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¡CONTRA
LA REACCION, UNIDAD SINDICAL!
Las
condiciones de existencia de los trabajadores de nuestro país
se encuentran en constante deterioro, como consecuencia directa
de la aplicación de la política neoliberal dictada
por el gran capital y aplicada por los gobiernos entreguistas de
Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y el actual
de Vicente Fox.
El
saldo De esta política es profundamente negativo y se traduce
en el incremento incesante de los problemas sociales que padece
el pueblo trabajador. El desempleo y el subempleo, los bajos salarios,
la miseria y la insalubridad, así como la falta de acceso
real a la educación y a la cultura alcanzan niveles nunca
imaginados.
Si
antes del 2 de julio la situación de la clase obrera era
ya insostenible, ahora, con el gobierno patronal de Vicente Fox,
los problemas se profundizan aún más.
Los
grupos más reaccionarios del sector empresarial y del poder
público, con el pretexto de la llamada "modernización
laboral", despliegan una intensa campaña para realizar
reformas a fondo en la Legislación Laboral, no sólo
en la Ley Federal del Trabajo, sino al propio artículo 123
constitucional.
Pretenden
alterar la esencia de uno de los pilares de nuestra Constitución,
el de las garantías sociales, que reconoce los derechos de
clase de los trabajadores, para sustituirlo por otro que establezca
las relaciones laborales de corte neoliberal, para satisfacer los
intereses del gran capital transnacional.
Pretenden
sustituir el certero principio de la lucha de clases, el cual da
sustento a la organización y al combate de los trabajadores
por mejores condiciones de vida y de trabajo, por la demagógica
teoría de la armonía, la conciliación y la
colaboración entre empresarios y trabajadores.
Congruentes
con ese criterio, pretenden que en la Legislación se anule
en definitiva el derecho de huelga, se elimine la práctica
de huelga por solidaridad y se impongan sanciones a sindicatos y
sus afiliados que incurran en movimientos de huelga improcedentes.
Pretenden
debilitar y destruir a los sindicatos que no acepten esa política,
mediante una serie de reformas en las relaciones laborales y con
la atomización de la jornada de trabajo. Por un lado, demandan
eliminar la cláusula de exclusión y suprimir la sindicalización
obligatoria dejando a ésta como una decisión voluntaria
e individual que permita la existencia de "trabajadores libres"
y por el otro, presionan para que desaparezca la jornada de trabajo
de 8 horas, sustituyéndola por el contrato individual y el
pago de salario por hora.
También
plantean la desaparición del salario mínimo y la total
subordinación de los obreros al dominio de las empresas mediante
el establecimiento del cese de empleo cuando incurra el trabajador
en faltas que a juicio del patrón sean aplicables, y asimismo,
formular la desaparición del escalafón por antigüedad
mediante el exclusivo reconocimiento de la capacidad y la productividad
para casos de ascensos.
En
este esquema que pretende imponer el sector empresarial desaparecería
la intervención del Estado, al cual la Constitución
le impone el deber de tutelar a las clases explotadas y defender
sus derechos.
Estas
y otras proposiciones del sector patronal ya han sido expuestas
con motivo de la anunciada reforma a la Legislación Laboral
y han sido recibidas con beneplácito por los tecnócratas
neoliberales del gobierno que en la práctica impulsan ese
nuevo contenido, según ellos, "para modernizar a los
sindicatos".
Tales
propuestas también han sido aceptadas por líderes
colaboracionistas y reformistas a los que nada les importa la eliminación
de conquistas laborales, con tal de conservar sus posiciones sindicales
y políticas.
El
Partido Popular Socialista rechaza esos planteamientos porque se
oponen a los derechos y objetivos de la clase trabajadora, así
como a las tesis revolucionarias que aún conserva la Constitución.
Para
el PPS, la teoría certera de los sindicatos, es la que se
basa en la lucha de clases, la que concibe a las organizaciones
de los trabajadores como instrumentos de combate por sus demandas
inmediatas y por la defensa del proyecto nacional que otorgue al
país independencia económica y plena soberanía.
La
que señala el carácter de frente único de las
organizaciones sindicales y su necesaria independencia y autonomía
respecto de los partidos políticos, del gobierno y de los
patrones.
El
Partido Popular Socialista considera que, hoy más que nunca,
frente al embate furioso de la reacción contra los derechos
sociales, los trabajadores tenemos que luchar apasionadamente por
las demandas que consoliden y amplíen nuestras más
valiosas conquistas y por fortalecer nuestras luchas y objetivos.
En
estas circunstancias, la conmemoración del 1° de Mayo,
es ocasión oportuna para que los trabajadores refrendemos
nuestro compromiso por alcanzar los mayores niveles de unidad sindical.
Esta es condición indispensable para aspirar al éxito
en la confrontación con fuerzas tan poderosas como las que
se nos oponen.
Trabajemos
por la unidad más amplia, sin discriminaciones ni exclusiones,
unidos alrededor de un programa común, reivindicativo de
los intereses de los trabajadores, apoyados en las enormes posibilidades
de convergencia existentes entre los trabajadores y sus organizaciones.
Las
características y las dimensiones que adquiere la lucha hoy,
exigen que busquemos la cooperación no sólo entre
los trabajadores, sino también, con las organizaciones campesinas,
de indígenas, estudiantiles, de mujeres, de jóvenes,
de profesionales y otras fuerzas sociales que sufren la explotación,
y la discriminación, con las cuales existen posibilidades
de una convergencia mayor que propicie una estrecha solidaridad
y la unidad de acción de los trabajadores mexicanos.
¡VIVA
EL 1° DE MAYO!
¡VIVA LA UNIDAD DE LA CLASE TRABAJADORA!
¡VIVA LA SOLIDARIDAD!
¡VIVA MÉXICO! ¡VIVA MÉXICO! ¡VIVA
MÉXICO!
México,
1° de mayo de 2001.
El Comité Central del Partido Popular Socialista
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