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a)
El falso dilema: apertura indiscriminada o proteccionismo a ultranza
El
desarrollo de las fuerzas productivas debe servir fundamentalmente
al propósito de elevar de manera sistemática los niveles
de bienestar y progreso material del pueblo mexicano.
Por
esta razón se debe rechazar la tesis consistente en que el
pueblo -en el afán de crear primero la riqueza para después
distribuirla- debe postergar sus demandas sociales y de progreso
material, porque el desarrollo de las fuerzas productivas y el crecimiento
debe correr al parejo con la elevación del bienestar popular.
Los
neoliberales -en su interés por justificar la entrega de
la economía nacional al capital extranjero-, nos presentan
el falso dilema: nos abrimos sin ninguna restricción al capital
extranjero o quedamos rezagados de la modernización y de
la globalización.
Al
respecto cabe recordar que desde la lucha por la independencia de
México respecto de la corona española, existen dos
concepciones acerca del desarrollo de las fuerzas productivas: una,
basada en el fatalismo geográfico e histórico, estimulado
ahora por la globalización y el papel destacado del comercio
internacional, que consiste en sostener que sin la ayuda, la concertación
y ahora la integración con los Estados Unidos el desarrollo
de México sería una tarea imposible de lograr, y la
otra, derivada de nuestras luchas históricas desde la Independencia,
la Reforma y el movimiento revolucionario de 1910, consistente en
destacar las altas potencialidades productivas del pueblo mexicano
y su inquebrantable espíritu y convicción, de que
es posible progresar con independencia del exterior.
Partiendo
de la convicción de que el desarrollo y la modernización
de las fuerzas productivas no es incompatible con la preservación
de nuestra independencia económica, se puede afirmar que
esto no significa necesariamente una posición de enfrentamiento
violento con otras naciones poderosas.
Es
más, que el papel preponderante que hoy ocupa el comercio
internacional como factor de impulso al desarrollo económico
de las naciones debe ser aprovechado para ese fin por nuestro país,
pero a partir de considerar su carácter transitorio, por
lo cual la base de nuestro desarrollo debe ser el mercado interno.
Porque
no se debe olvidar que en plena etapa del desarrollo de los monopolios
transnacionales, los espacios que abandone el Estado en el área
económica, son de inmediato ocupados por éstos, y
no por la entelequia denominada "sociedad civil".
Está
demostrado, que ni la política de nacionalizaciones, ni la
de sustitución de importaciones para proteger la planta productiva
nacional fracasaron, sino que cumplieron sus objetivos esenciales,
y que los fracasos parciales que se registraron obedecen precisamente
a que se desvirtuaron sus objetivos nacionalistas.
Por
ejemplo, en el caso de la sustitución de importaciones, no
se logró un mayor avance en el desarrollo de las fuerzas
productivas porque jamás se quiso atender la demanda del
sector revolucionario, consistente en desarrollar no sólo
la industria ligera, productora de bienes de consumo, sino además
la industria de bienes de capital; tampoco se impulsó el
desarrollo y la investigación de la ciencia y la tecnología,
y al no hacerlo el país mantuvo la dependencia económica,
científica y tecnológica.
En
cuanto a las empresas que integraron el sector nacionalizado, algunas
de ellas se convirtieron en ineficientes porque su dirección
y administración se dejó en manos de los propios enemigos
del sector estatal, porque se utilizaron para subsidiar al gran
capital y porque se excluyó de su dirección a la clase
trabajadora.
b)
La contrarreforma neoliberal en el campo
A
partir de 1982 se impuso en el gobierno y en el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) un nuevo sector de la burguesía gobernante
compuesto por tecnócratas educados en universidades extranjeras
sobre todo estadunidenses y a partir de diciembre del 2000, un gobierno
surgido formalmente del derechista Partido de Acción Nacional
(PAN), representante genuino de los intereses del imperio, quienes
en conjunto han sido -en los últimos 20 años- los
encargados de la aplicación del proyecto neoliberal, que
es diametralmente opuesto al proyecto histórico de desarrollo.
En particular en el sexenio 1988-1994, fueron los autores de profundas
reformas en el sector agropecuario, sumamente negativas y que se
han sucedido vertiginosamente, aplicándose sus principales
componentes sin ninguna contemplación.
La
aplicación de ese credo, significó actuar con base
en el diagnóstico neoliberal, según el cual los problemas
por los que atravesaba la agricultura, hasta el inicio de los años
ochenta, tenían como causa principal el intervencionismo
estatal, la consiguiente falta de libertad de los mercados y la
presencia de un sector campesino que era incapaz de responder a
los retos de la modernización, por lo que se consideraba
necesario eliminar las distorsiones en la asignación de los
recursos y traspasar el mando de la agricultura al capital privado,
para lograr impulsar la inversión, el cambio tecnológico
y el crecimiento de la producción.
Con
base en ese diagnóstico, a partir de 1982 se dio una redefinición
de la presencia directa e indirecta del Estado en la actividad agrícola,
que se expresó, entre otras cosas, en la progresiva eliminación
de subsidios por la venta estatal de fertilizantes y en el uso de
electricidad; en la sustancial reducción de apoyos crediticios
de la banca oficial; en la privatización del seguro agrícola
y pecuario, en la desregulación paulatina del abasto de productos
básicos, eliminando la mayoría de las funciones antes
asignadas a CONASUPO; y en la menor asistencia técnica ofrecida
a los productores.
La
eliminación del quehacer estatal se acompañó,
asimismo, de un conjunto de políticas articuladas en torno
a los siguientes dos ejes:
?La desprotección respecto de la competencia internacional,
buscando igualar los precios agrícolas de México con
los existentes a nivel mundial, proceso éste que, fue más
rápido para la agricultura que para el resto de la economía
nacional, y que utilizó los instrumentos como son: la baja
generalizada de aranceles; el reemplazo de los permisos previos
de importación por tarifas, etc.
?La
redefinición de las direcciones de la producción agrícola,
otorgando mayor primacía a la producción para la exportación
y asignando un papel totalmente marginal a la producción
para el mercado interno. En apoyo de esa reconversión productiva,
se fueron reduciendo paulatinamente los precios de garantía
y se culminó con el reemplazo de dichos precios por pagos
directos por hectárea a los productores de básicos
a través de PROCAMPO, lo cual, junto con la equiparación
de los precios internos con los internacionales, empujaría
a los productores a desplazar su actividad hacia aquellos cultivos
-o incluso hacia la producción pecuaria, forestal, etc,-
en que tuviesen ventajas comparativas.
Todos
estos cambios, se expresaron de manera concentrada en una verdadera
contrarreforma agraria, que se aplicó desde principios de
1992 introduciendo distintas modificaciones al artículo 27
constitucional. A través de dichas modificaciones, que dio
por terminado el reparto agrario, se buscó crear las condiciones,
para redefinir por completo el perfil de la propiedad agrícola,
abriendo la posibilidad de participación del capital privado
nacional y extranjero en las tierras ejidales y comunales, las cuales
pueden ser objeto de compra?venta, de arrendamiento y de contratos
de asociación. Con ello, según la argumentación
de la tecnocracia neoliberal, se buscaba dar certidumbre jurídica
a la tenencia de la tierra; incrementar la producción y la
productividad y capitalizar las actividades agrícolas con
el apoyo del sector privado.
En
la negociación y firma del TLC, la agricultura se transformó
en el mejor de los instrumentos para acelerar y profundizar al extremo
el proyecto neoliberal. Fue en el marco de esas negociaciones que
se asumieron los compromisos de completar la liberalización,
apertura y privatización de la producción agrícola,
de acelerar la llamada reconversión productiva, y de crear
para todo ello una nueva legislación agraria: reformas al
artículo 27 constitucional, Ley Agraria, Ley de Aguas, Ley
Forestal. etc.
A
diferencia de las negociaciones para ingresar al Acuerdo General
sobre Aranceles y Comercio GATT (por sus siglas en inglés),
en el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) firmado a nombre de México por el gobierno tecnócrata
neoliberal con Estados Unidos y Canadá, no hubo intento alguno
para defender el régimen de tenencia de la tierra, los empleos
e ingresos de los campesinos, y la seguridad alimentaría
nacional. Por el contrario, todo ello fue abandonado en la negociación,
y las abismales diferencias existentes entre la agricultura mexicana
y la de sus dos "socios", fueron reducidas en el papel
a un simple manejo de los tiempos de la apertura, presentándose
como un gran "triunfo" el periodo de quince años
para la desgravación del maíz y el frijol, productos
éstos que absorben alrededor del 50% de la superficie agrícola
disponible.
Esto
explica que en nuestro país se esté dando un proceso
de descampesinización y que además el problema alimentario
se haya agravado al sustituir la producción nacional por
la extranjera ocasionando tal dependencia del país que en
menos de 10 años se pasó de 40 a 80 productos importados.
Actualmente,
la dependencia alimentaria es de 95 % en oleaginosas, 50 en arroz,
40 en carne roja y, hasta del 30 por ciento en maíz. Se calcula
que el 86 por ciento del total de carne deshuesada que consume el
país proviene del exterior. Las compras de carne a Estados
Unidos crecieron 60 por ciento en volumen y 36 por ciento en valor
a partir de 1996. Como se ve el problema alimentario no tiene solución
en el modelo neoliberal.
El problema alimentario está plenamente ligado a la exclusión
de los agricultores nacionales de la producción de básicos
para el consumo del país, los procesos de pauperización
rural, desnutrición, descampesinización, migración,
e incorporación de las mujeres y los niños al mercado
de trabajo, así como el encarecimiento para el consumidor
de los bienes alimenticios y la dependencia creciente de Estados
Unidos en la materia, entre otros factores.
Sin
embargo, para los neoliberales, las importaciones son necesarias
porque el campo mexicano no es capaz de producir los bienes necesarios
para la alimentación, por lo que se requiere complementar
la oferta, como si el problema se redujera a la cuestión
productiva.
Pero
ocultan, que su política obedece solamente y de manera servil
a las directrices e intereses del imperio, sin importar los problemas
económicos, políticos y sociales que puedan ocasionar
a nuestro país. Por ejemplo, en el caso del frijol -pese
a que en el TLC se negoció que hasta después de 15
años se permitiría la entrada sin impuestos a la importación
de ésta leguminosa, y en tanto se dejaría que una
cuota equivalente a 56 mil toneladas quedara libre de arancel-,
desde 1996 se abrieron las fronteras a la importación. Tan
sólo en 1998 se adquirieron en el exterior 171 mil toneladas
sin el arancel correspondiente del 111.2 por ciento.
Mientras
tanto, para 1999 había 10 mil toneladas de frijol sin comprador
en Durango, 40 mil en Sinaloa, 30 mil en Zacatecas y 100 mil en
Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Campeche. No obstante tan sólo
de Argentina se importaron 60 mil toneladas. En el caso del maíz,
el ejemplo de que los intereses extranjeros están por encima
de los nacionales, es más significativo, ya que mientras
sólo en el estado de Sinaloa había 780 mil toneladas
sin comprador se permitió la entrada al país de 6
millones de toneladas de maíz forrajero amarillo para alimentar
a los mexicanos.
Se comprueba entonces que el retiro del Estado en un sector prioritario
y estratégico al reducir la inversión pública,
al permitir la apertura comercial, provocar la fijación de
precios bajos para los productores -no para los consumidores- tienen
como fin abaratar los insumos agrícolas para beneficiar a
la gran industria nacional y a las transnacionales exportadoras
de Estados Unidos, y al liberar recursos presupuestales que no dedican
al campo, estos quedan para beneficiar a la burguesía, por
ejemplo a los banqueros.
En
suma, como parte del proyecto neoliberal se ha abandonado cualquier
intento por formular y aplicar una política de fomento agrícola
y, más en general, se ha desechado toda posibilidad de definir
socialmente el rumbo del campo mexicano. La capacidad de definir
ese rumbo se ha trasladado por completo al capital privado, la estructura
del sector se ha dejado sujeta a las "señales del mercado"
y el dinamismo de la producción se ha hecho recaer en las
actividades de exportación, que en muy poco benefician al
país.
c)
Los saldos del proyecto neoliberal en el campo
El
proyecto neoliberal, ha dejado en el agro mexicano una muy amarga
herencia, acentuando al máximo los problemas previamente
existentes y generando otros nuevos.
Por
una parte, y al igual que en otros ámbitos, en la agricultura
el balance es negativo incluso en el interior de la lógica
neoliberal, dado que ni siquiera fueron medianamente cumplidos los
objetivos que el propio neoliberalismo se había fijado para
el campo. Es así que, en términos generales:
Las
reformas al artículo 27, dieron cobertura legal a la renta
y venta de parcelas ejidales, pero no han conducido a un proceso
masivo de inversiones privadas en el campo, ya que la mayor parte
de los proyectos de compra y asociación ha estado concentrada
sólo en algunas regiones del país, que son las más
productivas del país.
El objetivo de superar el minifundismo, creando un mercado interno
de tierras que permita una acelerada concentración de la
propiedad, también ha estado lejos de cumplirse, e incluso
lo que se ha dado es una acentuación del reparcelamiento
interno, acompañado de un notorio fracaso del Programa de
Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de
Solares Urbanos (PROCEDE), con el cual el gobierno se proponía
acelerar la medición, delimitación y titulación
parcelaria?, como paso previo necesario para la privatización.
Es
muy poco lo que han crecido las exportaciones agrícolas,
y menos aún las de productos no tradicionales, con lo cual
la balanza comercial agropecuaria ha arrojado saldos deficitarios
desde 1983 en adelante.
Podemos resumir que el modelo que se ha venido aplicando en el campo
mexicano en los últimos años tiene los siguientes
rasgos centrales:
- La
reestructuración agraria y productiva; el desmontaje de
la reforma agraria, la modificación del artículo
27 constitucional
- La
reducción de la participación estatal que incluye
la transferencia de la comercialización y producción
de insumos y servicios al mercado;
- La
eliminación de subsidios a la producción;
- La
apertura comercial, expresada principalmente en el Tratado de
Libre Comercio de Norteamérica (TLC), en el Acuerdo recién
firmado con la Unión Europea y acuerdos bilaterales.
- Una
política social de sobrevivencia, para los más pobres,
que fue primero parcialmente la lógica del Programa Nacional
de Solidaridad (PRONASOL) y luego ya totalmente la del Programa
de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA).
Algunos
datos actuales de la situación en el campo reflejan dramáticamente
esta realidad:
- El
promedio de ingreso en zonas rurales es inferior al salario mínimo
- 8.8
millones de personas viven en pobreza extrema
- 10
millones de personas se consideran en pobreza moderada
- La
escolaridad promedio es de 3.3 años escolares
- Los
recursos totales para el combate a la pobreza fueron de 12,750
millones de pesos, que son equivalentes a 1500 millones de dólares,
que representan el 6.5% de lo que se paga por deuda externa.
- La
participación en el PIB sólo creció 1.5 %
en el periodo 82-88, en el período 94-98 decreció
1.96 % (TLC), en 1997 decreció 1.7% y en 1998 (segundo
trimestre) decreció 4.5 %
- Hay
una gran diferenciación en el desarrollo productivo por
sectores y regiones
- Se
registra la disminución del empleo agrícola y del
salario
- Se
ha generado una migración generalizada hacia zonas de agroproducción
para la exportación, ciudades grandes y los EE.UU. de Norteamérica.
- Existe
un proceso de desintegración de la Unidad familiar campesina.
- Se
ha creado una nueva ruralidad y una nueva relación ciudad-campo
II.-
El latifundismo "moderno".
La
reforma agraria tuvo por objeto multiplicar las fuerzas productivas
y cambiar las relaciones de producción en el campo. Para
ello había que liquidar los latifundios que sólo se
cultivaban en mínima parte, de un modo primitivo, devolver
a las comunidades agrarias las tierras que habían perdido
y dotar de ellas a los núcleos de población rural
que nunca las habían poseído. La medida tenía
como fin también liberar a los peones de su situación
próxima a la esclavitud, anular los contratos inicuos de
aparcería, y convertir a los campesinos en factores de producción,
para que pudiera elevarse su nivel de vida y para crear un mercado
nacional con creciente capacidad de compra.
Con
todas las vicisitudes por las que ha atravesado la reforma agraria
desde su inicio hasta 1992 -año en que el gobierno de Carlos
Salinas de Gortari no sólo decretó el fin del reparto
agrario sino que privatizó el ejido-, esta hizo posible el
aumento de las fuerzas productivas del campo, la diversificación
de la agricultura y el mejoramiento del poder adquisitivo de las
masas rurales, y logró la industrialización de las
últimas décadas.
Ahora
bien ¿Cuál fue el proceso de la distribución
de la tierra? El territorio nacional cuenta con un total de 197
millones de hectárea; se repartió alrededor de un
53 por ciento en la forma social de la propiedad, es decir, 104.7
millones de hectáreas en ejidos y comunidades, 34 por ciento,
es decir, 67 millones de hectáreas se mantiene como forma
privada de la tierra.
Se
calcula que cuando entró en vigor el decreto neoliberal que
dio por terminado el reparto agrario, existían alrededor
de 2 millones de campesinos sin tierra y aproximadamente 30 millones
de hectáreas en manos de latifundistas. A esto hay que agregar
que las reformas a la Constitución general de la República,
para privatizar abrieron las puertas al neolatifundismo, ya que
se permite la concentración de la tierra en las siguientes
magnitudes 2 500 hectáreas de riego de humedad, 5 000 de
agostadero de buena calidad, 3 750 de algodón, 7 500 de caña
de azúcar y plátano, 250 000 para la ganadería.
Y según los índices de agostadero, en algunos estados
del país puede llegar a superficies hasta de medio millón
de hectáreas. Y en materia de bosques las superficies mínimas
pueden llegar hasta las 20 000 hectáreas.
Todo
esto con el componente negativo de que además permite la
presencia del capital extranjero a través de las sociedades
mercantiles, generando lo que podría denominarse latifundios
corporativos.
Si la reforma Agraria en nuestro país tuvo un carácter
antifeudal y antiimperialista las reformas neoliberales tienen un
sentido netamente capitalista y proimperialista, porque además
de convertir al ejido en una mercancía cualquiera pone en
peligro la soberanía e independencia nacional.
La
Reforma Agraria entonces no sólo quedó inconclusa
desde el punto de vista del reparto agrario -que si bien terminó
con la concentración de la tierra como sistema de producción,
todavía quedaron muchos latifundios-, mucho menos se aplicó
de manera integral, porque careció de un plan científico,
en que se contemplara el crédito, seguro, asistencia técnica,
infraestructura, producción de insumos a precios accesibles,
comercialización, etc., y es que si se hiciera un estudio
de las propiedades rurales, se vería que la mayor parte de
ellas y las más prósperas pertenecen a políticos
que han ocupado cargos públicos y a elementos que se han
enriquecido con el apoyo de los funcionarios de la administración
pública.
El
neolatifundismo que ha surgido por la privatización del ejido,
consiste ahora en la monopolización de la potencialidad productiva
las mejores tierras. El neolatifundismo moderno no es la propiedad
en sí, sino monopolización de la producción,
sobre todo la asociada al capital extranjero, destinada a la exportación
o bien para la industria de exportación.
Por
otra parte, y esto es lo más importante, el balance del sector
agrícola es abrumadoramente negativo desde una perspectiva
distinta a la neoliberal, en la cual se incluyan elementos básicos
que han estado ausentes en el proyecto gubernamental.
Desde
esa distinta perspectiva, resulta evidente que el neoliberalismo
ha profundizado a niveles extremos el deterioro que ya existía
en el agro, sumiéndolo en la peor crisis de los últimos
setenta años. Dicha crisis, ha tenido dos conjuntos de expresiones
vinculadas, el primero, al deterioro de la situación de los
campesinos y empresarios agrícolas, y el segundo a la creciente
incapacidad de la agricultura para cubrir las necesidades alimentarias
nacionales.
Respecto
de la situación de los campesinos y empresarios agrícolas,
el hecho central que se debe tener presente es que ellos han sido
duramente golpeados por el neoliberalismo, si bien de manera diferenciada:
En
lo que respecta a los campesinos, ellos simple y llanamente no tienen
papel alguno que cumplir en la modernización neoliberal,
habiendo recibido todos los perjuicios posibles de la falta de créditos
oficiales, de la disminución del gasto público orientado
al desarrollo rural, de la disminución real de los precios
de garantía y de la apertura comercial.
En los hechos, la totalidad de los campesinos pobres y una buena
parte de los campesinos con ingreso medio han sufrido una violenta
depauperación, perdiendo toda función económica
y transformándose en destinatarios del asistencialismo, y
lo mismo puede decirse de la gran mayoría de las comunidades
indígenas distribuidas a lo largo del campo mexicano.
El
hecho de que el 75% de la población en las zonas rurales
no alcance a cubrir los mínimos nutricionales y que en esas
zonas el 15% de los niños menores de 5 años presenten
desnutrición severa, ahorra mayores comentarios respecto
del negro panorama en el agromexicano, que el neoliberalismo no
sólo se ha negado a atender, sino que incluso ha profundizado
de manera dramática.
En
lo que respecta a los empresarios agrícolas, también
ellos ?si bien en menor medida ya que cuentan con programas de apoyo
técnico y crediticio como la Alianza para el Campo? han sufrido
los efectos de la estrategia neoliberal. Porque tanto la apertura
emprendida desde mediados de los ochenta, como después con
la firma del TLC, el campo mexicano, con una menor productividad,
una gran brecha tecnológica y de recursos naturales y mayores
costos de empaque, transporte y comercialización, son muy
pocos los empresarios que han podido y podrán enfrentar la
competencia externa, a lo que se ha agregado la ausencia de políticas
oportunas y suficientes de fomento agropecuario que hubiesen podido
mejorar sus condiciones competitivas. A ese contexto, además,
se han sumado los problemas de incapacidad de pagos para un gran
número de empresarios.
Respecto
de la incapacidad de la agricultura para cubrir las necesidades
alimentarias nacionales, ni siquiera es concebida como un problema
en la perspectiva neoliberal y que, por el contrario, constituye
uno de los principales retos que debe enfrentar cualquier propuesta
de desarrollo agrícola.
La
apertura y liberalización agrícola, han arrojado un
saldo pavoroso en términos de la capacidad de la economía
nacional para cubrir las necesidades mínimas de alimentación
de la población, a tal punto ?que casi con la sola excepción
del maíz y del frijol? la producción de los principales
cultivos no ha logrado crecer al ritmo del incremento poblacional
y se ha estancado, e incluso ha disminuido en términos absolutos,
en productos como arroz, trigo, ajonjolí, cártamo,
soya, semilla de algodón y sorgo.
En
esas condiciones, la aplicación del neoliberalismo en la
agricultura ha terminado por atentar contra la propia seguridad
nacional, haciendo suyos postulados de libre mercado que para nada
están o han estado presentes en el desarrollo de los países
que se pretende sean espejo de nuestro futuro. Por ejemplo, basta
recordar que en el periodo 1990?1992, los subsidios anuales por
productor fueron de 18,000 dólares en la Comunidad Europea
y de 36,000 en EE.UU., al mismo tiempo que los neoliberales en nuestro
país, convertidos en paladines de la retirada estatal, asignaron
un monto de sólo 1, 100 dólares al año.
Los
ejemplos podrían multiplicarse, y todos apuntarían
a la misma conclusión: una política agropecuaria basada
en la contrarreforma agraria y el abandono del campo a los capitales
privados y al libre mercado, lo que constituye una grave irresponsabilidad
histórica, que no sólo está sumiendo en la
miseria a millones de mexicanos, sino que también está
comprometiendo profundamente nuestra seguridad alimentaria y, con
ello, el ejercicio presente y futuro de la soberanía nacional.
III.
Las organizaciones campesinas
En
México entre las organizaciones campesinas existentes, destacan:
Confederación Nacional Campesina (CNC), fundada en el periodo
de gobierno del general Lázaro Cárdenas formó
parte del Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y después
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la Confederación
Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) que inició
como un desprendimiento de la Confederación de Trabajadores
de México (CTM) y que también terminaría afiliándose
al PRI.
Continúa
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