Vicente Fox, al darle posesión al nuevo director del Instituto Politécnico Nacional, propuso que la institución debía ser autónoma.

El planteamiento presidencial debe ser evaluado con toda responsabilidad, ya que aborda un tema importante y de enormes consecuencias para el futuro de la educación politécnica. El otorgarle o no autonomía al IPN, no es un acto que tenga efecto solamente en el ámbito administrativo, por el contrario, sus efectos modificarían cuestiones de fondo respecto de la orientación de la educación politécnica y, en esta etapa, representarían una decisión contraria a la historia y objetivos de la institución.

No se puede ignorar que el IPN nació a la vida educativa del país como una necesidad histórica para apuntalar el desarrollo de México. Por ello se le concibió como un centro de enseñanza que, al mismo tiempo que contribuyera a democratizar el acceso de estudiantes de escasos recursos a la educación superior, permitiera la formación de profesionistas de alto nivel en el campo de la ciencia y la tecnología aplicadas, para que aportaran sus conocimientos y experiencias, para sentar las bases de un país soberano e independiente, que garantizara para sus habitantes mejores niveles de vida.

Tampoco se debe olvidar que el IPN nació con la decisión y la voluntad expresa de constituirse en una institución que respondiera a los más altos ideales de la Revolución Mexicana. Nació en la etapa más crucial de nuestra historia moderna, en los momentos en que era urgente incorporarse al proceso de industrialización del país. Por ello, el IPN, diseña su perfil coincidente con los proyectos de un Estado y una nación vinculados a los más elevados intereses populares.

Hoy, a más de 60 años de una vida académica intensa y dinámica, el IPN ha aportado a México infinidad de generaciones, integradas por jóvenes provenientes de todos los rumbos del país, que con un sentido avanzado en las ciencias y en el aspecto social, contribuyen a formar el México de nuestros días. Es difícil encontrar una región en donde no se haya dejado sentir la presencia y acción de los ideales y propósitos que animaron a la fundación del Politécnico. Esto contribuyó a crear un sistema nacional de educación técnica, del cual el IPN asume el papel de rector, aprovechando las experiencias y la capacidad profesional de sus egresados.

Sin embargo, el IPN no ha sido ajeno a los cambios negativos que se han producido, en diversos sexenios, en torno a la educación pública. Pero sobre todo desde 1982, año a partir del cual los gobiernos neoliberales ha venido impulsando -en atención a los mandatos y exigencias de los organismos financieros internacionales- diversas medidas y acciones que forman parte de todo un proyecto antinacional en cuanto a educación pública se refiere, sobre todo en los niveles de educación media superior y superior.

Durante el gobierno de Carlos Salinas se reformó el Artículo Tercero constitucional para que el Estado abandonara su responsabilidad respecto a la educación media superior y superior. La redacción anterior obligaba al Estado a proporcionar educación gratuita en todos los tipos y grados, mientras que la actual especifica como obligatoria la educación básica, y respecto de la media superior y la superior solamente establece que la promoverá y atenderá, y también que apoyará la investigación científica y tecnológica. La redacción de esa norma constitucional, a partir de la modificación salinista, diferenció con toda claridad la relación que el Estado tendría con cada nivel educativo.

Además, a través de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) se toman una serie de medidas que atentan contra la educación superior pública de nuestro país.

Estas decisiones se remontan al año de 1992 cuando Ernesto Zedillo, en su carácter de Secretario de Educación Pública, cuestionó la viabilidad de la educación superior pública y planteó la necesidad de realizar modificaciones de fondo en este nivel educativo.

Es evidente que esa política está claramente vinculada a la aplicación en nuestro país del proyecto neoliberal y la integración subordinada de México a los planes de los Estados Unidos de establecer bloques regionales supeditados a sus intereses, como es el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) y, sobre todo, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Estos antecedentes no son muy útiles para entender el papel que juega la ANUIES y uno de sus instrumentos: el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENreview), que tiene, entre otras, las finalidades siguientes:

1.- Proporcional al gobierno y a las empresas que lo requieran la información de la calidad académica de los egresados.

2.- Evaluar a los egresados como vía para valorar los programas de estudio y el personal académico, es decir, evaluar a las instituciones de educación superior.

3.- Utilizar esa evaluación como criterio para asignar recursos a las instituciones de educación superior, a través del presupuesto federal.

Todo ello con la finalidad de lograr el propósito de la ANUIES, de que en el año 2020, no existan diferencias entre la educación media superior y superior, pública y privada.

Lo anterior significa poner la educación superior al servicio de los intereses privados a partir de los proyectos para reestructurarla -que no son exclusivos para nuestro país, sino para todos los de América Latina- promovidos por organismos internacionales como el Banco Mundial (BM).

Uno de los objetivos de este proyecto es el de contar con un modelo educativo utilitarista, mecanicista, adecuados a los intereses del capital financiero internacional y, por lógica, ajeno a los intereses nacionales y populares. Para ello requieren aplicar planes y programas de estudio que correspondan a los intereses de las empresas transnacionales que ocupan, cada vez más, el papel determinante en la economía de nuestro país.

Todas estas políticas, también han repercutido en el IPN, y ante la perspectiva de que se le haga abandonar en definitiva, las características democráticas, nacionalistas y populares que le dieron origen, se hace necesario presentar un proyecto alternativo al neoliberal, aplicado desde la presidencia de la República.

La disyuntiva es clara. Se pone al IPN -como lo quiere Fox- al servicio del capital financiero internacional y de los intereses privados, o se retoman las características que le dieron origen, para convertirlo en importante instrumento para el desarrollo científico y tecnológico de México, como parte de la lucha por lograr la definitiva independencia del país respecto del imperialismo norteamericano y para mejorar las condiciones de vida de los sectores populares. No hay términos medios.

En este marco, debe quedar claro, en primer lugar, que la lucha por la autonomía de las instituciones de educación superior, es necesario evaluarla en función de los aspectos concretos en los que ésta se de.

Si se trata de desvincular a la institución de una orientación reaccionaria o fascista, de evitar que administrativamente se encuentre en manos de instituciones ajenas a la comunidad educativa, como sucede con la presencia del ejército en las dictaduras militares, la lucha por la autonomía es parte de la lucha revolucionaria. Pero, si se trata de desvincularla de principios filosóficos progresistas como los que contiene el Artículo Tercero que establece, entre otros, que la educación que imparta el Estado mexicano tiene que ser científica; ajena a cualquier doctrina religiosa; democrática, considerando que la democracia no se agota con el acto de elegir autoridades, sino que implica la instauración de un gobierno que eleve constantemente las condiciones de vida del pueblo, la lucha por la autonomía puede, aunque esto no sea lo que se desee, servir a los intereses antinacionales y antipopulares, representados en este momento por los gobernantes neoliberales.

En segundo lugar, si la vemos desde el punto de vista administrativo, la lucha en torno a la autonomía, no solamente no es la fundamental, sino que implica enormes riesgos. Si se otorga la autonomía al IPN, se estará abriendo la puerta para que se cobre la educación que ahí se imparte y les será más fácil a las autoridades neoliberales involucrar a la institución en los planes antinacionales de la ANUIES, pero no es menos cierto que si se evita que ese paso se produzca, no es suficiente para detener la implantación del proyecto impulsado por el Banco Mundial y el gobierno neoliberal de Vicente Fox.

Por ello se hace necesario que la comunidad politécnica y, en general, las organizaciones y personalidades del campo democrático, nacionalista y revolucionario, combatamos las pretensiones de poner la educación pública al servicio de los proyectos impulsados por el imperialismo.

En contrapartida es indispensable, a pesar de las condiciones adversas, impulsar un proyecto que redefina el carácter y objetivos del IPN; que rediseñe planes y programas de estudio, para ponerlos en consonancia con los cambios científicos y tecnológicos que se producen vertiginosamente, pero sin abandonar la orientación basada en los principios educativos contenidos en el Artículo Tercero constitucional. En resumen, que reedifique a la institución para que retome los objetivos que le dieron origen, y se convierta, de nueva cuenta, en la instancia de educación media superior y superior que proporcione los cuadros científicos y técnicos del más alto nivel, imbuidos de un elevado nacionalismo y con una formación democrática y popular.

Todo lo anterior para reafirmar la importancia del IPN y de todo el sistema nacional de educación técnica, como instituciones capaces de ofrecer educación media superior y superior de calidad y gratuita a todos los jóvenes de extracción popular, hasta hacer de ésta un derecho y no privilegio para unos cuantos.

Ciudad de México, Mayo de 2001.

La Dirección Nacional

Cuauhtémoc Amezcua Dromundo

Secretario General

Belisario Aguilar Olvera, Juan Campos Vega, Luis Miranda Reséndiz, Humberto Pliego Arenas, José Santos Cervantes, Martín Tavira Urióstegui, Jorge Tovar Montañez, José Santos Urbina Mendoza.

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