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Entre las organizaciones campesinas más combativas no afiliadas
en principio al PRI, estaban la Unión General de Obreros
y Campesinos de México (UGOCEM) surgida también de
la división de la Confederación de Trabajadores de
México (CTM), cuando el gobierno interviene y le impone una
dirección reformista y oportunista. La UGOCEM dio batallas
trascendentes en contra del latifundismo y por la aplicación
sin transacciones de la reforma agraria, pues al frente de ella
se encontraban líderes ligados a Vicente Lombardo Toledano
y al Partido Popular, que más tarde se transformaría
en Partido Popular Socialista, pero al igual que sucedió
con la CTM, más tarde el gobierno intervendría, capturaría
su dirección y la afiliaría al PRI, convirtiéndola
en una entelequia.
La
Central Campesina Independiente (CCI), surgió como un instrumento
de lucha del Partido Comunista Mexicano (PCM) después se
dividió y se afilió al PRI, la otra parte se convertiría
poco después en la Central Independiente de Obreros Agrícolas
y Campesinos (CIOAC), que ha disminuido su presencia de manera importante.
En la década de los ochenta y como parte de la estrategia
de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y del grupo tecnocrático
neoliberal para capturar la presidencia de la república,
creó la Unión Nacional de Organizaciones Regionales
Campesinas Autónomas (UNORCA), que siendo sostenida y financiada
por el gobierno, navegaba con bandera de organización independiente
-incluso se autoubicaba como organización de izquierda- colaboró
en mucho para que se pudieran imponer las reformas neoliberales
en materia agraria.
Una
vez que el PRI ha sido desplazado del poder, los dirigentes de las
organizaciones campesinas afiliadas a él, más que
empeñarse en combatir al neoliberalismo y al gobierno antipopular
y proimperialista, están preocupadas por su sobrevivencia,
tratándose de acomodar a la nueva situación política
que les permita mantener sus cotos de poder.
Así
en este momento, las demandas campesinas no rebasan el estrecho
marco de las demandas de carácter económico menor,
por ejemplo, entrega a tiempo del apoyo económico que el
gobierno les hace llegar a través del Procampo, un precio
mínimo para sus productos, apoyos para la comercialización,
entre otras, y algunos débiles reclamos al gobierno para
impedir la importación de granos y otros productos agrícolas.
Por lo tanto tampoco existe una propuesta integral de parte de las
organizaciones campesinas que enfrente al proyecto neoliberal.
En
cuanto a la unidad entre las organizaciones campesinas, ésta
sólo es formal, a través del llamado Congreso Agrario
Permanente que incluye a una veintena, la mayoría con una
presencia marginal en algunas regiones del país y otras sólo
membretes, y que se constituyó a instancias del propio gobierno.
En
cuanto a la unidad del campesinado con la clase obrera no existe,
pues al frente de la mayoría de las organizaciones sindicales
también prevalecen los dirigentes reformistas y oportunistas,
que no tienen ni siquiera una posición de clase frente a
los patrones o el gobierno de derecha.
IV.
Las tareas del campesinado
La
política neoliberal ha afectado al sector agropecuario, forestal
y pesquero, en función de establecer, en el caso del campo,
una agricultura de corte capitalista clásico, sustentado
en la concentración de la tierra, bajo el supuesto de que
el aumento de las economías de escala será el eje
que permita elevar la eficiencia y producción , así
como la aplicación de un criterio darwiniano de sobrevivencia,
similar al desarrollado en materia industrial, que apunta a la prevalencia
del más apto y a la eliminación de aquellos que no
están en condiciones de competir de acuerdo a los estándares
internacionales.
Ante
las nuevas tendencias que se vienen desplegando, y que están
rediseñando el escenario productivo nacional, una propuesta
progresista para el campo mexicano debe basarse en una estrategia
integral, donde el problema principal por definir sea lo que se
pretende del campo, para sobre esa premisa, diseñar un proyecto
global de desarrollo agropecuario, que incluya el tipo de productor
y el tipo de tenencia de la tierra requeridos para cada aspecto
concreto del problema.
Desde
esta perspectiva, al ser la estrategia sectorial parte de una propuesta
más amplia, de un proyecto total incluyente, el objetivo
principal de la política agropecuaria debe ser el garantizar
la Seguridad Alimentarla de todos los mexicanos, entendiendo por
seguridad alimentaria, de acuerdo a la definición de la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO): "el
acceso sostenido y asegurado a los alimentos por todos los grupos
sociales y por individuos, en cantidad y calidad adecuada para satisfacer
sus requerimientos nutricionales y llevar una vida activa".
La
Seguridad Alimentaría debe basarse antes que nada en la Autosuficiencia
Alimentaria, ya que la posibilidad de contar con los alimentos exige
crear las condiciones para producir internamente aquellos que son
más necesarios; este principio, ha estado presente desde
siempre en las estrategias de ejercicio de la soberanía de
la mayor parte de los países hoy desarrollados. Así,
la seguridad alimentaría mexicana debe tender a crear la
capacidad para producir, almacenar y distribuir los alimentos suficientes
para satisfacer los requerimientos básicos de la población
en dicha materia.
Para
ello es indispensable regresar el Artículo 27 Constitucional
a la esencia de su contenido anterior, el que tenía antes
de las reformas reaccionarias impulsadas por el salinismo, y corregir
también las reformas negativas introducidas por el gobierno
de Miguel Alemán en la década de los cincuentas, para
poder realizar una reforma agraria profunda que deje atrás
la agricultura de tipo capitalista dependiente y que, en contrapartida,
se desarrolle en base al ejido, a las comunidades y a la necesaria
asociación de uno y otras con el Estado, para crear las empresas
agroindustriales que pueden contribuir a mejorar las condiciones
de vida de los campesinos y a fortalecer el mercado interno.
El
país requiere un programa de fomento agropecuario que, mediante
una planeación de corto, mediano y largo plazo, atienda la
infraestructura rural, impulse la investigación científico?técnica,
fomente el extensionismo, establezca condiciones preferenciales
de crédito barato y oportuno, proporcione el aseguramiento
para el campo, facilite el acceso a los insumos tecnológicos,
mediante el establecimiento de empresas nacionales que los produzcan,
regule los mercados estabilizando los precios de los mismos, y otorgue
a los productores márgenes de rentabilidad que les permitan
capitalizarse y tecnificarse.
De
este postulado, que parte de ubicar las necesidades colectivas para
diseñar luego los instrumentos más adecuados y las
metas y objetivos de corto, mediano y largo plazo que es necesario
alcanzar, es que surge la necesidad de aplicar un Programa Inmediato
de Rescate del Campo y de Consecución de la Seguridad Alimentarla,
el cual contiene un conjunto de propuestas, algunas de las cuales
describimos a continuación.
En
primer lugar, el Programa se plantea la derogación de la
Ley Agraria de febrero de 1992, así como de las reformas
mencionadas al artículo 27 constitucional. Dicha ley, que
propicia las condiciones para una concentración indiscriminada
de la tierra, representa en el fondo, como ya se ha señalado,
una verdadera contrarrevolución, que rompe violentamente
con el pacto social establecido en el México posrevolucionario.
De
la misma manera, deberá promulgarse una nueva Ley Agraria,
en la que el beneficiario no sea el capital agroindustrial y agrocomercial
transnacional, ni los grandes agricultores y ganaderos nacionales,
sino los más de 3 millones de familias campesinas que logren
una mejora sustancial en sus ingresos, así como el conjunto
de la sociedad, que pueda gozar de un nivel de consumo indispensable
que permita una adecuada nutrición.
Algunos
de los principales apartados que dicha ley debe contemplar, se refieren
a la extensión que tendrá la propiedad privada y la
parcela ejidal. Al respecto se debe reducir el tamaño máximo
de la propiedad privada, que es en la actualidad de 100 Has. de
riego o su equivalente, así como en el de ampliar los límites
de la parcela ejidal, en la actualidad con un máximo de 10
Has. de riego asignadas a cada productor.
Respecto
al ejido, se debe establecer una superficie que, además de
permitir a los productores del campo un nivel de vida digno, les
posibilite explotar una extensión que facilite la incorporación
de la tecnología y el equipo agrícola que sea más
apropiado.
En
segundo lugar, es indispensable iniciar a la brevedad una modificación
de la manera en que se encuentra distribuida la tierra, puesto que
ésta sigue estando sumamente concentrada. Para ello, primero
debe repartirse toda la tierra que excede los límites legales,
como componente de un nuevo reparto agrario en el que se revisen
los certificados de inafectabilidad existentes en busca de latifundios
escondidos.
En
tal sentido, basta mencionar que, según datos del INEGI,
el 57.9% de las unidades de producción menores de 5 hectáreas
concentran el 4.6% de la superficie cultivable, en tanto que el
2.5% de las unidades de producción que tienen más
de 100 hectáreas concentran el 72.2 %, de la superficie de
labor. Así también, en la repartición de la
tierra legalmente afectable debe dejarse de lado el tortuguismo
que ha caracterizado tradicionalmente a las instancias jurídicas
responsables de la impartición de la justicia en el agro.
Un
tercer punto, tiene que ver con la necesidad de impulsar de .manera
inmediata la creación de una serie de empresas nacionales
dedicadas al servicio y promoción del sector agrícola.
Dichas empresas, tendrán como función el producir
semillas, fertilizantes y el conjunto de insumos necesarios, que
en complemento con el otorgamiento de crédito oportuno y
suficiente y el apoyo de un sistema nacional de abasto ágil
y descentralizado, permitan el rescate y la eficaz promoción
del agro mexicano, así como el avance hacia el logro de la
autosuficiencia alimentaría.
Un
cuarto punto será el fijar precios de garantía para
los productos que se definan como fundamentales dentro de la estrategia
de la búsqueda de una soberanía y autosuficiencia
alimentarías.
Se
debe promover que los precios de garantía guarden una adecuada
relación con los costos de producción, y que el establecimiento
de dichos precios permita reorientar los cultivos en función
de los intereses nacionales, evitando con ello que el rumbo de la
producción agrícola nacional se fije de acuerdo a
las necesidades del mercado mundial de materias primas y alimentos,
y que quede por tanto sujeto a los vaivenes de ese mercado y a los
intereses que en él predominan.
De
igual forma, al producirse internamente los bienes que la sociedad
necesita, se avanzará en el objetivo de sustituir importaciones
y disminuir con ello la presión sobre el monto disponible
de divisas. Lo anterior no implica dejar de producir para la exportación,
pero lo cierto es que dicha exportación deberá abarcar
sobre todo productos tropicales y hortalizas, así como algunos
granos forrajeros y oleaginosas, cuidando que las áreas cultivables
destinadas a estos productos no sustituyan ?o sólo lo hagan
en la medida necesaria? a aquellas orientadas a la producción
de los alimentos contemplados como parte del logro de la seguridad
alimentaria nacional.
Un
quinto punto tiene que ver con la necesaria aplicación de
la ganadería intensiva, que permita destinar mayores cantidades
de tierra a las labores agrícolas, modernizar la actividad
ganadera, fortalecer el mercado interno a partir del incremento
de la productividad y que se estimule la participación ejidal
en esta actividad, a partir de una creciente inversión del
Estado en los ejidos que tienen potencial pecuario.
El sexto punto es el relativo a la silvicultura que requiere modernizarse.
Y ya que la mayoría de los bosques y selvas de nuestro país
se encuentran en zonas ejidales y comunales, se hace necesario llevar
a estas zonas los recursos económicos y técnicos necesarios
para realizar una intensa campaña de forestación y
reforestación; construir los aserraderos necesarios; acabar
con las concesiones a particulares, que propician su explotación
irracional; castigar severamente la tala inmoderada y clandestina,
y ampliar el número de especies en explotación.
Para impulsar y vigilar el cumplimiento del conjunto de medidas
contenidas en este Programa para el agro, así como para definir
y promover los objetivos y metas a cumplir, es necesaria una activa
y eficiente participación del Estado.
Se
necesita un Estado planificador que ubique puntualmente los requerimientos
nutricionales mínimos, mediante la definición de un
Indice Nutricional, y proyecte las metas que es necesario cumplir
?empezando por los granos básicos? así como las inversiones
que hay que destinar a dicho propósito.
El
apoyo estatal al campo en general, y en particular a aquellos productos
considerados prioritarios en la dieta nacional, deberá ser
integral, contemplando para ello acciones como las siguientes:
? La canalización de subsidios, la prestación de asistencia
técnica, y la dotación de los insumos necesarios y
a buen precio. Todos estos apoyos deberán aplicarse de manera
discriminatoria, buscando favorecer a ciertas regiones específicas,
a determinados productos en lo particular y a un tipo preciso de
productores. En tal sentido, y además de cumplir con el objetivo
de lograr la autosuficiencia alimentaría, los subsidios destinados
al campo deben servir también para apoyar la economía
de la población rural; fortalecer los municipios ubicados
en dicho medio?, reducir los profundos rezagos y el grave deterioro
social existente en el agro mexicano; y permitir la atenuación
de los desequilibrios e inequidades existentes entre el campo y
la ciudad.
?
La creación de infraestructura agrícola, como el desarrollo
de presas, obras de regadío y bodegas, así como de
medios de distribución y comercialización eficientes
y seguros, que permitan la eliminación de intermediarios
y acaparadores. Es importante tener presente la posibilidad de integrar
a los productores agrícolas a las actividades de comercialización
y de transporte, así como el disponer de la mano de obra
rural en la creación de la infraestructura señalada.
El conjunto de estas medidas, permitirá lograr un mejoramiento
en los niveles de ingreso de las familias campesinas, al hacer posible
que el excedente económico generado sea retenido en el agro.
Si
bien algunas de las obras que se necesitan requieren de inversiones
importantes debido al descuido y abandono en que se han visto sumidos
los activos agrícolas por las políticas neoliberales,
y por lo cual existe un deterioro acumulado, lo cierto es que la
producción en el campo se puede aumentar de manera significativa
con la simple difusión de mejores técnicas, que han
probado en todo el mundo ser soluciones posibles y baratas. Así
por ejemplo, algunas de las medidas inmediatas a tomar serían:
- La
utilización de semillas mejoradas como práctica
permanente.
- La
rotación de cultivos, como parte de las tecnologías
que todavía no se adoptan en la mayoría del campo
mexicano.
- La
utilización de la tracción mecánica.
- El
establecimiento de pozos y canales de riego, que permitan realizar
dos cosechas al año en los sitios en que ello sea posible.
- La
difusión de técnicas de cosecha y recolección,
que evitan la merma en el producto y permiten mejorar su calidad.
En
resumen, una buena parte de las modificaciones productivas inmediatas
que se necesitan son relativamente económicas y fáciles
de aplicar, así como es corto el tiempo para que esas técnicas
puedan adoptarse por parte de los productores. Tengamos en cuenta
que, además de perseguir la ampliación de la producción
agrícola, lo sustancial consiste en el aprovechamiento al
máximo de la tierra a través de la elevación
de los rendimientos, y es precisamente en las zonas de temporal
donde hay mayores posibilidades en materia de incremento de la producción,
siendo también por cierto en dichas zonas, en donde habita
la mayor parte de la población dedicada a las actividades
agrícolas en México.
En
lo que se refiere a la posible extensión de la frontera agrícola,
y además de los avances que se den en la repartición
de la tierra legalmente afectable, es necesario realizar un cambio
en el uso del suelo, de la ganadería extensiva a la producción
agrícola de bienes básicos. La propuesta después
de todo, consiste en poder lograr más rendimientos en una
mayor extensión cosechada, sobre la base de una mejor aplicación
de técnicas sencillas y económicamente viables.
Por
lo que se refiere al uso y difusión de las nuevas tecnologías,
deberá buscarse que éstas no sean depredadores de
los recursos naturales para poder avanzar en el cuidado del medio
ambiente. Restringir el uso o prohibir la utilización de
pesticidas, plaguicidas y todo tipo de agroquímicos tóxicos,
eliminados ya en los países desarrollados, debe ser un aspecto
de la mayor importancia en el marco de una política de cuidado
ambiental. De la misma manera, esa política deberá
asegurar la preservación y recuperación de los suelos
y mantos friáticos, severamente dañados por la acción
indiscriminada ejercida sobre ellos.
En lo que hace a la articulación de la estrategia de desarrollo
agropecuario con el resto de las políticas sectoriales, y
en particular con la política industrial, se debe procurar
ubicar a la actividad agropecuaria como importante generadora de
materias primas e insumos para la industria y, a su vez, como destinataria
de una buena parte de la producción de determinadas ramas
industriales. Ello con el propósito de tener acceso a un
desarrollo nacional sustentado fundamentalmente en el mercado interno.
En
esta propuesta es necesaria una nueva forma de entender al productor
rural, en la que quede superada la visión asistencialista
promovida por el Procampo y en la que los campesinos sean quienes
realmente decidan sobre sus formas de organización.
A
manera de resumen, esta propuesta se sustenta en la búsqueda
de la seguridad alimentaria, y sobretodo de la autosuficiencia alimentaria,
teniendo como motor de crecimiento de la actividad agropecuaria
al mercado interno y no al mercado externo.
En
la aplicación de esta propuesta para el campo, esta claro
que se deben incluir criterios de carácter extra?económico,
es decir, que vayan más allá de la lógica de
la acumulación del capital y la maximización de las
ganancias. En ese marco, adquieren relevancia objetivos como los
de "seguridad nacional" y "soberanía alimentaria"
que permitan que nuestro pueblo pueda autoabastecerse de los productos
básicos indispensables, sin tener que negociar en los distintos
foros internacionales con hambre y siendo víctimas del chantaje
de las grandes potencias desarrolladas.
A
lo anterior, cabría agregar la viabilidad social de la estrategia
agropecuaria que se propone, en contraposición con la propuesta
neoliberal de concentración de la tierra y apertura del agro
al exterior, que propicia el éxodo de buena parte de las
familias campesinas que laboran la tierra, las cuales, al no poder
ser absorbidas por la ciudad, terminarían generando una situación
de tensión social con consecuencias imprevisibles.
Esta
propuesta además reconoce en el campo al sector más
deprimido y golpeado, no sólo por la política neoliberal
sino por añejas prácticas ?que aún se mantienen?
de corrupción y pillaje. La alternativa a la población
rural debe estar en el campo, procurando el establecimiento y consolidación
de una estrategia que permita el arraigo campesino e indígena
en sus comunidades y evitando que tengan que emigrar a las ciudades
o al extranjero ante la falta de oportunidades.
Para
garantizar el derecho al arraigo debe impulsarse una política
integral en el ámbito rural, que contemple la prestación
de servicios básicos como el agua potable y el drenaje, así
como el efectivo derecho a la educación y a la salud sin
tener que desplazarse de sus comunidades.
Además esta estrategia, pretende el impulso de las pequeñas
y medianas empresas rurales, como instancias generadoras de empleo
e ingresos, por sobre la estrategia de concentración de la
tierra que, todo apunta a ello, será también gran
concentradora del ingreso.
El
modelo propuesto es el que México necesita de acuerdo a su
abundante mano de obra, en contraposición al proyecto concentrador
de la tierra impulsado por el neoliberalismo, que es propio para
la dimensión territorial y las características específicas
de los EE.UU., pero no para nuestro país. Los fundamentos
económicos mismos, dan la razón a la necesidad de
una estrategia para el agro, ejemplos como el de Japón, Holanda
y Bélgica, por citar sólo algunos casos de países
con mucho menor frontera agrícola que la nuestra, pero con
elevadísimos índices de productividad, nos están
mostrando que es posible avanzar en la implantación de una
política de seguridad alimentaria sin que ello deba lograrse,
necesariamente por medio de grandes extensiones de tierras, en desmedro
de la capacidad exportadora y copiando mecánicamente el modelo
de desarrollo agrícola norteamericano.
Acelerar
el cambio tecnológico al tiempo de asegurar la generación
de productos básicos, es una necesidad urgente. La autosuficiencia
alimentaria es factible. A todo lo anterior se hace necesario agregar
el otro aspecto vinculado a nuestra autosuficiencia alimentaria
y que ha sido el de un sector que tradicionalmente no ha contado
con el necesario apoyo e impulso: la pesca. Se hace necesario que
la flota mayor crezca, en lugar de disminuir como ha sucedido en
todos estos años de neoliberalismo, además del grave
deterioro y obsolescencia que la caracteriza.
A
la pesca también se hace necesario aportarle importantes
recursos para combatir la contaminación y deterioro del ambiente
marino y en general de las aguas que se ha agudizado por la falta
de controles y regulaciones; para impulsar el adecuado aprovechamiento
de las especies, ya que unas están sobreexplotadas y otras
no se capturan en toda su potencialidad; para desarrollar la infraestructura
pesquera; para modernizar e incrementar la flota; para impulsar
la investigación científica y tecnológica de
la rama; y para de esa manera convertir a la pesca en un factor
más que contribuya a la alimentación popular y al
fortalecimiento del mercado interno.
¿V.
¿Cómo puede cumplir el campesinado con estas tareas?
La
posibilidad de que los campesinos y sus organizaciones puedan llevar
a cabo las tareas planteadas tiene que ver con la obligada e inmediata
necesidad de avanzar en una verdadera independencia respecto de
los partidos políticos y del gobierno así como de
establecer una verdadera vida democrática en las organizaciones
rurales. Porque en buena medida el atraso en que se encuentra el
agro y muchos de los problemas que aquejan al campo y a los campesinos
tienen su explicación en la utilización política
del campesinado durante décadas ?que se profundizó
en el neoliberalismo por medio del Programa Nacional de Solidaridad
(Pronasol), y ahora con el Procampo?. El campesino ha sido botín
político de un proyecto sustentado en una visión patrimonialista
y corporativa, que se mueve con métodos caciquiles de imposición
y de cooptación clientelar, y que ha actuado en desmedro
del respeto a las formas de organización campesinas e indígenas
así como de sus mecanismos de toma de decisiones.
Sin
embargo, las resistencias que enfrenta esta propuesta no son menores;
se trata en el fondo de afectar las relaciones caciquiles y de transformar
de raíz las relaciones sociales en el campo. Es necesario
por tanto contar con una amplia base popular de apoyo que defienda
este proyecto. Parte de esa base social se ha ido conformando por
los propios campesinos desplazados, que han sido obligados a vender
sus parcelas; otra parte está integrada por aquellos productores
que están siendo ahogados por la banca y que no tienen más
recursos que declararse en suspensión de pagos; y, en tercer
lugar, las comunidades indígenas que además de la
marginación económica han visto violentadas sus formas
de vida y organización, son con seguridad otro de los componentes
de esa fuerza emergente.
Por
principio de cuentas, el campesinado junto con la clase obrera debe
movilizarse en torno a un Plan Nacional de carácter popular,
patriótico, antiimperialista, es decir, además de
las demandas de carácter económico, el campesinado
debe entrar de lleno a la lucha política, enarbolando no
sólo demandas que tengan que ver con la solución de
los problemas que nuestro país enfrenta, sino por el establecimiento
de un gobierno totalmente distinto a los que han encabezado los
neoliberales. Un gobierno unilateral, que sirva sólo a los
intereses del pueblo y de la nación mexicana.
El
campesinado debe entender que la contradicción fundamental
que se da en este momento es entre el imperialismo y los intereses
nacionales y que tienen su expresión concreta en el endeudamiento
externo, en el Tratado de Libre Comercio, en el Plan Puebla Panamá
y el la ambición del imperio por imponer el Area de Libre
Comercio de la Américas y que no puede luchar de manera efectiva
por la solución de sus problemas, si no se moviliza contra
esta nuevas formas de saqueo y dominación.
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