestro país.

De esta manera, pudieron surgir del mismo grupo y, posteriormente, del mismo partido, gobernantes que establecieron normas que en su esencia eran contradictorias. Hubo gobiernos que aplicaron políticas, no sólo para mantener el sentido popular y antimperialista de la revolución democrático-burguesa, sino además, para ensanchar las vías de participación de las masas populares, como ejemplo de ello está la gran figura del general Lázaro Cárdenas, expropiador y nacionalizador del petróleo, a la que habría que sumar a Adolfo López Mateos, que hizo lo propio con la industria eléctrica y, en épocas más cercanas a Luis Echeverría que adquirió para el Estado la compañía Teléfonos de México, e incluso a José López Portillo, que a pesar de haber encabezado un gobierno lleno de debilidades y concesiones, tuvo la acertada decisión de expropiar la banca a los empresarios privados que la utilizaban para su exclusivo beneficio y para saquear al país, a través de grandes transferencias de capitales al exterior.

Las reformas electorales democráticas 1963-1986
La industrialización del país y la vía de desarrollo sustentada en el nacionalismo revolucionario, al generar grandes transformaciones, habían creado la infraestructura y, en general, las condiciones internas para el surgimiento de un verdadero sistema de partidos. Con la culminación de la Segunda Guerra Mundial surgirían las externas.

El proceso de industrialización de nuestro país se vio acelerado por la necesidad de producir, dentro del territorio nacional, las mercancías que dejaron de llegar de los Estados Unidos debido a la conversión de la industria de ese país hacia fines militares. Ello, sin lugar a dudas, contribuye a acelerar la diferenciación de las clases sociales propias de la formación socioeconómica capitalista: la burguesía y el proletariado y, a partir de esa nueva realidad, se entra en la etapa de los partidos políticos permanentes, representantes de las diversas clases sociales, un siglo después que en Inglaterra.

La organización político-electoral surgida vertical y coercitivamente por instrucciones del gobierno, con la finalidad de aglutinar a todos los caudillos postrevolucionarios en una sola institución política, recibió el nombre de Partido Nacional Revolucionario (PNR), posteriormente, al modificar su composición y en la práctica integrar un frente donde participaban las organizaciones campesinas y obreras, así como el ejército, recibió el nombre de Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y pocos años después, al salir el ejército formalmente de sus filas y sumarse a las organizaciones de trabajadores que lo integraban, un amorfo sector popular que lo mismo cobijaba profesionistas que pequeños y medianos empresarios, adquirió su nombre actual: Partido Revolucionario Institucional (PRI).

A ese primer organismo, que más que partido político en el sentido tradicional del término, era el instrumento electoral del grupo gobernante, se sumaron, en distintos momentos, partidos con características clasistas más definidas: el Partido Acción Nacional (PAN), surgido al amparo del nazi-fascismo, integrado por capas y sectores de la pequeña burguesía de derecha y elementos vinculados a la jerarquía eclesiástica y a los grandes capitalistas industriales y bancarios del país, opuestos a toda la política progresista de la Revolución Mexicana y particularmente a las reformas revolucionarias de la etapa cardenista; y el Partido Popular (PP), transformado posteriormente en Partido Popular Socialista (PPS), vinculado a la clase obrera, a las masas campesinas y a las capas avanzadas de la intelectualidad mexicana, con una política nacionalista, patriótica y antimperialista, a la que sumó en 1960 la lucha por el socialismo. También existía, desde 1919, el Partido Comunista Mexicano (PCM). Aunque no obtuvo registro electoral hasta fines de la década de los años 70, incursionó en diversas ocasiones en las luchas electorales, a través de frentes y coaliciones. Cuando obtuvo el registro se inició el proceso de su transformación, en el que fue abandonando paulatinamente sus postulados iniciales, del comunismo ortodoxo fue transitando a posiciones socialdemócratas mientras cambiaba, primero a Partido Socialista Unificado de México (PSUM), y posteriormente a Partido Mexicano Socialista (PMS), nombre y registro que cedió para constituir el actual Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Serían los tres partidos políticos primero mencionados, los que con plataformas ideológicas y programáticas claramente diferenciadas, con proyectos de nación definidos, sobre todo el PAN y el PPS, llenarían una importante etapa en la vida nacional, tanto en el ámbito del debate de las ideas, como en el de la lucha por la ampliación de la vida democrática.

Los sistemas de partidos y el tránsito a la democracia
A principios de los años ochenta se inicia la implantación del proyecto neoliberal, sobre la base de las concepciones político-ideológicas elaboradas a fines de la década de los veintes y principios de los treintas en Alemania y consolidados en la década de los 40 del siglo XX por la Sociedad de Mont Pélerin, nombre que se le dio a la especie de masonería neoliberal, fundada entre otros por Milton Friedman, Karl Popper, Lionel Robins, Ludwig Von Mises, Walter Eucken; Walter Lippman, Michael Polanyi y Salvador de Madariaga. Los objetivos de esta sociedad son los de combatir el keynesianismo, no se diga el capitalismo de Estado y también los de preparar las bases de otro capitalismo, duro y libre de reglas, para el futuro.

Al respecto, en Balance del neoliberalismo (Lecciones para la izquierda), dice Perry Anderson que: "El neoliberalismo nació… en una región de Europa y de América del Norte donde imperaba el capitalismo. Fue una reacción teórica y política vehemente contra el Estado intervencionista y de bienestar… Se trata de un ataque apasionado contra cualquier imitación de los mecanismos de mercado por parte del Estado, denunciada como una amenaza letal a la libertad, no solamente económica, sino también política."

La crítica de los neoliberales contra los modelos keynesianos y contra la aplicación del nacionalismo revolucionario, sin hacer distingos entre ambos, se enfiló contra la intervención del Estado en el aspecto económico, contra los subsidios al consumo popular y otras prestaciones en el aspecto social y contra el populismo y la antidemocracia en el aspecto político. La crítica era muy semejante a la que desde que surgieron, se hacía a los países socialistas.

De esta manera, la difusión de la consigna del tránsito a la democracia, que comenzó a divulgarse primero en los países exsocialistas se extendió a otras latitudes, particularmente a Latinoamérica, con la finalidad de combatir a los gobiernos que mantenían posiciones afines al nacionalismo revolucionario. Así el tránsito a la democracia pasó a formar parte del léxico común en casi todo el mundo.

Debido a que lo anterior es la doctrina de moda en el mundo intelectual, numerosos autores sustentan la tesis de que el rasgo característico de la lucha política de nuestro tiempo es el del tránsito a la democracia, es decir, la sustitución de gobiernos autoritarios, por gobiernos democráticos.

El fenómeno a que se refieren quienes enarbolan esa tesis, consiste en la implantación de regímenes políticos que se sustenten en elecciones organizadas y arbitradas por cuerpos cuya imparcialidad es reconocida por los partidos contendientes, y en los que se da el respeto al voto y la alternancia en el poder, cuestión que en efecto, está ocurriendo en numerosos países.

El derrumbe del socialismo y el auge del neoliberalismo
Al desaparecer la Unión Soviética y truncarse el proyecto concreto de socialismo que se puso en ejecución en otros países de Europa: Hungría, Rumania, Bulgaria, Albania, Polonia, la República Democrática Alemana y Checoslovaquia, por primera vez la humanidad vivió un breve tramo de historia en que las cosas caminaron en sentido contrario de lo que había sido durante casi tres cuartos de siglo.

En primer lugar, el mapa del orbe se modificó en detrimento del campo integrado por los pueblos que durante el siglo XX emprendieron la erradicación de la explotación del hombre por el hombre y, consecuentemente, la ruptura con el régimen de la propiedad privada de los medios de producción y cambio.

Además, se produjo una modificación fundamental en el ámbito de la correlación de fuerzas, cuyas repercusiones alcanzaron todos los confines de la Tierra, ya que el número de países que construyen el socialismo se redujo a China, Corea, Cuba y Vietnam.

Con la caída del bloque socialista europeo encabezado por la Unión Soviética, surgió lo que ha sido definido como mundo unipolar, en el sentido de que ahora las potencias capitalistas imponen sus designios por doquier sin que exista una fuerza equilibradora que enfrente y contrarreste, o por lo menos atempere sus acciones.

Así, se entró en una etapa históricamente regresiva, de expansión imperialista; de recrudecimiento del injerencismo norteamericano, ahora desenfrenado; de utilización de la fuerza sin embozo, como en Kosovo.

En las nuevas circunstancias del orden mundial, el imperialismo no sólo recurre a la violencia y a la guerra para imponer sus intereses por todo el orbe. Se vale también y de manera preferente de las armas económicas, como el endeudamiento externo y su renegociación sujeta a condiciones que atentan contra las soberanías nacionales, el derecho de autodeterminación de los pueblos y otros derechos fundamentales; como el otorgamiento o la denegación de créditos, condicionando toda decisión a la aceptación de exigencias que subordinan a los países, saquean el patrimonio nacional y sumen en la miseria a los pueblos.
En este escenario, convierten la democracia en una farsa dado que entre sus condiciones impuestas -además de las privatizaciones, las aperturas al capital exterior y los bajos salarios-, también están las de orden político electoral que exigen "transitar hacia democracias procedimentales", cuyas reglas tienden a obstruir por todas las vías no sólo el acceso al poder, sino incluso el derecho a la participación electoral de todo partido que se oponga o se resista a este nuevo orden mundial.

Ambos aspectos, la implantación del neoliberalismo y el derrumbe del socialismo europeo, crearon las condiciones para que el sistema de partidos renovado fuera el instrumento para facilitar la implantación del proyecto económico y político al servicio del gran capital.

Muchos partidos, un sólo proyecto

Hace 18 años, se produjo un cambio de raíz en el rumbo de la vida pública de México. Resulta oportuno hoy evaluarlo, aunque sea de manera somera, puesto que las políticas públicas deben reflejarse en las condiciones de vida de la población. En el aspecto que nos ocupa, sería conveniente dilucidar si luego de los cambios que se han dado en el sistema de partidos, se avanzó por la senda de la democracia -en cuanto al nivel de vida de los mexicanos-, o se acrecentaron la injusticia y la pobreza.

Para una medición rigurosa de un fenómeno complejo y polémico como el planteado se requiere de instrumentos adecuados. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) provee la herramienta. Se trata de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares. Al cotejar, por ejemplo, los datos de 1984, dos años después del inicio del gobierno de Miguel de la Madrid, con los de 1989, cuando empezaba el de Carlos Salinas de Gortari, se encuentra que el sesenta por ciento de los hogares habitados por los mexicanos, los menos afortunados, redujeron su participación en el ingreso nacional de 28.6 a 26.1%. Y para 1994, año en que inició su mandato el actual presidente, Ernesto Zedillo, ese segmento mayoritario de la población volvió a reducir su participación a sólo el 25.4%. Esta situación se mantiene intacta hasta hoy, según la versión más reciente del INEGI.
Al otro 30 por ciento de los mexicanos, los que ocupan los deciles séptimo al noveno, tampoco les ha ido mejor. Pasaron de una participación de 38.6 en 1984, a 36.4% en este año, 2.2 puntos porcentuales menos.

El diez por ciento de la población de más altos ingresos, que ya en 1984 concentraba el 32.8%, subió este año hasta el 38.1% del total.

Conclusiones: el noventa por ciento de la población ha visto caer sus ingresos relativos en estos 18 años de neoliberalismo. En cambio, sólo una décima parte, los de más altos ingresos, se ha visto favorecida por las políticas públicas implementadas con este modelo.

Este es el resultado real, que se produjo ya: todas las franjas de la población mexicana vieron disminuir su participación en la distribución del ingreso, a excepción del 10% más acaudalado. Podemos preguntarnos, si de acuerdo con el mandato del artículo 3º constitucional ¿vivimos en un régimen más democrático? Los hechos demuestran lo contrario.

Desde el poder público se abandonó el paradigma de Nación libre, independiente y soberana, por el cual se luchaba, y se cambió por el camino de la subordinación, a la que pudorosamente llamaron interdependencia; se cambió el de la equidad social por el de la concentración de la riqueza, a la que recatadamente denominaron libre mercado; el de la democracia verdadera, por la falaz democracia procedimental.

En el último proceso electoral de Julio del 2000 en que se eligió al Presidente de la República y se renovó el Poder Legislativo, se presentaron once partidos políticos y por vez primera en cincuenta años no participó ningún partido que se definiera como marxista-leninista. Por otro lado, en dicho proceso electoral se dio carta de naturalización al bipartidismo burgués disfrazado de tripartidismo: PRI, PAN y PRD a cuyo rededor girarían los otros partidos pequeños.

Después de los resultados del 2 de julio del 2000, cuando se renovaron los poderes Ejecutivo y Legislativo, podemos estar seguros que no habrá nada que repercuta en un verdadero cambio democrático, que se mantendrá sólo el estrecho marco procedimental y que por tanto, el bienestar popular seguirá deteriorándose.

Aunque este era un resultado esperado, porque desde que se inició la presente campaña electoral el reclamo de los distintos sectores sociales ha sido generalizado en el sentido de la falta de propuestas de carácter programático y sobre todo la poca o nula diferencia de los discursos de los candidatos.

Ninguno de ellos formuló propuestas de carácter popular y democrático ni enarboló posiciones nacionalistas, de resistencia frente a las presiones y exigencias del imperialismo.

Ninguno estuvo dispuesto a enfrentar el proyecto neoliberal, ni se comprometió a revertir -o por lo menos a frenar- ese modelo que nos está dejando en la miseria, y que amenaza dejarnos también sin patria y sin porvenir.

Ninguno condenó el proceso de privatizaciones, ni rechazó con claridad y sin doble discurso el proyecto de abrir a capitales privados, incluso extranjeros, la industria eléctrica.

Ninguno se pronunció por la participación directa del Estado en la economía, ni dispuesto a defender los intereses de la clase trabajadora.

Es cierto que ninguno quiso ser identificado como de derecha. Ni siquiera Vicente Fox, ubicado políticamente en la ultraderecha. Algunos no quisieron ser vistos como neoliberales ni como aliados con ellos, aunque en la práctica así operaran. Prefirieron decirse de izquierda o de centro izquierda. También se proclamaron partidarios de la tercera vía.

En esas condiciones no podía haber confrontación de concepciones, de proyectos de Nación. Los candidatos presidenciales, todos, eludieron ocuparse de los temas torales como ocurría en las contiendas electorales en el pasado. Todavía en 1994, hubo planteamientos ideológicos, políticos y programáticos de fondo que contribuyeron a darle nivel a la campaña, sobre todo por parte de Marcela Lombardo, la candidata postulada por el Partido Popular Socialista, incluso todavía hace unos meses, de entre quienes participaron en la competencia interna del PRI, hubo por lo menos dos aspirantes que abordaron los principales asuntos del debate nacional y que asumieron posiciones nacionalistas y progresistas. En el proceso del 2000, en cambio, ninguno se definió.

Las campañas giraron y se condujeron en torno al cálculo mercadotécnico. La batalla de las ideas estuvo ausente. La sustituyeron con mecanismos viciados, como la práctica de decirle a cada auditorio concreto lo que quiere oír, así se caiga en las más absurdas y reiteradas contradicciones. Caso concreto, el de la apertura de la industria eléctrica al capital privado, donde por lo menos los tres que contaron con aparatos y recursos materiales mayores, Cárdenas, Labastida y Fox, se pronunciaron unas veces a favor y otras en contra.

Mecanismos viciados también, como las descalificaciones y los ataques personales, a veces con sustento y muchas más sin él, que proliferaron y se volvieron cada vez más virulentos. Convirtiendo a los ciudadanos en meros consumidores a quienes se bombardea con spots televisivos.

Toda esta práctica condenable convierte la democracia en un timo. Nos pone ante candidatos que, vistas las cosas a fondo, bien podrían ser uno solo, puesto que todos, finalmente, sirven en esencia a los mismos intereses y defienden el mismo proyecto, quizá apenas con diferencias de matiz. Y no se trata, claro está, del proyecto que rescate la soberanía de México ni lo conduzca por la vía construida por el pueblo a lo largo de siglos de lucha, sino del otro, caracterizado por una creciente pérdida de independencia, excesiva transferencia de recursos al exterior e inequidad en la distribución social.

En realidad, superficialidades aparte, todos sirven, finalmente, al proyecto neoliberal que nos ha venido insertando de manera subordinada en el proceso de globalización bajo el dominio hegemónico del capital financiero transnacional, particularmente norteamericano.

Premeditadamente, evitaron mencionar que cada uno de los partidos o alianzas presentó ante el Instituto Federal Electoral una plataforma que contiene sus principales propuestas en materia económica, política y social, que de ganar pondrían en práctica.

Trataron de evitar y lograron, que los electores conocieran y valoraran lo que cada candidato y fuerza política representaba. Intentaron reducir las alternativas posibles a sólo dos opciones: la representada por Francisco Labastida del PRI, candidato comprometido con el grupo neoliberal y por tanto con el continuismo de la política neoliberal aplicada por Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo y la representada por Vicente Fox, fiel representante de la demagogia populista, cuyo oportunismo no tuvo ni tiene límites, un día se definía como de centro izquierda y al otro alaba a los banqueros, todo, con la finalidad de obtener el voto de los electores.

Postulado por Alianza por el Cambio, integrada por el PAN y el Verde Ecologista, pero financiado por la elite financiera nacional y extranjera, a través de un aparato denominado Amigos de Fox, logró su propósito y obtuvo el triunfo en las elecciones, auque la coalición que lo postuló no logró la mayoría en ninguna de las cámaras que integran el Congreso de la Unión.

Su programa no incluye expectativas favorables para el desarrollo independiente de la Nación, ni para el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo y menos para una verdadera ampliación de la vida democrática nacional

La Alianza por el Cambio que lo postula presentó un documento ambiguo, que trata de esconder la ideología reaccionaria del candidato y el proyecto neoliberal ortodoxo denominado Economía Social de Mercado, que es el referente ideológico de los partidos de derecha como el PAN, las cúpulas patronales y el clero político. De sus planteamientos económicos podemos recoger algunos aspectos esenciales, que en resumen se refieren a que: continuarán las privatizaciones; la supeditación a los intereses norteamericanos será mayor; habrá mayor participación del capital privado en la economía y ahora en educación, se reducirá la labor de Pemex a extraer y exportar petróleo crudo, dejándole a los grandes monopolios extranjeros las jugosas ganancias de la refinación y de la industria petroquímica y se insistirá en el proceso de privatización de la industria eléctrica.

En forma por demás demagógica propone, sin definirlo ni siquiera en sus aspectos esenciales, un proyecto distinto al populismo y al neoliberalismo, pero al abordar algunos aspectos no puede evitar afirmar que su propuesta se basa en el fortalecimiento del sistema financiero, la vinculación con la economía internacional, capacitación para el trabajo, estímulos para el incremento a la productividad, el desarrollo tecnológico y la inversión privada, así como cuando en el caso del petróleo se limita a hablar de los ingresos provenientes de este recurso sin tomar en cuenta que los mayores ingresos de Pemex se dan en la fase de industrialización de los hidrocarburos.

La propuesta conjunta PAN-PVEM, coincidió con el interés de las fuerzas de derecha de realizar una campaña electoral confusa en cuanto a las ideas se refiere y de nulo debate ideológico y político, ya que es el campo propicio para que subrepticiamente introduzca su proyecto reaccionario al servicio del gran capital nacional y extranjero y contrario a nuestro proyecto nacional y a las instituciones que como PEMEX, han sido un valladar frente a las presiones del exterior y puntal de nuestra economía.

El nuevo gobierno no será más que la continuación del neoliberalismo aplicado desde 1982, nada más que ahora, encubierto con una falsa aureola de democracia.

BIBLIOGRAFIA
Autores y libros consultados:

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  Cabrera, Enriqueta (compiladora). Respuestas a Santa Fe II. México, Publicaciones Mexicanas, S. C. L., 1989.
• Chomsky, Noam. Pocos prósperos, muchos descontentos. México, Siglo XXI Editores, 1997.
• Dieterich Steffan, Heinz. Identidad Nacional y Globalización. La Tercera Vía. Crisis en las ciencias sociales. México, Editorial Nuestro Tiempo, 2000.
• García Orozco, Antonio. Legislación electoral mexicana 1812-1977. México, Ediciones de la Gaceta Informativa de la Comisión Federal Electoral, 2a. edición, aumentada, 1978.
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• Lombardo Toledano, Vicente. "Nombre del artículo entre comillas" en la antología de ese autor denominada Escritos en Siempre!, Tomo I / Vol. 2, México, Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales "Vicente Lombardo Toledano", 1994.
• Méndez Silva, Ricardo. Tendencias del cambio democrático. México, UNAM, 1994.
• Mills, Wright C. La élite del poder. México, Fondo de Cultura Económica, 1978.
• Panebianco, Angelo. Modelos de partido. Organización y poder en los partidos políticos. México, Alianza Editorial, 1990.
  Selser, Gregorio. Los documentos de Santa Fe I y II. México, Universidad Obrera de México, 1990.

Publicaciones periódicas:

• Amezcua Dromundo, Cuauhtémoc. "¿Votar por el cambio en abstracto?", en la Revista Marcha, Zacatecas, México, año 3, núm. 36, junio del 2000.
• Anderson, Perry. "Balance del neoliberalismo. Lecciones para la izquierda". Conferencia dictada en septiembre de 1995 en la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en la revista El Rodaballo, año II, núm.3, verano 1995-96.
• Campos Vega, Juan. "Falsa disyuntiva y voto inútil". En la Revista Marcha, Zacatecas, México, año 3, núm. 36, junio del 2000.

www.geocities.com/teoriaypractica