El Comité Central del Partido Popular Socialista de México expresa su enérgica condena al brutal golpe de Estado que fuerzas castrenses impulsadas por la ultraderecha pretenden consumar en contra del pueblo, la Constitución y los Poderes democráticamente constituidos en la República Bolivariana de Venezuela.

Se dirige a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al Senado de la República, con la petición de que se dirijan de inmediato a todas las instancias y foros internacionales idóneos en denuncia de las acciones ilegales con las que, por medio de la fuerza, se pretende bañar en sangre al pueblo venezolano, con el fin de impedirle el ejercicio de su derecho a la autodeterminación. Los diputados a la Asamblea Nacional están perseguidos, privados de todos sus derechos por medio de la fuerza.

A todos los partidos miembros del Foro de Sao Paulo, a todos los partidos integrantes de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, COPPPAL, solicitándoles atentamente se pronuncien al respecto con toda la energía y prontitud que el caso demanda. Una vez más la vieja, trágica historia se repite en nuestra región. Altos jefes del ejército voltean las armas en contra de las instituciones que juraron defender. Y en contra de su pueblo.

El golpe de Estado contra el gobierno de Hugo Chávez trae a la memoria otros, igualmente brutales, como el que derrocó y asesinó al presidente Salvador Allende en Chile, Héroe de Nuestra América, y el que derrocó y asesinó a Francisco I. Madero en México, orquestado, por cierto, en la embajada de Estados Unidos, según da testimonio la historia. Tampoco en esto hay nada nuevo. Y tantos más, en todos nuestros países podemos dar cuenta de hechos semejantes.

El presidente Hugo Chávez no ha renunciado ni ha salido del país. Fue privado de la libertad por militares desleales. Fue impedido por la fuerza de seguir cumpliendo con el mandato que le dio y le ratificó el pueblo venezolano en las urnas. Se le ha impedido que se exprese. Su vida corre peligro. Se ha impedido que el vicepresidente Diosdado Cabello, asuma la titularidad del Ejecutivo, según lo dispone la Constitución, en caso de ausencia o incapacidad del presidente. Se ha impuesto como supuesto "presidente provisional" a un individuo de la ultraderecha empresarial, que formó parte activa de la conspiración contra la legalidad, al margen de la Asamblea Nacional, instancia ante la cual debería, en todo caso, rendir protesta. A los integrantes de la Asamblea Nacional se les persigue. Se ha destituido a los magistrados del Tribunal Superior. Sin excepción, todas las instancias constitucionales están siendo atropelladas. La fuerza pública reprime al pueblo. Se le impide la libertad de expresión, de manifestación. Se quiere impedir que salga a la calle a defender la legalidad, como lo está haciendo, sin embargo. El peligro de una masacre es enorme.

Ya desde los primeros muertos fueron personas del pueblo que se manifestaban en defensa de Chávez. Sus vidas segadas, en el colmo del descaro, fueron usadas como pretexto para tratar de justificar el golpe. Los francotiradores, en efecto, fueron apostados por la conspiración. Es urgente detener la amenaza y revertir los hechos. Detener la ilegalidad y salvaguardar el derecho del hermano pueblo de Venezuela a la autodeterminación.

Ciudad de México, 13 de abril de 2002.
Por el Comité Central,
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo,
Secretario General.

1. El presente llamamiento fue emitido por la mañana del 13 de abril, cuando el presidente Chávez estaba privado de la libertad, los otros poderes del Estado habían sido declarados disueltos y las fuerzas golpistas desataban el terror y la persecución contra los diputados a la Asamblea Nacional, los ministros del gobierno legítimo, los cuadros políticos chavistas y contra el pueblo en general; sin embargo la movilización popular ya se había iniciado.