Mucho se habla en nuestros días de la Reforma del Estado. Es uno de los temas que está en la mesa de debates. Lo ligan con otros temas, también de moda, como el de la transición a la democracia, el de la alternancia, y el de una nueva Constitución. Conviene, al respecto, tener una idea clara sobre el origen y las trasformaciones que ha tenido el Estado en México, hasta hoy. Y ya precisado el lugar que hoy ocupa, observar hacia dónde querrían moverlo unas y otras clases sociales; que tipo de reforma propugnarían unas y otras fuerzas de la sociedad. Porque es cierto que en la que vivimos no es homogénea, sino que está compuesta por clases y sectores sociales con diferentes intereses y, por tanto, con distintos proyectos de Nación.

1. El nacimiento del Estado.
El Estado mexicano, como otros, se formó y se ha transformado como producto del devenir histórico. Su construcción en la primera de sus formas data de 1857. Habían transcurrido treinta y seis años de que se consumara la independencia política con respecto de España. Se explica el tiempo transcurrido porque, para que pudiera surgir el Estado mexicano, fue necesario resolver primero dos problemas. Uno, por lo menos en lo esencial, el conflicto entre dos corrientes con proyectos históricos opuestos, conservadores y liberales, que se disputaban la hegemonía. Siendo equiparables sus fuerzas y opuestos sus fines, se anulaban entre sí y generaban una situación de equilibrio inestable que hacía imposible la gobernabilidad. Por cierto, algunos autores confunden ese hecho con una situación de caos que obedeciera a factores culturales, de idiosincrasia o a simples ambiciones de tipo individual de los "caudillos".

Pero también fue necesario destruir el régimen colonial que había dominado durante tres siglos, desde la conquista. Las bases frágiles establecidas durante ese largo período de sometimiento, plagadas de agudas contradicciones sociales y de limitaciones enormes, hacían inviable la edificación de un Estado nacional independiente y soberano. Con el Plan de Iguala en 1821, ambos bandos, conservadores y liberales, unieron esfuerzos de manera transitoria con el fin de alcanzar la Independencia. Surgió de esa manera una nueva correlación de fuerzas que propició la rápida conclusión de más de diez años de lucha armada, desde el Grito de Dolores, el 16 de septiembre de 1810. Sin embargo, las grandes diferencias con respecto de los intereses de clase a los que cada uno servía y al proyecto de Nación que cada bando enarbolaba, pronto aflorarían de nueva cuenta y, con ello, se desataría otra vez una larga y encarnizada lucha.

Los conservadores querían una república independiente en lo político, pero basada en la misma estructura económica y social del régimen colonial, injusto. Eran sobre todo los criollos integrantes de las clases sociales y de los sectores privilegiados de antaño. Para ellos la independencia era importante en tanto que significaría la transferencia del poder de las manos de la Corona española a las suyas propias. Y esto vendría a incrementar aún más sus perspectivas de beneficio particular.

Por su parte, los liberales, nombre que tomaron los luchadores insurgentes de antaño, pensaban en una república representativa y democrática. Éstas eran las ideas progresistas de ese tiempo, las que sustentaran los filósofos franceses del siglo XVIII. Además, las aspiraciones del bando liberal iban más allá. En el seno del pensamiento liberal mexicano y entre los próceres de la Independencia habían surgido ideas más avanzadas desde el punto de vista social. A diferencia del "dejar hacer, dejar pasar", apotegma básico de las ideas del liberalismo clásico y su proverbial individualismo, según el cual el Estado debe estar al margen de la economía y de las relaciones sociales, y concretarse a ser un simple vigilante de la vida pública, los elementos más lúcidos de entonces demandaron la formulación de leyes y la intervención de los poderes del Estado para lograr una justa distribución de la riqueza y para conseguir el desarrollo del país.

José María Morelos, en primer término, y otros muy destacados, como Valentín Gómez Farías, Ponciano Arriaga e Ignacio Ramírez, el Nigromante, para citar sólo unos cuantos, preveían que era necesario cambiar de raíz la base de la sociedad creada en los tres siglos de la etapa colonial. Porque las condiciones en que se dio la producción durante ese tiempo crearon una estructura subordinada a los intereses de la monarquía española, sin cuya ruptura y transformación sería inviable la edificación de una economía nacional. Las condiciones imperantes, como se sabe, eran tales que no se podía producir en nuestro suelo ninguno de los bienes que se generaran allá, en España, sino que había que importarlos; el eje de la producción local subordinada era la minería de metales preciosos, para beneficio de la metrópoli; monopolios y estancos impedían la circulación de bienes de amplio consumo; la propiedad de la tierra, principal medio de producción de la época, se hallaba monopolizada casi toda en manos de la Iglesia católica. Y porque las relaciones entre las clases sociales fueron tan injustas que generaron contradicciones muy agudas. Se practicaban los trabajos forzados; se habían implantado la esclavitud, el peonaje y la aparcería. La industrialización y el trabajo asalariado, propios de una sociedad capitalista, prácticamente no existían todavía. El poder de compra era muy bajo entre las masas rurales y la mayoría de la población urbana. Los derechos civiles y políticos eran inexistentes.

La lucha entre liberales y conservadores, que fue cruenta y se prolongó por décadas, a contar del Plan de Iguala (1821) hasta la victoria del Plan de Ayutla (1854), concluyó con ésta y, más definidamente, con la Carta Magna de 1857. En la concepción de Vicente Lombardo Toledano fue con esta Constitución con la que por fin nació el Estado mexicano 1. Y nació como una república democrática, representativa y federal, en lo político. Hubo antes otros esfuerzos valiosos por dotar a México de una Constitución y dar sustento jurídico al naciente Estado. Así, la Constitución de 1814 fue el primer intento de organizar a la Nación, cuyo pueblo luchaba con las armas exigiendo el respeto de su soberanía, con ideas y propósitos opuestos a los de la etapa colonial, pero no logró su objetivo dado que las condiciones aun no habían madurado. Lo mismo ocurrió con la de 1824, documento notable que recogió demandas populares relevantes para construir una Nación independiente.

La Constitución de 1857 tiene un papel histórico indiscutible, puesto que logró dar origen al Estado mexicano. Sin embargo, las tesis que recogían el pensamiento social más avanzado sobre la necesidad de dotar al Estado de una nueva estructura económica, no fueron recogidas en ella. Esto, sobre todo, a causa de las limitaciones de los llamados liberales moderados, que fueron la mayoría en el Congreso Constituyente. Por ello, pasos trascendentes para la transformación progresiva de nuestra sociedad tendrían que esperar a que surgieran otras circunstancias.

En otro aspecto, más allá de lo jurídico, la victoria sobre los conservadores tampoco fue definitiva. Pronto se dieron a la búsqueda de la revancha por la vía de la asonada militar, por lo que el país de nueva cuenta se habría de ver envuelto en confrontaciones violentas. Al reabrirse la lucha armada, por cierto, los liberales moderados desaparecieron del escenario; unos se unieron con los conservadores y otros con los liberales radicales, también conocidos como puros. Esta nueva fase de lucha culminó con las Leyes de Reforma, que quitaron el poder económico a los altos prelados de la Iglesia católica, bastión principal de las fuerzas reaccionarias, y con él le quitaron también la capacidad para financiar y promover los alzamientos y las asonadas militares. Fue hasta entonces, 1859, casi medio siglo después del Grito de Dolores, cuando por fin se empezaron a dictar un conjunto de principios para liquidar la estructura económica de los tres siglos de la colonia. Y se empezó a abrir la perspectiva del desarrollo nacional.

2. La Revolución Mexicana,
sus características y objetivos.
Vendría luego la dictadura del general Porfirio Díaz, sostenida por la fuerza del latifundismo restaurado. En ese período, las contradicciones sociales entre los privilegiados, que eran una breve minoría, y la gran mayoría de desposeídos llegaron a niveles que reclamaban cambios profundos en el ámbito de las relaciones entre las clases sociales. Además de las sucesivas reelecciones de Díaz, su gobierno ejerció una represión brutal contra todas las formas de protesta popular, con lo que en los hechos anuló las libertades de opinión, de reunión y de organización. Con esto clausuró las posibilidades de lucha por cauces pacíficos.

Pero, lo que es más grave y a la vez más significativo todavía, el gobierno de Díaz era sostenido también y sobre todo por la fuerza de los capitales que habían fluido en grandes proporciones desde el exterior. Díaz y su círculo cercano habían realizado, en efecto, la apertura de la economía del país, igual que ahora los neoliberales. El resultado fue que los capitales extranjeros, sobre todo los yanquis, pronto se apoderaron de casi todas las riquezas de la Nación y las saquearon. En vez de servir como motor del desarrollo económico nacional, esa política causó su atrofia. Lejos de traer la modernización y el bienestar prometidos, sumió al pueblo en el atraso y acentuó la injusticia social y la miseria. Y, puesto que la fuerza económica se traduce en fuerza política, los capitalistas extranjeros empezaron a intervenir con gran poder de decisión en los asuntos internos de los mexicanos, vulnerando la soberanía del Estado y, asimismo, la soberanía popular.

Con esto se presentó y se agudizó otra contradicción más que, por su peso, vendría a presidir, acentuar y condicionar las demás. La contradicción que se da entre los intereses de la Nación, que aspiraba a liberarse y que había luchado largamente por lograrlo, y los intereses del capitalismo que ya había madurado en ciertos países, como Estados Unidos, y entraba en su fase de expansión y captura de nuevos mercados, sobre todo de materias primas y de fuerza de trabajo, a su fase imperialista. Vicente Lombardo Toledano sintetizó las contradicciones que desembocaron en ese estallido social de gran magnitud que fue la Revolución:

"¿De qué manera se producían las contradicciones en el seno de la sociedad mexicana en 1910? Contradicción entre los peones y los latifundistas; entre los aparceros y los pequeños propietarios, y los latifundistas; entre los hacendados con mentalidad burguesa como Francisco I. Madero, como Venustiano Carranza y los latifundistas; entre los industriales y los latifundistas; entre los comerciantes mexicanos y los comerciantes extranjeros; entre los mineros mexicanos y las empresas extranjeras de minería; entre la burguesía industrial mexicana naciente y los capitales extranjeros; entre los intereses de la Nación mexicana y el imperialismo" 2.

A la luz de este entramado de contradicciones salta a la vista lo equivocado de la tesis que afirma que la Revolución Mexicana tuvo como causa esencial o hasta única la falta de democracia y como meta suprema la consecución del "sufragio efectivo" y de la "no reelección". La actitud represiva del régimen y la nulidad en la práctica de los derechos democráticos constituían, como ya se dijo, uno de los elementos de crisis del régimen prevaleciente, de innegable gravedad. Pero no era el único y, atribuirle la calidad de determinante para un estallido social de esa magnitud constituye una desmesura. El lema enarbolado por Francisco I. Madero en los inicios de la lucha, que se refiere al necesario respeto al sufragio y a la no reelección, lo que refleja es la visión de un solo ángulo de la situación. La visión de un sector social, la burguesía rural acomodada, a la que pertenecía Madero, pero no refleja el complejo entramado de problemas y contradicciones.
Es claro asimismo que las normas de la democracia representativa liberal, cuya vigencia propugnó Madero, así llegaran a darse del modo más pleno y depurado posible, nunca son ni serían suficientes para resolver problemas de mucho más fondo que tienen que ver con la dependencia económica y política de la Nación y con la injusta distribución de la riqueza social. Y también es claro que la falta de democracia por sí sola no constituye una causa suficiente como para que el pueblo se insurreccione de manera masiva. Suponerlo así significa asumir una concepción muy restringida, porque no toma en cuenta los componentes económicos y sociales, como los que se presentaron en la realidad imperante durante el porfiriato.

Ese error, común en algunos autores y corrientes políticas contemporáneas, es equiparable al que cometen quienes suponen que el levantamiento popular de 1810 fue sólo por la independencia política con respecto de España. Lo cierto es que el pueblo se lanza a una lucha de la magnitud de esas dos epopeyas sólo cuando la situación se vuelve extrema; cuando sus problemas económicos son agudos y no existen perspectivas para su solución; cuando la explotación a la que se le somete crece hasta lo grotesco; cuando las injusticias sociales se agigantan; cuando se atropella su dignidad de modo cotidiano y cuando se cierran las vías pacíficas para cambiar toda esa situación. Y eso fue lo que ocurrió tanto en la etapa previa al alzamiento popular de 1810 como otra vez durante el porfiriato. Por eso fue que en ambas ocasiones estalló la violencia en la magnitud en que lo hizo, como una caldera que explota al no poder contener la fuerza inmensa de la presión expansiva acumulada en su interior.

Las contradicciones señaladas determinaron asimismo los objetivos y las características de la Revolución Mexicana. Teniendo que enfrentar y tratar de resolver la principal contradicción, la que se daba entre el capital extranjero que se apoderaba del país y los intereses de la Nación, fue por sobre todo una revolución antiimperialista y tendría que buscar medidas para avanzar hacia la conquista de la soberanía y la independencia plena, económica y política de México. A este respecto, Lombardo expresó que nuestra Revolución:

"Es sobre todo un movimiento antiimperialista. Es una lucha que enfrenta como enemigo fundamental, no a una fuerza de carácter interno, sino a una que está fuera de nuestras fronteras. Un poder que impide el desarrollo de las fuerzas productivas, que obstaculiza el desenvolvimiento general del país, que saquea las riquezas de la Nación y que somete a creciente empobrecimiento a las masas populares: el imperialismo" 3.

Además de lo anterior, la Revolución, teniendo que resolver el problema de la enorme concentración de la tierra en pocas manos, que se había vuelto todavía más aguda que durante la colonia, fue asimismo una revolución antifeudal; y tendría que destruir el latifundio y distribuir la tierra. Teniendo que resolver el problema de la ausencia, en los hechos, de derechos democráticos para el pueblo, fue también, pero no únicamente, una revolución democrática. Democrático-burguesa, dado que no podía ser una revolución socialista porque no existían las condiciones para que adquiriera esas características. Al respecto, Lombardo afirma: "Era evidente que la Revolución de 1910, en 1917 no podía llegar al socialismo en aquel tiempo; no existía la clase obrera, no existía inclusive la burguesía nacional como una fuerza determinante; no existían las condiciones materiales objetivas ni subjetivas para un movimiento de esta trascendencia" 4.

3. El Estado mexicano surgido de la Revolución, sus atributos y funciones.
La Revolución triunfante tuvo que abordar, consecuentemente, el problema de dotar a la Nación de los instrumentos jurídicos necesarios para enfrentar los conflictos que le dieron origen, las contradicciones que existían de manera previa a su estallido. Y esto implicaba formular una nueva Constitución y definir un nuevo perfil del Estado mexicano, dotarlo de nuevas atribuciones. Así lo asumieron los diputados constituyentes de 1916-17, los más avanzados de ellos. Y al formular las nuevas reglas, en efecto, dieron vida a un nuevo Estado mexicano, distinto cualitativamente, con atributos y facultades superiores a las que había tenido hasta entonces, y también diferente de otras experiencias concretas. El Congreso Constituyente creó nuevas instituciones, que vinieron a ser una respuesta original y novedosa a nuestros problemas específicos. A los problemas propios de un país que había sido sometido al régimen colonial durante tres siglos, lo que había atrofiado sus posibilidades de desarrollo en todos los órdenes. Y que cuando apenas salía de esa terrible situación y empezaba a construir las bases para una nueva etapa, de soberanía e independencia, fue nuevamente colonizado, ahora por la vía más sutil pero igualmente esclavizadora que ejercían los capitales externos incontrolados. Como lo expresaría con acierto Lombardo Toledano: "...la Revolución Mexicana a ese respecto, inaugura en el mundo una tercera ruta que se puede llamar la ruta revolucionaria nacional. Esto es lo que tiene de sello propio, lo que le da personalidad y fisonomía dentro de su género a nuestra Carta Magna. Es el Estatuto de la Revolución Nacional de un país dependiente que trata de liberarse del imperialismo..." 5

Los rasgos distintivos del nuevo Estado mexicano no radicarían en la estructura con que la Constitución lo dotó, que seguía siendo la misma, de tipo liberal. Conservó el principio republicano, la división de poderes, el mecanismo de una república federal y de una democracia representativa. En cambio, la Ley Suprema otorgó al Estado nuevas funciones en el ámbito de lo económico y lo social, diferentes de las que competen a cualquier Estado liberal clásico, según se puede desprender de lo establecido sobre todo en artículos como el 27, el 123 y el 130, entre otros. La idea que sustenta todas las innovaciones es ésta: "los intereses de la sociedad deben prevalecer, en todos los casos, por encima de los intereses individuales". Se mantienen los derechos del hombre o garantías individuales; pero ya no son las únicas bases ni los objetivos de las instituciones sociales. Aparecen además las garantías colectivas o sociales. Y con ellas el Estado deja atrás el papel de simple observador "para transformarse en un factor directo en la vida económica, administrador de los servicios, y, en suma, impulsor del desarrollo material y político de México". 6

La Constitución de 1917 incorporó, en el artículo 27, el principio de la propiedad originaria de la Nación, que restringe la propiedad privada a la categoría de concesión otorgada por el Estado, y lo faculta para dar a la misma propiedad en cualquier momento las modalidades que dicte el interés público. El Estado mexicano, en consecuencia, en su calidad de representación jurídica de la Nación, adquirió el carácter de titular de la propiedad originaria. Esta función, según la concepción liberal, en modo alguno compete a un Estado. Con esto rompió con un principio medular de la filosofía del liberalismo económico, que establece que la propiedad es un derecho congénito a la persona humana. Rompió con el principio del derecho romano, de "usar, disfrutar y abusar" de una propiedad. Estableció el derecho de propiedad como un atributo del Estado. Y creó así las bases jurídicas para romper la dependencia económica por la vía de las nacionalizaciones.
Lombardo sustentó que los aspectos avanzados de la Constitución mexicana se asentaban en tesis nuevas, entre ellas la del derecho territorial o derecho de propiedad, ya mencionada -la más importante de todas, según el autor citado-, y asimismo la tesis de los derechos de la clase trabajadora. Afirmaba que la Constitución contiene en su artículo 27 una tesis medular acerca de la propiedad y el aprovechamiento de los recursos del territorio nacional.

Y con respecto a los derechos de la clase trabajadora, comprendidos en el artículo 123 de la Constitución, Lombardo declaraba que éste es un Estatuto que ampara los derechos de todas las personas que viven de un trabajo al servicio de un patrón. Valoraba el contenido de este artículo constitucional como una nueva tesis por la cual la clase trabajadora quedó reconocida como una clase social con derechos y prerrogativas específicas. Fue de este modo como la Ley Fundamental le señaló al Estado la obligación de dar protección y respeto a la clase trabajadora.

Estos principios innovadores fueron incorporados en la Carta Magna de 1917 "porque el nuevo orden surgido de la Revolución no podía consolidarse sin que el Estado adquiriese el carácter de autoridad suprema e indiscutible para impulsar el desarrollo del país, y sin que la mayor parte del pueblo, integrado por trabajadores rurales y urbanos, contribuyera con entusiasmo a ese proceso al reconocérsele sus derechos fundamentales" 7. Esto implicó establecer un Estado que, por sus atributos y funciones no es ya el aparato clasista unilateral, de una sola clase social, como lo es el Estado liberal, sino uno de mayor complejidad.

En el artículo 130 también se innovó. Aquí la principal novedad consistió en privar de personalidad jurídica "a las agrupaciones religiosas denominadas iglesias". Esta medida, igual que otras incluidas en el texto constitucional, como la prohibición de actos de culto externo, siguieron en la línea iniciada con las Leyes de Reforma, de evitar la acumulación de poder económico y político en manos del alto clero, del que históricamente había abusado, en contra de los intereses mayoritarios del pueblo; pero fueron más allá, dando nuevos e importantes pasos.

Reformas posteriores incorporarían a la Constitución otras tesis avanzadas, sustentadas en la misma idea general de anteponer los intereses colectivos de la sociedad a los de tipo individual.

4. El Estado mexicano, esencialmente distinto del keynesiano.
Ahora bien, los nuevos atributos y funciones del Estado nuestro guardan un parecido formal con el llamado Estado regulador y Estado de bienestar, es cierto. Tanto por lo que se refiere a la función del Estado de intervenir en la economía sin dejarla a las libres fuerzas del mercado, como por lo que hace a la función de otorgar protección a las capas populares de la población. Y ese parecido es causa de confusión. Son varios los autores y las corrientes políticas que afirman que el nuestro es una reproducción de aquél, ya sea que se trate de una copia más o menos espontánea o que sea el resultado de la reproducción inducida de ese modelo que surgió en el seno del capitalismo desarrollado y que, en efecto, las fuerzas del propio capitalismo internacional impulsaron para que se generalizara.

Resulta pertinente dejar establecido, al respecto, que el momento en el que se constituyó el Estado mexicano con su nuevo perfil, ajeno a la filosofía económica y social del liberalismo, y con sus atributos y funciones descritas, fue anterior al surgimiento en la teoría y en la práctica del llamado Estado regulador y Estado de bienestar, en el ámbito del capitalismo desarrollado, por lo que en modo alguno pudo haber sido una copia ni surgido por influencia de éste. Por el contrario fue, como ya se dijo, la respuesta original e innovadora a problemas de nuestro propio desarrollo histórico. En efecto, el economista británico John Maynard Keynes escribió sus primeros ensayos sobre economía en 1919, poco tiempo después de que el Constituyente de Querétaro había terminado su obra. Pero fue hasta 1936, cuando apareció su Teoría general sobre el empleo, el interés y el dinero, su obra principal. Siete años antes había estallado la traumática crisis del capitalismo mundial de 1929, que demostró en la práctica la inviabilidad histórica del régimen inspirado en las teorías del libre mercado de Adam Smith y David Ricardo. Sólo a partir de entonces -dos décadas después de la Constitución mexicana- fue cuando Keynes se convirtió en un economista con influencia en el mundo del capitalismo imperialista, y en el teórico de la reforma que, se dijo, vendría a resolver los problemas del capitalismo, a evitar las crisis, a rejuvenecerlo y convertirlo en un sistema eterno.

Keynes reconoció que si se dejaba la economía al libre movimiento de las fuerzas del mercado, sin remedio vendría a desembocar en crisis, como la del 29. Y en esencia propuso la intervención del Estado imperialista en la economía, en calidad de árbitro entre los monopolios y consorcios, para evitar que la lucha sin cuartel acabara perjudicándolos a todos. También su intervención para financiar con dinero público las ramas de la economía menos rentables, y para rescatar las empresas en quiebra, sanearlas y devolverlas a los propietarios privados tan pronto hubieran recobrado su alta rentabilidad. Por eso, en el lenguaje keynesiano se habla de un Estado regulador. Y por eso mismo, en el lenguaje más claro de la economía política marxista, a ese mismo fenómeno se le llama capitalismo monopolista de Estado. Con fines como los señalados, el Estado expropiaría ciertas empresas o ciertas ramas de la economía. Pero no las nacionalizaría, en el sentido que Lombardo Toledano da a ese término, es decir, no las pondría al servicio de los intereses de toda la Nación.

La otra reforma keynesiana condujo al llamado Estado de bienestar (Welfare State) que debe reconocer ciertos derechos sociales y establecer ciertas prestaciones, que vienen a redistribuir una parte pequeña de la riqueza generada en la sociedad capitalista entre las masas trabajadoras. Con esto se aligeran apenas levemente la explotación y la concentración, pero en modo alguno desaparecen. Y se ganan dos ventajas para los países imperialistas: por un lado fortalecen su mercado interno -medida para disminuir los riesgos de crisis-, y por otro, tratan de evitar que las contradicciones sociales se agudicen en el seno de las metrópolis imperialistas. A cambio de esta medida, el keynesianismo condujo a la necesaria intensificación de la explotación de los países capitalistas dependientes por los imperialistas. Keynes fue el teórico que aportó salidas temporales a los problemas del imperialismo.

Como se puede observar, el Estado posrevolucionario mexicano no sólo fue anterior en el tiempo, sino diferente en su esencia con respecto del que emergió de las reformas económicas y sociales que se sustentaron en los postulados de Keynes y que, por cierto, dieron respaldo en esa etapa a las tesis de la llamada tercera vía promovidas por la Social Democracia Internacional. Las diferencias son enormes.

Empiezan por las causas que dieron origen al nuestro que, como ya se vio, fueron distintas profundamente de las que originaron el Estado keynesiano. En el caso mexicano no se trató de sacar las castañas del fuego al imperialismo, sino que fue exactamente al revés, los constituyentes iniciaron caminos novedosos que podrían conducir -y que mientras fueron aplicados, de hecho condujeron- hacia la emancipación, hacia la ruptura de la dependencia de nuestro país con respecto del imperialismo. Por eso, en el caso nuestro y no en el de las tesis de Keynes, nacionalizar es descolonizar.
Al respecto, Lombardo precisa:

"El capitalismo de Estado en los países imperialistas no significa... otra cosa que la liquidación de los estorbos a los grandes consorcios para que éstos mantengan su hegemonía en la vida económica, social y política de sus respectivas naciones y, también, para favorecer su política hacia el exterior. Pero en los países como el nuestro, en los países semicoloniales o subdesarrollados, como se les llama ahora, el capitalismo de Estado representa una de las formas de la resistencia nacional, de los intereses nacionales contra el imperialismo" 8.

5. Dependencia y clases sociales.
En el régimen de la propiedad privada de los medios de producción y cambio -régimen capitalista-, la principal contradicción es la que se da entre la clase trabajadora y la burguesía. Esta contradicción fundamental no puede cesar sino cuando ambas clases sociales desaparecen, al desaparecer el régimen de la propiedad privada, y con él la explotación de unos hombres y mujeres, por otros. En toda sociedad dividida en clases, son las contradicciones entre éstas, al ventilarse en la vida cotidiana, las que constituyen el motor del tránsito de la sociedad, o lo que es lo mismo, de las transformaciones sociales.

Ahora bien, en los países dependientes, como son la mayoría de los de América Latina, Asia y Africa, las contradicciones se vuelven más complejas. La burguesía, en términos generales, se mueve en medio de dos adversarios. De un lado, la clase trabajadora, cuya fuerza de trabajo explota. Del otro, la burguesía imperialista del exterior -o imperialismo, simplemente-, mucho más poderosa que la nativa, que explota a la Nación dependiente en su conjunto, lo que incluye a la propia burguesía nativa o burguesía nacional, a la que tiende a arruinar. En estas circunstancias, unos sectores de la burguesía nacional propenden a asociarse al imperialismo, a atar a éste sus propios intereses, convirtiéndose en sus socios menores y, por ello, subordinados. Estos sectores actúan como defensores de los intereses externos, con los que se han aliado, y en contra de los de la Nación de la que son oriundos. Esto es así porque carecen de interés patriótico. Sus vínculos económicos son los que determinan su escala de valores y su conducta.

Otros sectores de la burguesía nativa tratan de enfrentarse y competir con la burguesía imperialista. Estos sectores de la burguesía nacional con frecuencia asumen posiciones antiimperialistas y patrióticas; no, desde luego, por razones puramente éticas, sino por las de su mayor interés que tienen que ver, también en este caso, con el incremento de su economía y, en buena medida, con su propia supervivencia. Es por ello, en muchos momentos, que se ven compelidos a actuar en alianza con la clase trabajadora para enfrentar al poderoso enemigo común. Pero no por esto desaparecen sus contradicciones de clase frente a la clase trabajadora que, como ya se dijo, son fundamentales e insolubles en tanto perviva el régimen capitalista. Por eso mismo, esos sectores de la burguesía nacional, en otras batallas concretas que ventilen contra los trabajadores de su país, se aliarán sin titubeos con la otra burguesía, la proimperialista.

En torno de estas complejas contradicciones sociales se mueve cada clase social. En ese proceso traza su estrategia de lucha para defender sus intereses, establece su táctica, formula su programa y define sus alianzas.

La poderosa burguesía imperialista del exterior tiende a actuar de modo avasallador, a apropiarse de todo lo que le sea rentable y a imponer su control total sobre el país dependiente. Hacia esos objetivos encamina todos sus actos y ni siquiera acepta aliados; sólo subordinados. Y dentro de esa tendencia, trata de tomar en sus manos la dirección de la vida pública a través de quienes se presten a ser sus instrumentos, ya sea de modo inconsciente o consciente; esto último es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Tales individuos pueden acceder a las posiciones de mando por medios diversos, ya sea conspirativos, cuartelarios o formalmente democráticos, que lo mismo da, tanto para ellos como para el imperialismo. De hecho, la historia de México y de los demás países dependientes registra casos de todos esos tipos, en abundancia. Lo único que importa al imperialismo es que le sirvan bien y con docilidad; y mientras eso ocurre, los aprovecha; igual que con desenfado los desecha cuando ya no le son de utilidad. Y cuando sus ambiciones y su proceso expansionista topan con algún gobierno nacionalista y patriótico, trata de eliminar ese obstáculo sin reparar en medios de ninguna naturaleza. De igual modo trata de evitar que fuerzas de ese signo, que aún no ocupan posiciones de gobierno, se desarrollen y puedan convertirse en un obstáculo para sus intereses de dominio. Por ello las combate también sin que le preocupe si para ello haya de recurrir aun a los procedimientos más atentatorios contra la ética y la justicia.

Con respecto del Estado nacional de los países dependientes, la tendencia del imperialismo es a arrebatarle su soberanía, atributo que, como se sabe, es el fundamental de todo Estado. Es decir, quiere convertirse el propio imperialismo en la autoridad suprema, la que imponga sus decisiones, la que resuelva en última instancia, suplantando en esa calidad al Estado nacional y anulando el derecho que les compete en ese sentido a las diversas instituciones y fuerzas del país de que se trate. Por tanto, tiende a diluir al Estado como entidad soberana al servicio de intereses nacionales. Tiende a liquidarlo y a establecer como sustituto un aparato administrativo que sea dependiente del todo, leal a los intereses de fuera, y eso sí, represivo, llegado el caso, sin escatimar ferocidad ni medios, con el fin de impedir que prosperen las potenciales protestas y luchas populares.

La burguesía nativa subordinada a los intereses del imperialismo supedita su conducta de modo invariable a los intereses y designios de sus socios de fuera. Su calidad de socio menor, subordinado, implica que carezca de intereses propios diferenciados de los de su socio mayor. Actúa por eso mismo en calidad de simple agente de esas fuerzas externas y cumple las funciones que ellas le asignen. No es, en términos estrictos, una fuerza que deba considerarse aparte, sino un mero apéndice del imperialismo.

Por su lado, el otro sector de la burguesía nativa, el que opta por competir con el imperialismo y trata de sobrevivir a los embates de éste, necesita para sus fines de la existencia de un Estado nacional fuerte, que sea capaz de resistir a la poderosa ofensiva del exterior. Y requiere que el Estado tenga un perfil nacionalista y que posea las facultades para proteger los intereses de esa burguesía nacional. Que proteja sus mercados y sus bienes, y que le ayude a abrirse paso en otros mercados. En fin, demanda que el Estado cree las condiciones propicias para que esta clase social prospere.

Por otra parte, la clase trabajadora tiene sus propias aspiraciones. Desea que desaparezca toda forma de explotación, y esto expresa su contradicción frente a toda la burguesía, extranjera y local, incluso la que se asume patriótica y antiimperialista. Aspira a que surja una nueva sociedad en la que todos los hombres puedan convivir bajo las reglas de la más completa fraternidad. En la que la igualdad no sea sólo jurídica. En la que el hombre deje de ser el lobo del hombre. Esa es su aspiración histórica. Su emancipación definitiva implica imprimirle cambios profundos a la sociedad. Cambios revolucionarios a la estructura y a todo el entramado social. Cambios que, para lograrlos, le es indispensable que se transforme el Estado, que deje de ser uno diseñado conforme a los intereses de la burguesía; que adquiera un distinto perfil y diferentes atributos y funciones, acordes a los intereses de la clase trabajadora. Y más adelante, de acuerdo con los clásicos del marxismo, exige la desaparición del Estado, en su calidad de aparato para el dominio de una clase social sobre otras.

En ese camino, la clase trabajadora aspira, en lo inmediato, a mejorar las circunstancias en que se desenvuelve su vida. Quiere una menos injusta retribución por su trabajo. Desea que se le reconozcan sus derechos y se manifiesten también en prestaciones que, si no logran la equidad en el corto plazo, sí eleven las condiciones de su existencia. Quiere que sus gobernantes sean, como diría Morelos, siervos de la Nación, que estén dispuestos a atender sus necesidades y no vean sólo por los intereses de los poderosos. Anhela que la sociedad vaya avanzando hacia la justicia. Y todas sus aspiraciones, no sólo las históricas sino aun las de corto plazo, chocan de inmediato con una realidad adversa en el caso de los países dependientes. El imperialismo no está dispuesto a ceder nada en absoluto. Ni mejores salarios ni prestaciones adecuadas ni mejoría en las condiciones de vida. Nada que reduzca ni en lo mínimo su tajada del pastel. Su interés es el de explotar, saquear, incrementar el lucro sin límites.

Si acaso, hará concesiones a la clase trabajadora allá, en la metrópoli, pero no aquí. Allá hará concesiones sólo en el mínimo necesario para que no languidezca su mercado interno y, a la vez, para que no se agudicen las contradicciones sociales dentro de su propia casa al grado de volverse peligrosas para la gobernabilidad. Prefiere, en todo caso, que las contradicciones sociales se agudicen en su periferia, en los países dependientes. También por esta razón es que hace concesiones a la clase trabajadora, allá en la metrópoli, pero no en la periferia, como una manera de exportar los peligros de estallidos sociales.

En estas condiciones, las justas aspiraciones de la clase trabajadora no pueden avanzar en el caso de los países dependientes. Si ya es difícil que le arranque conquistas sociales a la burguesía nativa, es casi imposible que se las quite al imperialismo. Por eso, para avanzar hacia la conquista de sus proyectos requiere de inmediato y en primera instancia, conquistar la independencia de su país. La requiere a plenitud, en lo político, pero también en lo económico. Porque en tanto su país carezca de independencia y soberanía, no puede lograr la libertad ni la justicia; no puede aspirar a que su explotación, no digamos que desaparezca, que eso como ya vimos requiere de transformaciones más profundas; ni siquiera a que disminuya. Por eso es que la clase trabajadora de los países dependientes, en la medida en que toma conciencia de esta realidad, pone en el primer lugar de su estrategia la lucha contra el imperialismo, al que identifica adecuadamente como su principal enemigo o la parte más aguda de la contradicción fundamental.

Por eso es que, sólo en el caso de los países dependientes, se da un amplio espacio de coincidencias entre la clase trabajadora y la burguesía nativa no subordinada al imperialismo, a la que podría llamársele con propiedad burguesía nacionalista. Espacio de coincidencias que en modo alguno implica que cese la contradicción fundamental que enfrenta históricamente a estas dos clases sociales. Ni evita que estas contradicciones se reflejen en una lucha cotidiana entre ambas, en las esferas de la economía, de la ideología y de la política. Lo que sí hace es sobreponerle otra contradicción, la que se da entre el imperialismo y la nación dependiente en su conjunto. Con este otro elemento, el del imperialismo como enemigo común de la clase trabajadora y de la burguesía nacionalista, en el caso de los países dependientes, la dinámica de las transformaciones sociales adquiere mayor complejidad.

Ahora bien, el hecho fue que en 1917, al surgir el nuevo Estado mexicano, la burguesía nacionalista de la época, que había encabezado la Revolución y tomaba el Poder en sus manos, carecía de la fuerza suficiente para erigirse en clase social dominante por sí sola, al margen de la clase trabajadora del campo y de la ciudad. Y la clase trabajadora tampoco tenía la fuerza para tomar en sus manos la hegemonía de la sociedad; pero sí tenía en cambio un peso social que no podía ser marginado por la burguesía sin pagar por ello el alto costo de la derrota frente al imperialismo y, en este caso, los latifundistas.

En estas condiciones fue que surgió un Estado novedoso, en el que la burguesía nacionalista quedó como clase social dominante, pero no pudo obtener el poder omnímodo. Un Estado en el que la clase trabajadora ganó espacios de considerable magnitud, que se reflejan sobre todo en los nuevos atributos y funciones que le fija el Constituyente al Estado mexicano. Espacios que, consecuentemente, lucharía por ampliar en el porvenir inmediato.

Pero además de estas dos clases sociales, dentro del nuevo Estado mexicano también quedaron enquistados desde sus inicios elementos representativos de la otra burguesía, la proimperialista, sector que desde entonces, atendiendo a los intereses del imperialismo, haría esfuerzos por revertir los avances plasmados en la Carta de 1917 y restablecer las condiciones que permitieran la recolonización económica de México. Por todo esto, éste fue un Estado novedoso y en muchos aspectos avanzado, pero preñado de contradicciones. Un Estado que contuvo en su seno desde sus inicios el fenómeno dialéctico conocido como unidad y lucha de contrarios, fenómeno que también le impuso una peculiar dinámica interna. Hubo en el seno de este Estado, desde sus inicios, unidad y lucha -en unos u otros momentos más de lo uno que de lo otro-, entre los dos sectores de la burguesía -nacionalista y proimperialista- que eran aliados y adversarios a la vez; entre la clase trabajadora y la burguesía nacionalista, que también tenían coincidencias en ciertos intereses, y otros que eran opuestos; y, finalmente, sólo lucha, sin ningún tipo de unidad ni coincidencias, entre la clase trabajadora y la burguesía subordinada a los intereses del exterior.

Así, con esas contradicciones internas, el Estado mexicano surgido en 1917, fue sin embargo realizando sus actividades y creando instituciones nuevas. Tanto las actividades cotidianas como las nuevas instituciones iban resultando contradictorias, no podría ser de otra manera; unas avanzadas, impulsadas sobre todo por los intereses de la clase trabajadora, inspiradas en el principio de que los intereses colectivos de la sociedad deben ir por delante de los particulares del individuo; pero otras que contrariarían esa tesis medular y que mirarían y han mirado de nueva cuenta hacia el individualismo liberal y hacia las tesis del libre mercado. Unas, patrióticas, propugnando por la plena independencia económica y política de México, impulsadas por la coincidencia entre la clase trabajadora y el sector nacionalista de la burguesía, y otras entreguistas, promovidas por los intereses contrarios.

Las instituciones así construidas, muchas de ellas resultaron vigorosas. En su interacción con las clases sociales, sus luchas y acciones, produjeron frutos que se han reflejado en las distintas esferas de la vida pública, como la economía, el derecho, la cultura y la política. Por esa vía, compleja y contradictoria, sin embargo vino avanzando México, aunque en forma zigzagueante. Con pasos adelante y estancamientos. En etapas caminó resuelto hacia su emancipación, para luego frenarse o, de plano, dar vuelta atrás. Así sucedió durante el período de Miguel Alemán (1946-1952), gobierno francamente contrario a los intereses del pueblo y de la Nación. Y más categóricamente todavía a partir de la llegada de los neoliberales, Miguel de la Madrid (1982-1988), Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000) y Vicente Fox, cada uno continuador y profundizador, a la vez, de la herencia del anterior. En esta última fase el camino desandado ha sido enorme. El Estado surgido de la Revolución en gran parte ha sido desmontado. México ha perdido independencia y soberanía, y se ha convertido en gran medida en colonia del imperialismo yanqui.

6. Quiénes y para qué quieren "reformar" al Estado.
En la concepción lombardista no habría que "reformar" al Estado. Habría que nacionalizarlo, esto es, convertirlo en instrumento al servicio de la Nación, de las clases sociales que la componen, la burguesía nacional y todo el conjunto de la clase trabajadora, donde no tendrían cabida ni representación los intereses del imperialismo y sus agentes, donde estaría excluida, por lo mismo, la burguesía proimperialista. Nacionalizar el Estado equivaldría a establecer el régimen de la democracia nacional, previo a la democracia popular, fase en la que el Estado, luego de otra transformación profunda, con un nuevo perfil, estaría ya al servicio de la clase trabajadora, sería un Estado socialista. Así se daría, en el caso de México, la fase de transición hacia la sociedad sin explotadores ni explotados, la sociedad socialista, y se iniciaría la construcción de la sociedad comunista.

La idea, en cambio, de que habría que reformar al Estado mexicano surgió inicialmente del gobierno de Salinas de Gortari (1988-1994) El se proclamó el gran modernizador, y se equiparó a Gorbachov. Las medidas que instrumentó para tal "reforma" consistieron en dar un mayor impulso a las privatizaciones, que ya se habían iniciado en el sexenio anterior. En el abatimiento deliberado de los salarios para atraer inversiones del exterior. En la suscripción del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. En el ataque frontal contra artículos fundamentales de la Constitución, el 3º, 27, 82 y 130. Para él, reformar al Estado equivaldría a reducirlo a su mínima expresión, volver a las ideas del Estado vigilante, con apenas una mínima participación social, de carácter asistencialista y, él sí, populista a la vez, entendido el populismo como la manipulación engañosa de las necesidades del pueblo. A esa modalidad del neoliberalismo dependiente le llamó pomposamente "liberalismo social".

Otras voces impulsoras de la idea de reformar al Estado han venido de la derecha tradicional y de la seudo izquierda socialdemócrata. Sus interpretaciones sobre el contenido y el rumbo de la tal reforma varían en matices. Ninguna apunta hacia el camino de ponerlo al servicio de la Nación -nacionalizarlo, en la expresión de Lombardo-, y menos todavía al servicio de la clase trabajadora. De una u otra manera, algunas con claridad, otras con confusión, algunas con ingenuidad -aun las que dentro de todo esto proponen algunos cambios positivos menores-, en el fondo todas retoman, sin embargo, las tesis que apuntan hacia la consolidación del dominio irrestricto del capital financiero internacional y de los monopolios transnacionales en el campo de nuestra economía y, por ende, al dominio de nuestra vida política y social, a la pérdida total de nuestra independencia como Nación.

Todas apuntan finalmente hacia la conversión del Estado en un aparato sin soberanía, supeditado del todo a fuerzas más poderosas del exterior, lo que equivale a un cambio cualitativo hacia atrás, a convertirlo en un aparato que ya no es un Estado nacional, porque el primer atributo de todo Estado es precisamente su soberanía. Despojar a la Nación de la Independencia y despojar al Estado de la soberanía son tareas que van unidas. Porque una colonia o una neocolonia no requiere de un Estado soberano ni puede tenerlo. Apenas un seudoestado mínimo, un aparato de administradores al servicio de los intereses del imperialismo y sus agentes, que es, por cierto, el proyecto también de la llamada Área de Libre Comercio de las Américas, (ALCA) Con la novedad de que ahora, gracias a la falsa democracia puramente formal que han implantado, nos dejan elegir al virrey de entre dos o tres, que nos presentan como candidatos, todos ellos, desde luego, previamente comprometidos con el poder real, el poder imperialista. Lo mismo hubiera dado Fox que Labastida, en el caso de México; otros países hermanos pueden hacer su ejercicio de sustituir esos apellidos por otros concretos, con el mismo efecto. Y eso sí, un poderoso aparato represivo, cada vez más, porque en la medida en que se vaya desgastando la ilusión democrática como mecanismo de control, recurrirán de nueva cuenta a las políticas de mano dura, cada vez más, a la anulación de los derechos civiles y democráticos, y de las garantías individuales.

Referencias bibliográficas:

1.Vicente Lombardo Toledano. "El Estado en México, sus actuales funciones y su responsabilidad histórica", en Escritos acerca de las constituciones de México. México, 1992, Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales VLT. Tomo I, p. 28.

2. Vicente Lombardo Toledano. "Las tesis fundamentales de las Constituciones", en Escritos acerca de las Constituciones...", op. cit. Tomo I, p. 110.

3. Vicente Lombardo Toledano. "Cumplir la Constitución y mejorarla", en Escritos acerca de las Constituciones...", op. Cit. Tomo I, p. 264. (Discurso pronunciado el 7 de enero de 1967 durante la cena anual del Partido Popular Socialista)

4. Ibidem.

5. Ibidem, pág. 265.

6. Vicente Lombardo Toledano. "Las tesis fundamentales...", op. cit. p. 112.

7. Vicente Lombardo Toledano. "Iniciativa para adicionar la Constitución con un nuevo capítulo en materia económica", en Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. México, 5 de octubre de 1965. Fue publicada con el título de "Un nuevo capítulo en materia económica", en Iniciativas parlamentarias para beneficio del pueblo, 1947-1993, Partido Popular Socialista. México, 1994, edición de la Fracción Parlamentaria del PPS, LV Legislatura, en dos tomos. Tomo II, pp. 133-143; la cita se puede encontrar en la p. 134.

8. Vicente Lombardo Toledano. "El Estado en México, sus actuales funciones...", op. cit. pág. 32.

Bibliografía General:

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LENIN, Vladimir Ilich. "El imperialismo fase superior del capitalismo", en V. I. Lenin. Obras Escogidas. Moscú, Editorial Progreso, 1969.

LENIN, Vladimir Ilich. "La economía y la política en la época de la dictadura del proletariado", en V. I. Lenin. Obras Escogidas..., op. cit.

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LOMBARDO TOLEDANO Vicente. "Iniciativa para adicionar la Constitución con un nuevo capítulo en materia económica", en Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. México, 5 de octubre de 1965.

LOMBARDO TOLEDANO Vicente. "Las tesis fundamentales de las Constituciones", en Escritos acerca de las Constituciones de México. México, Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales VLT, 1992. Tomo I.

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LOMBARDO TOLEDANO Vicente. "El Estado en México, sus actuales funciones y responsabilidad histórica", en Ibidem.

MARX, Carlos. "Crítica al programa de Gotha", en Marx y Engels. Obras Escogidas..., op. cit.

MARX, Carlos. "La guerra civil en Francia", en Ibidem.

MARX, Carlos. "Prólogo a la contribución a la crítica de la economía política", en Ibidem.

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