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Los actos terroristas
del 11 de septiembre en Nueva York y Washington arrebataron la vida
a numerosas víctimas inocentes, en su gran mayoría
miembros de la clase trabajadora, inclusive connacionales mexicanos.
Luego de esos hechos penosos y condenables, el gobierno de Estados
Unidos ha venido asumiendo una conducta que nos preocupa, y que
no puede sino causar alarma a todos los hombres y mujeres del mundo,
amantes de la paz, la justicia y la cordial convivencia humana.
Ese
gobierno, lejos de cumplir con su deber de investigar con objetividad
los hechos y señalar en su momento a quienes resultaran responsables,
sobre la base de evidencias serias, y proceder a sancionarlos conforme
a las normas jurídicas vigentes, lo que ha hecho es lanzarse
a una febril campaña de declaraciones ligeras, sin sustento,
generadoras de una histeria chauvinista y llenas de amenazas contra
la paz del mundo, las normas del derecho internacional e incluso
contra las libertades y los derechos del propio pueblo de Estados
Unidos, que traen a la memoria los graves excesos que se cometieron
en los peores momentos de la negra época del macartismo.
Una
investigación objetiva, a la que están obligadas las
autoridades de cualquier país donde ocurra algo semejante,
en modo alguno puede dejar de lado a las fuerzas de la ultraderecha
interna de ese país, mucho menos en el caso de Estados Unidos,
donde esa corriente ya ha dado numerosas pruebas de su ferocidad
y carencia de ética. Tampoco puede soslayar el hecho de que
atentados de la magnitud de los que se cometieron, difícilmente
podrían haber ocurrido sin que hubiera la complicidad, si
no es que la autoría directa, de quienes tienen a su cargo
la vigilancia y la seguridad pública, máxime en un
caso como éste, donde esas fuerzas cuentan con recursos de
enorme cuantía y sofisticación. El gobierno de Estados
Unidos, por el contrario, desvía la atención de esos
sospechosos que deberían ser considerados los principales.
Véase
quiénes han salido beneficiados con los atentados terroristas.
Véase cuál línea de intereses ha predominado
en cuanto a la crisis económica que ese país venía
enfrentando, y sus posibles salidas. Han logrado sus objetivos quienes
ya desde antes del 11 de septiembre exigían militarizar la
economía, lo que, declaraban, era la única solución.
Nos referimos al entramado de intereses que es conocido como el
complejo militar-industrial, esos mercaderes de la muerte, que lucran
y se benefician con la sangre de los pueblos; ellos han sido los
principales beneficiarios.
En
segundo lugar, también se han beneficiado los consorcios
petroleros; éstos ganan, en el corto plazo, con la especulación
de los precios del energético; y además, al detonar
el conflicto en gran escala, se abren paso hacia el control de zonas
del mundo que cuentan con yacimientos de gran riqueza.
En
tercer lugar, la tenebrosa Agencia Central de Inteligencia, autora
de tantos crímenes atroces de lesa humanidad, que logra recursos
de gran cuantía y espacios para moverse en medio de la impunidad.
El propio Osama Bin Laden, personaje al que han inculpado sin que
hasta hoy ofrezcan evidencias, no es ajeno a la Agencia Central
de Inteligencia y sus políticas conspirativas; es producto
suyo. Y aun cuando hoy hayan dejado de llamarle, como hace tres
lustros, "luchador por la libertad y la democracia", ¿quién
puede asegurar que no se conservan los vasos comunicantes entre
la CIA y elementos del grupo terrorista construido con el apoyo
de esa agencia? Bien pudo ser una acción concertada o inducida
desde las más influyentes esferas de Washington, planeada
con el fin de desatar una ola de histeria y legitimar propósitos
bélicos e intervensionistas largamente acariciados. Y la
conducta que sigue el gobierno no hace sino aportar elementos de
juicio que apuntan en esa dirección. Por otra parte, no sería
la primera vez que el gobierno de Estados Unidos recurre a maniobras
tortuosas y criminales de ese tipo. La historia está plagada
de antecedentes.
En
todo caso, las exaltadas declaraciones bélicas, la conducta
de hacer a un lado a la Organización de las Naciones Unidas;
las manifestaciones de que existe la voluntad de ir a una "guerra
prolongada"; de recurrir a "acciones encubiertas";
de atropellar las normas del derecho internacional de modo franco;
de "tomar represalias" por propia mano; las peticiones
de "amplios poderes" para actuar más allá
de las normas del derecho y atropellar las garantías democráticas
constitucionales de los propios norteamericanos, conductas en que
ha incurrido el gobierno de Estados Unidos, no pueden merecer sino
una condena enérgica por parte de todos los humanos civilizados.
Una declaración, como la que hizo el presidente Bush, de
que "quien no está con nosotros está con el terrorismo",
tiende a intimidar, a coartar la libertad de los Estados de decidir
su política exterior con apego a su soberanía, y constituye
además un atropello a la lógica, aun a la más
elemental: ¿cómo distinguir entre uno y otro extremo
del planteamiento, que vistas las cosas con objetividad, vienen
a ser lo mismo, apenas con diferencia de grado, tal vez? ¿Cómo
distinguir entre un terrorismo sin rostro, según permanece
hasta hoy el que golpeó a Nueva York y Washington, y el terrorismo
más criminal y destructivo de la historia, que tiene rostro
y nombre y es el terrorismo de Estado de los gobiernos de la potencia
imperialista del norte? ¿Cómo pueden los hombres y
las mujeres honrados, los gobiernos honestos, tomar partido entre
uno u otro?
En
este marco, el Partido Popular Socialista de México reitera
su rechazo enérgico y decidido a toda forma de terrorismo,
venga de donde venga, porque, como ya lo ha dicho, ocasiona la pérdida
de vidas inocentes, y se trata de una práctica que es incompatible
con los anhelos de los pueblos del mundo de construir una convivencia
superior basada en los principios del humanismo más acendrado.
Denuncia que el gobierno de Estados Unidos recurre, una vez más
en este caso, a la conducta tortuosa que le ha ganado el muy merecido
desprestigio que hoy tiene entre todos los pueblos del mundo, y
utilice los lamentables sucesos para promover una nueva escalada
de terrorismo, guerra y muerte, en nombre de la libertad, la democracia
y la justicia, elevados valores que nada tienen que ver con ese
comportamiento.
Al
gobierno de México, le expresa que en modo alguno puede hablar
de "apoyar incondicionalmente" esa política belicosa,
prepotente y contraria al derecho, de su homólogo del norte,
como lo acaba de declarar el presidente Fox. Porque cuando así
lo hace, viola la Ley Suprema de los mexicanos, la Constitución
de la República que protestó cumplir y hacer cumplir
y que le ordena de modo expreso que, en la conducción de
la política exterior, observe los principios de "...
solución pacífica de controversias; la proscripción
de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales;
la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación
internacional para el desarrollo, y la lucha por la paz y la seguridad
internacionales". Y porque esa conducta del presidente y la
que ha asumido la cancillería ofende la memoria histórica
de los mexicanos, que tantas veces hemos sido víctimas de
la agresión y el injerencismo de las grandes potencias del
mundo, sobre todo de Estados Unidos, más que ninguna otra
a lo largo de la historia. No podemos aceptar, en modo alguno, una
actitud lacayuna y entreguista como la que viene asumiendo el Ejecutivo.
Una actitud así no se veía en nuestro país
desde los tiempos de Antonio López de Santa Anna, a quien
la Historia ya ha juzgado en los duros términos que se merece.
Ciudad
de México, D.F., 27 de septiembre de 2001
LA
DIRECCION NACIONAL
Cuauhtémoc
Amezcua Dromundo
Secretario General
Belisario
Aguilar Olvera, Juan Campos Vega, Luis Miranda Reséndiz,
Humberto Pliego Arenas, José Santos Cervantes, Martín
Tavira Urióstegui, Jorge Tovar Montañez, José
Santos Urbina Mendoza
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